Liberan a los policías acusados por la desaparición de Solano
El jornalero de 26 años fue visto por última vez en Choele Choel, rodeado de policías. La familia cree que fue asesinado por su protagonismo en un reclamo salarial a favor de los jornaleros. La causa tiene 22 imputados. Siete policías sospechados del crimen pasaron tres años detenidos, a la espera del juicio. El lunes fueron liberados. El padre de Daniel inició una huelga de hambre.
Hace tres años y seis meses que Gualberto Solano, miembro de la comunidad guaraní de Misión Cherenta, en Salta, dejó su tierra. Viajó 2400 kilómetros hasta Río Negro y no fue para buscar trabajo en la cosecha de manzana, como hacen cientos de trabajadores golondrina, sino para buscar a su hijo Daniel, desaparecido desde noviembre de 2011. El jornalero de 26 años fue visto por última vez la madrugada del 5 de noviembre rodeado de policías, en la puerta de un boliche de Choele Choel. La causa tiene 22 imputados y la familia pide avanzar sobre la complicidad judicial y empresarial. Hasta el lunes, siete de ellos estaban detenidos, pero el juez del caso, Julio Martínez Vivot, dispuso terminar con la prisión preventiva y los liberó, mientras esperan el juicio oral.
Cuando Gualberto se enteró de la noticia, pidió una sola cosa: un ataúd.
“Gualberto llegó al límite de la tolerancia. Se va a encadenar en tribunales. Hará su segunda huelga de hambre en tres años. Lo único que me pidió es que le compre un ataúd y se lo ponga al lado hasta que esto termine”, dijo a Infojus Noticias el abogado salteño que acompaña Solano en la causa, Sergio Heredia. En Choele Choel el frio es inclemente. Mientras Gualberto comienza su huelga, hay 8 grados bajo cero.
Ayer Heredia apeló el fallo del juez. Para el abogado, los policías conformaban “un equipo de sicarios enviados para matar a Daniel”. El móvil del crimen sería el protagonismo de Daniel en un reclamo salarial de los trabajadores golondrinas. Los efectivos liberados son Sandro Berthe, Juan Barrera, Pablo Bender, Diego Cuello, Andrés Albarrán, Diego Quidel y Héctor Martínez. Pasaron tres años encarcelados.
En este momento el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro debate si la causa –que tiene más de 40 cuerpos y 400 testigos– es de competencia federal o provincial. El juez Vivot derivó el caso a la Justicia Federal, afirmando que se estaba ante el delito de "desaparición forzada de persona". Para la querella, se trata de un homicidio. La medida de Vivot fue revocada por la Cámara Tercera de General Roca, que declaró la competencia provincial y ordenó la urgente realización del juicio. Sin embargo, esa medida fue recurrida por la fiscal de Cámara Laura Pérez. La última palabra la tendrá el Tribunal superior de Justicia.
Curiosidades y un testigo
“Lo curioso es que el juez los imputó por desaparición forzada, un delito federal, imprescriptible, que en rigor se sigue cometiendo, pero ordenó su libertad basándose en el Código Penal provincial que prevé un máximo de tres años de preventiva”, aclaró Heredia. Él también abandonó Salta hace tres años y se instaló en un cuarto de la capilla de Choele Choel, para investigar el caso.
Heredia sostiene que Daniel fue asesinado por encargo de la empresa Agrocosecha Argentina SRL, que tercerizaba el servicio a Expofrut. Daniel había llegado en octubre de ese año desde Tartagal, para trabajar en las plantaciones de manzana del Valle Medio, en la localidad de Lamarque. Viajó en “El Tucumanito”, una empresa de transportes “trucha”, junto a otros indígenas de la Misión Cherenta, convocados por dos punteros de la zona. Solano ya había estado antes trabajando en Lamarque. Conocía la zona.
Según la causa la empresa Agrocosecha Argentina SRL se quedaba con gran parte del sueldo de los jornaleros y les sacaban la documentación, para desactivar cualquier reclamo. El 4 de noviembre Daniel cobró parte de su sueldo. Era la mitad de lo prometido, por eso hizo un reclamo. Era viernes y, de todos modos, a la noche fue al boliche Macuba en la localidad de Choele Choel, a pasarla bien.
“Este grupo de policías montó un operativo para ir a buscarlo. Lo sacaron a los golpes y lo mataron”, sostiene Heredia. Basado en la declaración de un testigo de identidad reservada, Heredia afirma que los uniformados llevaron a Daniel hasta la Isla 22. “Pe pegaron hasta dejarlo moribundo. El testigo cuenta que llamaron a un médico de apellido Vaira. Él lo revisó y les dijo que estaba agonizando, que había que matarlo”, explicó a esta agencia. Según el abogado, el testigo declaró: “Ahí mismo le pegaron un tiro en la cabeza con un rifle calibre 22. Ese rifle era mío”.
El pozo
“También sabemos dónde fue tirado el cuerpo de Daniel –asegura Heredia– Está en un jagüel (un pozo) de 80 metros de profundidad, ubicado a 22 kilómetros del pueblo, en un campo llamado La Manuela”. El abogado denuncia que existe una red de complicidades, entre empresarios y autoridades judiciales, que busca evitar el avance del caso. Menciona como ejemplo, la negativa judicial para inspeccionar el fondo del pozo.
Ayer, además de pedir que se revea la libertad concedida a los imputados, Heredia solicitó la incorporación a la causa del geólogo y perito judicial salteño, Walter Ovejero, para inspeccionar el pozo. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se comprometió a abonar los pasajes.
En Choele Choel muchas personas abrazaron la lucha de Gualberto Solano y Sergio Heredía. Denuncian la complicidad de los estamentos del poder. En los últimos tres años la empresa Agrocosecha cambió de nombre tres veces. El último es Servicios Agrarios S.A. Con ese sello, hace unas semanas se declaró en concurso y abandonó la zona. “Se fugaron de acá porque sabían que los vamos meter presos”, dijo Heredia.
WC/PW
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