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El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, entregó hoy 104 legajos de los Consejos de Guerra de la dictadura de Juan Carlos Onganía que les realizaron a los luchadores populares que encabezaron esa protesta el 29 de mayo de 1969. "Son los expedientes de los consejos de guerra, que se instruyeron por el código de justicia militar en el marco del Consufa. Usaron los tribunales militares para juzgar a sindicalistas y militantes, violando las leyes para el procesamiento de civiles, se violó el derecho a ser juzgados por su juez natural. Fueron juzgados y encarcelados ilegalmente. Ese Poder Ejecutivo no tenía la facultad para ordenar esos procesos y menos contra los que luchaban contra dictaduras. Y es importante que el estado lo reconozca", explicó Fresneda a Infojus Noticias, que presenta en exclusiva parte de esos expedientes.

 “Instigación pública” y “rebelión”. Esos son los cargos que levantó el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (Cosufa) contra Agustín Tosco, condenado a ocho años y tres meses de prisión; y a Tomás Di Toffino, secretario adjunto de Luz y Fuerza, que debía purgar cuatro años tras las rejas. Era la forma de golpear sobre la cabeza de la conducción del sindicato Luz y Fuerza, uno de los gremios que, junto al sindicato de mecánicos (SMATA) y a los choferes de la UTA, acicateó el Cordobazo.

Tras esa protesta, que comenzó como una huelga con movilización y estalló en una revuelta que mantuvo ocupada por casi dos días la ciudad de Córdoba, la dictadura de Juan Carlos Onganía detuvo a varios dirigentes políticos y sindicales. También muchos militantes. La represión dejó más de 30 muertos y unos 500 heridos.

A Di Toffino lo detuvieron el 30 de mayo al mediodía, en el local de Luz y Fuerza, donde estaba repasando la situación junto a otros integrantes del gremio. Pero la urgencia de la dictadura por juzgarlos era tal que el 4 de junio de 1969 se reunió el Consejo de Guerra. 

En su defensa, Di Toffino dijo que no había hecho otra cosa que cumplir con sus deberes de sindicalista. Su declaración quedó sintetizada en un párrafo y medio. Para la acusación del fiscal usaron dos páginas y lo responsabilizaron por “no adoptar ninguna medida para detener la ola de destrucción desatada”.

El teniente primero José Rodolfo Latella, que actuó como fiscal, pidió una condena de tres años de prisión.

El defensor de Di Toffino fue otro militar: el mayor Luis Alberto Ramos. Hizo una defensa formal, rechazó la acusación del fiscal y pidió el mínimo de la pena.

Pero el tribunal no sólo no consideró la defensa sino que definió como “grave” la movilización y en sí misma. Sobre esa base, condenó a Di Toffino y elevó la pena pedida por el fiscal.

Di Toffino usó hasta la última grita posible para defenderse y firmó la sentencia “en disconformidad” e hizo reserva de sus derechos constitucionales.

Tosco y Di Toffino fueron enviados al penal de Rawson pero antes de que terminara el año ya habían sido liberados: la dictadura no pudo sostener esas condenas y dictó una amnistía el 28 de noviembre de 1969.