María Jesús Rivero quedó absuelta por segunda vez por decisión de la Corte Suprema de Tucumán. Pero Susana Trimarco dijo que ella y su ex pareja Rubén “La Chancha” Ale “no van a zafar” en la causa donde se los investiga por lavar dinero generado a través de una red dedicada a la trata.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que revocó parcialmente la sentencia que hace un año dejó libres a los 13 imputados por secuestrar y obligar a Marita a prostituirse en los burdeles de La Rioja, volvió a dejar a los hermanos Víctor Ángel y María Jesús Rivero fuera de alcance de la justicia penal. Acusados inicialmente de orquestar el secuestro de la joven tucumana para explotarla en los burdeles que regenteaban Lidia Irma “Mamá Lily” Medina y sus hijos José “Chenga” y Gonzalo Gómez, los jueces del máximo tribunal provincial confirmaron su absolución. Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y Claudia Sbdar no encontraron entre las pruebas colectadas durante el debate oral que duró 10 meses del año pasado, la “fuerza de convicción suficiente” que permita acreditar su participación.
“Es alentador el fallo”, dijo Susana Trimarco en un comunicado de prensa que dio a conocer en las últimas horas de ayer. También se mostró alerta y esperanzada: si bien dijo que no está conforme con la confirmación de la absolución de los Rivero, afirmó que “no van a zafar” en la causa en la que se investiga el clan encabezado por Rubén “La Chancha” Ale y su ex pareja, María Jesús Rivero, por conformar una asociación ilícita que se dedicó al lavado de dinero. Estos activos habrían sido generados a través de una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
En esta causa, a cargo del juez federal Fernando Poviña, es posible que antes de fin de año se resuelva la situación procesal de María Jesús Rivero, la única de los dos hermanos que es investigada por lavado de activos. Si el juez da lugar a los pedidos del fiscal Carlos Gonella de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Rivero además puede quedar detenida con una mediad de prisión preventiva. Su hermano, Víctor, no figura entre los investigados.
En 2012, habían compartido el banquillo de los acusados. A Víctor, el fiscal de juicio y los abogados de la Fundación María de los Ángeles Verón, que asisten a Susana Trimarco, le atribuyeron que dando cumplimiento a lo acordado con su hermana, “procedió a secuestrar” a María de los Ángeles Verón a cambio de dinero, en un “automóvil Fiat Duna, dominio SMQ-084, color blanco, que trabaja como Remiss para la empresa 5 Estrellas”
La mujer de lentes oscuros
En la causa por lavado de dinero actúan como querellantes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF). El pasado 1 de noviembre María Jesús Rivero prestó declaración indagatoria poco antes de las 7 de la mañana en el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán. Como acostumbra, al salir después de declarar durante más de seis horas, llevaba anteojos oscuros y no habló con la prensa.
En 2012, durante el juicio por el secuestro de Marita, los cambios de lentes oscuros fueron su marca. Sospechada de haber ordenado el secuestro de Marita, en la causa por lavado de activos está imputada por encabezar, junto a Rubén Ale, una banda dedicada a “la comisión de delitos de variada índole como la privación ilegítima de la libertad y la evasión fiscal” de dinero proveniente de la trata de personas con fines de explotación sexual.
En esta nueva causa, durante las indagatorias que tuvieron lugar en el mes de noviembre, María Jesús tuvo una de las jornadas más larga frente al juez Poviña y los fiscales. Durante siete horas, negó todo y dijo que las cartas en las que le reclama a Rubén Ale que deje de poner a nombre de terceros bienes que le corresponden a ella y al hijo que tuvieron hace poco más de 20 años, son producto de confusión y sentimientos de venganza.
Esas cartas y otra documentación fueron incorporadas al expediente en marzo, tras los allanamientos en las propiedades del clan. Sobre sus bienes no explicó cómo siendo titular de inmuebles que “suman una valuación superior a los $ 2.000.000”, “habiendo vendido en 2012 otro inmueble valuado fiscalmente por aproximadamente $ 140.000” y siendo dueña de 15 automotores, de enero a julio de 2009 solo declaró ingresos por $ 65.835. Y hasta diciembre de ese año apareció como deudora irrecuperable del sistema financiero.
María Jesús Rivero nació en San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, y llegó a la capital tucumana en 1988 cuando tenía 23 de edad y un sueldo como profesora de educación física. Durante el debate oral por el secuestro de Marita se mostró como una acaudalada empresaria que nada tenía que ver con el ambiente prostibulario. Aunque en la causa por lavado el origen del dinero es difuso, y esa ostentación la complica.
“El esquema patrimonial expuesto por la imputada corroboraría por parte de la misma o bien la omisión de ingresos gravados (evasión) o la financiación por medio de ingresos derivados de actividades ilícitas (lavado de activos)”, concluyó en el requerimiento de indagatoria el fiscal Carlos Gonella que actúa en la causa. Luciano Botteri Domecq, director regional de AFIP, calificó el patrimonio de Rivero como “frondoso” e integrado por lo menos por “118 automotores; 32 inmuebles; 58 armas de la más variada especie y cheques por distintos montos emitidos por moneda nacional y extranjera”.
En la causa, tras las indagatorias a los 14 imputados que integrarían el Clan que incluye a la actual pareja de la “Chancha”, María Florencio Cuño; al hijo que Ale tuvo con Rivero; al Mono Ale, hermano de Rubén, y otras mujeres que tuvieron relación con alguno de ellos -como a la propia Rivero-, los dichos dejaron al descubierto una red de testaferros, acusaciones cruzadas y evasión de sumas millonarias. Basado en pruebas del expediente que el 11 de diciembre de 2012 fueron desestimadas por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascan, de la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán cuando absolvieron a los 13 acusados de secuestrar a María de los Ángeles Verón y obligarla a prostituirse, esta causa puede dar con la pata económica de la red de trata que operó, por lo menos desde 2002, entre La Rioja, Tucumán, los prostíbulos conocidos como Las Casitas en Río Gallegos, e interconexiones en Córdoba, el Conurbano, Olavarría, La Pampa y Misiones.