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Durante su testimonio, tal vez el más impactante en lo que va del juicio por los crímenes que sucedieron en Monte Peloni, Lidia Araceli Gutiérrez recordó cómo abusaron de ella en el centro clandestino. Fue una “noche de aquelarre”, precisó. Pero no fue sólo eso: contó cómo sus verdugos se burlaban de ella cuando estaba menstruando y cómo antes de trasladarla a la cárcel de Azul, la llevaron a una piecita y la obligaron a bañarse en un fuentón delante de la mirada de una docena de hombres encapuchados. “Y a mí se me ocurrió pensar que no tenía las piernas depiladas”, dijo con algo de ironía, tal vez sin saber que era ése el acto de resistencia que aún en el inframundo la seguía reafirmando como una mujer.

Cuando Araceli terminaba su relato, el presidente del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Roberto Falcone, le preguntó si quería agregar algo antes de que las partes preguntaran. Araceli pensó un instante. Después dijo: “yo quiero que alguno de ellos me expliquen a mí por qué me abusaron, me lastimaron, me sometieron, no tiene sentido. Como le explican a la familia que violaron a una mujer con estado de indefensión con cosas tan terribles como introducir la pistola en la vagina”.

Araceli Gutiérrez no es la primera sobreviviente de los campos de concentración de la dictadura cívico-militar que lo cuenta en un juicio oral. Existen relatos espeluznantes que se remontan al Juicio a las Juntas. En los últimos años, sin embargo, los actores judiciales comenzaron a recoger esos hechos para darles una autonomía jurídica: los delitos sexuales tenían una entidad propia que los diferencia de los tormentos que sufrían en cautiverio.

Hasta el momento, son siete las sentencias que destacan los delitos sexuales como delitos independientes a las torturas que se multiplicaban en los chupaderos. La sentencia en 2010 de la causa “Molina”, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, fue la primera. La siguieron otros seis fallos: la causa “Sambueli” de septiembre de 2013 en Santa Fe; la causa “Martel” –el mismo mes- en San Juan; y dos sentencias en Santiago del Estero –“Aliendro” en marzo de 2013 y “Acuña” en febrero de 2014-. Las últimas dos fueron en marzo de este año: “Mulhall” en Salta, y la causa “Arsenales”, en Tucumán.

El equipo interdisciplinario

En 2012, la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, conformó un equipo de abogadas, psicólogas y comunicadoras sociales con el fin de “visibilizar la violencia sexual hacia las mujeres como delito de lesa humanidad y como parte del plan sistemático ejecutado por la dictadura cívico-militar en los juicios en los que es querellante”.

El equipo, “incorpora la categoría de género como herramienta de análisis” no sólo de la experiencia sufrida por las víctimas, sino del “contexto político-social e histórico en el que tuvo lugar”, dijo a Infojus Noticias Marina Vega, la directora del área. “Los manoseos, la desnudez forzada, las amenazas de violaciones o las violaciones mismas y los abortos provocados por las torturas, se erigieron como un mecanismo sistemático para destruir las subjetividades individuales de las víctimas –principal pero no excluyentemente de las mujeres-“, explicó Vega.

Desde ese enfoque, el equipo que coordina intervino en el juicio de Campo de Mayo VIII, que abarca la zona de Zárate y Campana. En ese veredicto, el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín pidió que se investiguen –en un expediente nuevo- los delitos sexuales de lesa humanidad surgidos a partir de los relatos de sobrevivientes. Algo similar pidieron durante los recientes alegatos de los juicios de La Cacha y Campo de Mayo –“el juicio de las y los obreros”-: que se hagan copias de esos testimonios y se inicien nuevas causas para investigarlos. También están participando de las audiencias de los juicios “Saint Amant” y “Monte Peloni”. “Es imprescindible que todos los dispositivos –judiciales, administrativos, de acompañamiento, de notificación- tomen como herramienta la perspectiva de género para escuchar y responder integralmente a las graves violaciones de derechos humanos que se pretenden justiciar”, dijo Marina Vega.

El planteo de grupo interdisciplinario, a lo largo de estos meses, es desarmar la vieja teoría de la manzana podrida. “Éste tipo de delitos, sexualizados, no fue consecuencia del accionar aislado de algún que otro perverso, sino que formó parte del plan sistemático de aniquilamiento que diseñaron las Juntas Militares en complicidad con otros sectores sociales”, concluyó la directora bonaerense de Políticas Reparatorias.