Infojus Noticias

“Che Balduzzi, che Balduzzi / qué mansito se te ve / hoy pediste la probation / ¡Ahora va a portarse bien!”, coreaba frente a los Tribunales de Cruz del Eje el centenar de militantes del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) que el miércoles se congregó para el inicio del juicio a Bautista Casimiro Balduzzi, 68 años, acusado por “usurpación” y “turbación de la posesión” de la familia Ozán, de la comunidad de San Antonio. Es el primer proceso penal contra un empresario, en los mismos tribunales en que, desde 2007, se desarrollaron tres juicios contra familias de campesinos, que defendieron sus tierras de intentos de despojo mediante la compra de supuestos títulos de propiedad.

Pero el juicio no comenzó, justamente, porque en la víspera de la primera audiencia Balduzzi presentó un pedido de suspensión de juicio a prueba -probation-, en el que ofrece la devolución de 28 hectáreas y la reparación de un pozo de agua que tapó. “No vino porque tiene miedo”, dijo Lidia Ozán, quien junto a sus tres hermanos y una decena de vecinos que conviven en el lugar llegan al juicio con la expectativa de “volver a vivir en paz”. Para los Ozán y el equipo jurídico del MCC que los representa como querellantes, la propuesta resulta “escandalosa y burlesca”, ya que le atribuyen la usurpación de 405 hectáreas y daños mucho más graves.

“Es absolutamente irrisorio y se contradice con lo que el Tribunal Superior de Justicia (de Córdoba) ha definido como un presupuesto necesario para la procedencia de la probation en casos de usurpación, que es la devolución total del terreno en cuestión”, explicó el abogado Raúl Almeida, quien el lunes próximo rechazará formalmente el recurso, presentada por el abogado civil Diego Álvarez y el penalista Alejandro Pérez Moreno –con conocidos estudios en Córdoba capital-, quienes han logrado dilatar la causa hasta el límite de su prescripción, el 18 de julio próximo.

Contra las topadoras

En San Antonio, 65 kilómetros al norte de la ciudad de Cruz del Eje, viven 11 familias y unas 50 personas. “Acá nunca necesitamos alambrado y compartíamos el agua entre todos”, recuerda Lidia. Esa convivencia se alteró cuando en 2003 el empresario Balduzzi adquirió 95 hectáreas pero alambró 500, quedándose con parte de las tierras de los Ozán, los Acuña y los Ramallo-Moreno.

Además, tapó la única represa del lugar, quemó un corral y desmontó unos dos mil metros cuadrados de árboles nativos, lo que derivó en la intervención de la Patrulla Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Córdoba. Cuando sus empleados se disponían a derrumbar el pozo de agua, Lidia Ozán fue a pedirle explicaciones: “Escuchaba ruidos para el lado del pozo y me fui con mi marido. Cuando llegamos, ya lo había tapado. Le dije que por qué hacía eso. ‘Vos te callás la boca’, me dijo. ‘No me voy a callar, porque esto es de mi padre’. ‘Te callás la boca o te cago matando’, me contestó. ‘Bueno, acá estoy, matame’, le dije yo. ‘Ah, ¿vos te creeés que no soy capaz?’. Y fue hasta la camioneta y sacó una escopeta. ‘¿Ves que es verdad lo que te digo?’. Era la siesta y me fui a caballo hasta Santo Domingo, donde está la comisaría, pero se ve que a la denuncia nunca la pasaron y la guardaron en un cajón”.

Ante la reticencia policial, Lidia recurrió al Movimiento Campesino, que ayudó a la comunidad a reparar los daños y les brindó asesoramiento legal. Desde entonces, pasaron varios años de vericuetos legales y una tensa convivencia que se terminó cuando Balduzzi intentó un nuevo embate, para el que también contó con ayuda.

El 22 de septiembre de 2010 irrumpió en el campo con una topadora custodiada por una docena de policías contratados como adicionales. La resistencia de las familias y el MCC evitó nuevos destrozos y derivó en la intervención del fiscal de Cruz del Eje, Martín Bertone, quien luego de inspeccionar junto a un equipo de peritos el lugar imputó a Balduzzi en junio de 2011 por “usurpación” y “turbación de la posesión”.

El funcionario judicial -actualmente en la fiscalía de Cosquín- relató a Infojus que “Balduzzi había usado el mismo método para quedarse con campos de otros departamentos de la provincia. Llegaba a los lugares con plata y topadoras, y atentaba contra las fuentes de agua, siempre asesorado por un grupo de abogados”. “Luego de esta decisión de la Fiscalía no volvieron a aparecer en la zona productores adinerados para apoderarse de campos de gente muy humilde”, aseguró Bertone.

A su vez, Almeida resaltó que “Balduzzi se dio el lujo de cometer el delito con la custodia de policías contratados a 90 pesos cada uno, que actuaron como un ejército privado. Para colmo, en este caso fue ilegal porque no fueron autorizados por una autoridad competente”.

Ni un tranco de pollo para atrás

“Nosotros nunca habíamos visto una topadora, porque el campo de mi padre siempre estuvo abierto. Nunca estuvo cerrado, así que los animales nuestros y los de los vecinos iban y venían”. En esa descripción de Lidia radica al mismo tiempo la clave de la supervivencia económica y la vulnerabilidad jurídica de los pequeños productores del noroeste cordobés, expresada en el dato de que actualmente hay un centenar de campesinos imputados en la provincia y solo un caso en que dos empresarios acusados por “estafa” llegaron a un juicio en el que fueron absueltos.

Por eso la familia no se conforma con la probation y quiere ver a Balduzzi sentado en el banquillo ante la Cámara Criminal de Cruz del Eje, para que este juicio que esperan desde hace una década les dé la oportunidad de lograr que se reconozca su posesión ancestral. “Queremos vivir tranquilos como siempre hemos vivido, que haya justicia, y si es posible verlo preso, por tantas cosas que nos hizo pasar; para que no venga otro Balduzzi más”, concluye Carmen, la hermana menor de los Ozán.

“Una vez que lo teníamos acuadrillado, se nos escapa por un costadito”, lamenta Dante “Tedi” Acuña, miembro de una de las familias afectadas, y arenga a seguir resistiendo: “Pero no vamos a dar ni un tranco de pollo para atrás… salvo para tomar envión”.