Justo Ilaraz está acusado de violar al menos 50 chicos seminaristas entre 1984 y 1992. La causa había sido declarada prescrita pero ahora un escrito pide la anulación. En el dictamen se argumenta que el cura tenía una doble posición de poder: por un lado dirigía la institución educativa y a la vez tenía dominio hacia los niños desde la órbita espiritual.
El procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, solicitó la nulidad de la resolución de prescripción de la causa por abusos contra el ex prefecto del seminario de Paraná, Justo Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos 50 seminaristas de entre
entre 1984 y 1992.
“La nulidad es importante para que las víctimas se animen a declarar, porque hablar para una causa prescripta en la Justicia genera desánimo en aquellos a los que más les cuesta exponer la situación difícil que les toca recordar”, dijo a Infojus Noticias Jorge García, que está convencido que la apelación al fallo será tenida en cuenta porque presenta incongruencias.
El procurador general advierte en el escrito presentado ante la Sala del STJ la nulidad de la resolución firmada por los integrantes de la Cámara Penal, Hugo Perotti y Miguel Giorgio, ya que incurre en “graves vicios” de legalidad. A su vez, pide recordar las características de lo que define una grave violación a los derechos humanos: “De ninguna otra manera pueden calificarse los reiterados abusos sexuales cometidos en un ámbito de ejercicio de poder vertical, en el que los niños que fueron víctimas eran dejados bajo a su cuidado, como Prefecto del Seminario Menor de esta ciudad”.
La denuncia apunta a que Ilarraz tenía una doble posición de poder: por un lado dirigía la institución educativa (ejerciendo con ello una función delegada por el Estado), y a la vez tenía dominio hacia los niños desde la órbita espiritual, lo que le permitió no sólo perpetrar los hechos por los que se lo acusa, sino también mantenerlos ocultos por largos años
Para García, el error más evidente en la presentación de los camaristas Perotti y Giorgio, es que basaron su fallo en torno a solo dos de las denuncias realizadas por las siete supuestas
víctimas del cura, y no tuvieron en cuenta las otras cinco testimoniales de los ex seminaristas que aseguran haber sido abusados.
“El cinismo de estas personas está en el mensaje que dan a las víctimas, algo así como ‘si no reclamaste antes ahora no vale’, cuando se trata de una situación traumática que para algunos les resulta difícil de exponer”, explicó García.
El escrito de nulidad requiere que el caso siga siendo investigado por el juez de Instrucción, Alejandro Grippo, o que sea la Sala Segunda de la Cámara Primera Penal la que se expida sobre
el particular.
Se sabe que los abogados defensores pidieron que se levante la prohibición que le impide al cura Ilarraz salir del país, pero la petición fue denegada hasta que exista una resolución final del caso.
El atentado contra un abogado
La semana pasada, uno de los abogados querellantes en la causa confirmó que decidió abandonar el caso luego de sufrir un atentado con artefactos explosivos en su vivienda. Milton Urrutia, un abogado que fue seminarista en los años en que Ilarraz estuvo al frente de ese instituto religioso y que tuvo que abandonar la vocación porque, según dijo, le "arruinaron la vida", tomó la decisión luego de que explotaron dos bombas caseras en el garaje de su casa.
Alejandro Grippo, el abogado que representa a varios exseminaristas que reconocieron ante el juez de Instrucción de Paraná haber sido abusados por el cura, responsabilizó del atentado a "un grupo organizado de cuasi terroristas". Sin embargo, algunas fuentes aseguran que el atentado no está vinculado al cura abusador.
En el caso Ilarraz, el vicario de justicia del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, presbítero Alejandro Bovero, inició a pedido del Vaticano una investigación previa sobre las acusaciones
que pesan contra el cura Ilarraz quien, hasta que estalló el escándalo de los abusos en setiembre del año pasado, se desempeñaba como párroco en la localidad tucumana de Monteros.
Bovero, que es párroco de la Sagrada Familia de Santo Tomé y docente en el Seminario de Santa Fe y en la Universidad Católica de esa provincia, aclaró que la tarea que desarrolla "no es un juicio, sino una instrucción previa" y que la inició hace alrededor de un mes y medio.
“Vamos a seguir apelando hasta que se haga justicia por cada uno de los casos de abuso porque mientras que para algunos las cosas prescriben para otros están presentes cada día”, aseguró el procurador García.
DESCARGABLES |