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En Ushuaia, la ciudad más austral del país, comenzó hoy el juicio a dos hombres y cuatro mujeres por trata de personas. Se trata del dueño del prostíbulo Black and White y cinco colaboradores, entre los que se encuentran sus hijos y su ex pareja. A través de la página web del local, promocionaban la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad, que hacían viajar desde otras provincias o países limítrofes.

Este es el segundo juicio por trata de personas ante el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego, desde que se tipificó el delito en 2008. El viernes pasado, este mismo tribunal -por mayoría- absolvió a un hombre acusado de intentar explotar sexualmente a una joven de 16 años, que llegó desde La Matanza para trabajar como niñera de sus hijos.

La causa contra Víctor Morales, el propietario del prostíbulo, reúne una serie de denuncias. Una de las primeras, data de marzo de 2010, cuando una mujer denunció en una comisaría de Rosario en Santa Fe, que su hija había viajado a Ushuaia y que le había enviado un mensaje de texto en el que la advertía de una situación sospechosa.

Esta mañana, después de escuchar la lectura del requerimiento de elevación a juicio, Morales fue el único de los seis imputados que aceptó –en la apertura de indagatorias- responder las preguntas del tribunal, la fiscalía encabezada por Adrián García Lois y las defensas.

Ese mismo año, un mes después, la Procuraduría que asiste a los fiscales de todo el país en la investigación de la trata (PROTEX) recibió un alerta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en la que advertían sobre un anuncio publicado en el diario Clarín del 4 de octubre de 2009, en el que convocaban “señoritas para cabarets en Ushuaia”, y daban un teléfono para comunicarse.

Una investigación preliminar le permitió a la procuraduría encabezada por Marcelo Colombo determinar la posible conexión entre ambas denuncias. Y, tras determinar que el local contaba con una página web donde abiertamente se promovía la explotación de mujeres de distintas provincias, remitió la investigación a la Unidad Fiscal de Ushuaia para unificarlas en un solo expediente.

La investigación se complementó con un informe de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que informó sobros otros avisos del mismo tenor publicados entre diciembre de 2011 y enero de 2012.

El acusado Víctor Morales, dueño del prostíbulo.

Cómo operaban

Los allanamientos en el prostíbulo, la casa de los imputados y el lugar donde vivían las víctimas se concretaron en abril de 2012. En ese momento, eran explotadas en el lugar alrededor de 15 mujeres. Ese mismo año, según publicó el portal de la Procuración General de la Nación, el juez Federico Calvete procesó a los seis imputados y en octubre la fiscalía presentó el pedido de elevación a juicio.

Según la acusación, Morales tenía montada una estructura que le permitía captar víctimas en distintos puntos del país a través de falsas ofertas laborales o “recomendaciones” de personas allegadas para explotarlas en el histórico y reconocido prostíbulo de la región. Su ex pareja María Ledesma llega este juicio acusada de colaborar en el traslado de las víctimas hasta Ushuaia.

Otras tres mujeres completan la trama: Mirta Puglia habrían tenido a su cargo el funcionamiento del local y el registro en un libro de “pases” junto a Cristina “Camila” Ramírez y Alejandra Morales Ledesma, hija del dueño del prostíbulo. Pero Puglia -también conocida entre las víctimas como “Marcela Rey”, “mami” o “mamá”- se ocupaba además de las sanciones. El sistema de multas, según la acusación, tenías penas que ascendían hasta los 300 pesos y que más allá de toda lógica era usado como un sistema de presión sobre las víctimas.

El otro imputado es Mauro Morales Ledesma, el otro hijo de la pareja imputada y que alternaba entre la atención en la barra y en ciertas ocasiones reemplazaba a alguna de las encargadas.

El primer juicio

El tribunal que llevará adelante el juicio contra los imputados de Black and White, es el mismo que la semana pasada absolvió a Andrés “Fabio” Benítez. El hombre llegó a juicio acusado de hacer viajar hasta Ushuaia a una joven de 16 años con la promesa de trabajar como niñera de sus hijos pero con la intención de que sus compañeros en la construcción le pagaran para “tener relaciones sexuales con ella”.

Varios de estos hombres declararon durante la instrucción cargo del fiscal Juan Soria. Uno de ellos que compartía vivienda con Benítez y su familia contó que “Fabio” le había dicho que iba a “acostar a G. con 3 jefes de su trabajo y que a cada uno de ellos les cobraría 500 pesos”. Finalmente, él y su pareja habrían ayudado a la joven a realizar la denuncia.

El hecho que ocurrió entre febrero y mayo de 2009, se denunció ese mismo año y fue elevado a juicio en julio de 2014. Según confirmaron fuentes del tribunal el pasado viernes los jueces Luis Giménez y Joaquín Ruggero votaron por la absolución del imputado; en contraposición la presidenta Ana María D'Alessio optó por la condena. Los fundamentos se conocerán el próximo viernes 28. Fuentes de la fiscalía confirmaron a Infojus Noticias que evalúan apelar este fallo.

En la justicia provincial, por otra parte, quedó radicada una denuncia de la joven por abuso sexual contra Benítez, que los magistrados definieron no impulsar. “La jueza de provincia consideró que se trata de un delito de instancia privada y que pese al tiempo transcurrido la madre de la menor no había denunciado”, resumió Soria en el requerimiento de elevación a juicio.

MB/LC