Infojus Noticias

El oficialismo provincial observa con preocupación el avance de la investigación sobre las irregularidades en el Puerto de Santa Fe. El hombre que aparece en cada una de las maniobras que están en la mira de la justicia es Marcelo Vorobiof, presidente del Consejo Directivo del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, elegido dos veces para ser el representante del gobierno provincial en ese organismo a través de sendos decretos firmados por Hermes Binner, en 2010, y por Antonio Bonfatti, en 2011.

Su presencia allí se transformó, además, en otro disparador de las internas que enfrentan a los dos partidos que conforman el Frente Progresista Cívico y Social, que conduce Santa Fe desde 2007: el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical. Es que Vorobiof está allí como un hombre de Mario Barletta, ex titular de la UCR a nivel nacional. Y si bien es cierto que por estas horas el pase de facturas por el costo político de la causa sobrevuela cada discusión entre las partes, no menos cierto es que, pese a todo, Bonfatti ha decidido sostenerlo en el cargo.

A la par de la pesquisa judicial avanzan también algunas investigaciones periodísticas que dejan cada vez más al descubierto las irregularidades que se cometieron en el Puerto de Santa Fe, con maniobras muy groseras por parte del Consejo Directivo. Infojus Noticias confirmó que el titular de una de las empresas “fantasma” que se montaron alrededor del ente, y que fueron beneficiadas con adjudicaciones de obras está preso por un asesinato cometido en 2013.

Se trata de Aníbal Daniel Carioliche, uno de los responsables de Rumbo Portuario. Se le dictó prisión preventiva por el homicidio de Antonio Bernabé Báez, ocurrido el 6 de junio de 2013. Por ese crimen también está preso su hermano, Ramón Eusebio Carioliche. Según las crónicas periodísticas de esos días el asesinato fue la manera de zanjar una discusión por unas chapas. Báez, a quien apodaban “Galleguito” y trabajaba en la cocina de uno de los bares más conocidos de la capital provincial, recibió seis balazos.

Carioliche trabajaba para una cooperativa que prestaba servicios al puerto hasta la aparición de Rumbo Portuario. “Con esa empresa empezaron a cortar el pasto por 50 lucas por semana”, le confió a Infojus una fuente que pidió reserva. “Se eliminó la vieja cooperativa y se creó la empresa. Así, el dinero comenzó a salir del puerto para terminar en una empresa integrada por gente vinculada al directorio del puerto”, agregó.

¿Qué es Rumbo Portuario?

La empresa se creó en el año 2011, mientras Marcelo Vorobiof se desempeñaba ya como representante del gobierno provincial en el ente portuario. Según el fiscal Jorge Andrés, Vorobiof “habría creado la firma, no obstante no figura entre sus socios, pero abusando de su posición le adjudicó diversas obras”. Los titulares de la empresa son el matrimonio conformado por Rodrigo Carelli, técnico constructor, y María Guadalupe Oroño, mecánica dental. A ellos se sumó luego el ya mencionado Aníbal Daniel Carioliche.

Los gerentes son parte del círculo cercano de Vorobiof: Fernando Molinari y Sebastián Alonso. Cuando el Ministerio de Trabajo inspeccionó Rumbo Portuario y se requirió allí la presencia de un responsable, se presentó Sergio Vázquez, casado con Cecilia Vorobiof, que se desempeña como representante de la Subsecretaría de la Función Pública de la Municipalidad de Santa Fe y es la hija de la máxima autoridad política del puerto.

Apenas un día después de su creación Rumbo Portuario logró su primera obra: cobró 813.968 pesos por el “desmalezamiento y mantenimiento de espacios verdes” y el “mantenimiento y reparación de vías férreas”. Luego se quedó con otras, cobrando casi 2 millones de pesos.

“La empresa ni siquiera estaba regularizada cuando se le adjudicó la obra, faltaban requisitos impositivos y fiscales que regularizaron después con el correr de los días”, afirmó el fiscal. Cuando la justicia allanó Rumbo Portuario quedó en claro que allí sólo había una casa, habitada por el matrimonio Carelli-Oroño, los titulares, junto a Carioliche, de la firma.

El fiscal Andrés agrega que la empresa, al momento de su creación, “no reunía los estándares mínimos de solvencia jurídica, fiscal, económica, financiera y administrativa”. Hay otras empresas también en la mira: Casco Felipa, propiedad de la concuñada de Vorobiof, y Caro Engler UTE.

El canon que pagan las empresas emplazadas en el Puerto, el lugar más exclusivo de Santa Fe, es también discutible, aunque esa información no forme parte de la causa: según pudo saber Infojus la provincia recibe cerca de 900 mil pesos mensuales por las 50 hectáreas ocupadas por 30 empresas, en las que se encuentra Coto, el Hotel Los Silos, el Casino y el Hilton Garden Inn, entre otras. Allí se instalarán también medios de comunicación: la productora Arcadia, propiedad de Nahuel Caputto, vinculado con el diario El Litoral, y el diario Uno, de Vila-Manzano, serán los primeros.

Embarrando la cancha

En juez que lleva adelante la causa, Jorge Pegassano, había planificado una serie de declaraciones testimoniales, informativas y una indagatoria. Las testimoniales se realizaron sin inconvenientes y allí Victoria Lascurain, la empleada que denunció amenazas y dio el puntapié inicial para la actuación de la justicia, ratificó todo lo que ya había declarado ante el fiscal. Es más, este jueves se presentó a declarar ante la Comisión Investigadora de la Administración del Ente Portuario que se conformó en la Cámara de Diputados, donde amplió sus dichos.

Con las informativas hubo menos suerte. Ninguno de los tres integrantes del directorio que fueron citados declaró. Luis Lazzaroni, representante de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, por razones médicas. Antonio López, representante de los trabajadores, se presentó pero se abstuvo de hacer declaraciones. Y José Luis Chemes, representante de la Municipalidad, no se presentó por considerar “inconstitucional” su citación.

La indagatoria a Vorobiof tampoco se concretó: su abogado defensor, Roberto Busser, considera que no están dadas las condiciones para que su cliente declare y argumenta que aún no se conocen los resultados de la pericia contable del ente. Se trata de otra medida dilatoria, como la que planteó en el inicio de la causa, cuando afirmó que técnicamente Vorobiof no es un funcionario público, y ganó ocho meses hasta que la Cámara de Apelaciones rechazó su planteo.

El gobierno sí sabía

En los años 2012 y 2013, por un pedido del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, la Sindicatura General de la Provincia realizó una serie de informes para determinar cuál era la situación de los puertos de Santa Fe.

En esos informes la Sindicatura ya advertía gran parte de las irregularidades que se estaban cometiendo en el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe y que hoy está investigando la justicia. El fiscal Andrés calificó esos informes como “lapidarios”. Por su parte, el diputado Leandro Busatto, quien preside la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, expresó que “esos informes internos de la provincia que están en la justicia serían muy valiosos para aclarar algunas cosas“. Según pudo confirmar Infojus, en esos informes se menciona el caso de Rumbo Portuario, la más emblemática de las empresas fantasma que nacieron en el Puerto.