Infojus Noticias

En Mendoza comenzó hoy un juicio por trata de personas y promoción de la prostitución ajena en un local céntrico, promocionado como Pyme VIP. Tanto el lugar, como su dueño, Sebastián Marcelo Solé -principal imputado en la causa-, tenían un alto nivel de exposición en las redes sociales y ese material fue incorporado como prueba en el expediente. En el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, están acusados además un médico ginecólogo, por haber realizado dos abortos; dos policías de la Brigada de la Federal, que funciona a la vuelta del lugar donde estaba el prostíbulo; una mujer que actuaba como regente y los guardias contratados para vigilar a las mujeres.

La investigación se inició en 2013 a partir de la llamada de una mujer que habría logrado escapar del lugar y se comunicó con la Dirección de Personas Desparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Y a través de ellos llegó a la entonces Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), a cargo de Marcelo Colombo, ahora conocida como Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas). La denunciante describió el local que funcionaba en la capital mendocina como un sitio con dos ingresos, estacionamiento, habitaciones y seguridad, donde ella y otras mujeres eran explotadas sexualmente.

El local, ubicado exactamente a la vuelta de una dependencia de la Policía Federal, mantenía la actividad prostibularia a la vista de todos. Tras conocer la denuncia, la ex Ufase corroboró los datos más salientes y dio intervención al fiscal mendocino Fernando Alcaraz. En el sitio web del local, ofrecían “servicios de bar, acompañantes para eventos, viajes reuniones, etc., despedidas de soltero, cumpleaños, fiestas por divorcio, shows lésbicos, agasajos para empresas, congresos o regalos empresariales, salidas exclusivas con la chica requerida” y describían un “sector vip para clientes preferenciales” que dispondría de “confortables habitaciones”. Una vez abierta la investigación, la web del local fue clausurada.  

Solé también usaba su cuenta de Facebook personal para promocionar el local o contactar a las mujeres con falsas promesas de trabajo. “Trabajo. Necesito chicas (solo mujeres)  para atención de barras, urgente para trabajar viernes y sábado. Pago diario $200. Buena presencia, urgente avisar acá o cel XXX-XXXXXX”, publicó el 19 de julio de 2012. La cuenta de  Facebook del local tenía 60 seguidores y 395 amigos, entre los que figuran contadores,  operadores de radios locales, docentes de colegios secundarios y de las universidades de Mendoza y de Cuyo, ingenieros en minas y empleados del poder judicial.

El 9 de abril de 2013, pocos días antes que el fiscal Alcaraz pidiera el allanamiento del local y del domicilio del principal imputado, Solé anunciaban a través de las redes sociales: “Martes fantasía de secretarias VIP!!!”. El prostíbulo, además utilizaba el sitio web como medio de promoción y contacto. Por ejemplo: “PYMEVIP el 12 marzo, 2012 a las 2:42 dijo: “Hola nikita trabaja para nosotros en bs. as. Avisamos atravez del sitio cuando esta aca. Solo salidas significa que solo hace hoteles o domicilios”; y varios más del estilo. La página web estaba registrada en www.nic.ar por Sebastián Solé.

Los acusados

“La investigación nos permitió determinar que actuaban como si fueran una empresa”, dijo el fiscal. Y explicó que gran cantidad de mujeres eran explotadas en el local, que “estaba abierto las 24 horas” y “ofrecía habitaciones” en pleno centro mendocino. Sebastián Solé llega al juicio acusado por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual, con el agravante de que sus víctimas son más de tres, en este caso 30, y de haber actuado y de haber actuado ilícitamente con más de tres personas o en banda. Tanto él, como la encargada de administrar el local, Paola González Lagos, como el gerente, Cristian Prado, están detenidos preventivamente por estos hechos.

A ellos se suman el jefe de seguridad contratado por Solé, Emiliano Salinas, y los empleados Sergio Carbelli Guzmán y Saúl Segura Godoy, como partícipes secundarios, y Gustavo Torres Aguilar, en calidad de autor por el mismo delito. El médico ginecólogo Osvaldo Pastorino Garay está acusado, además de por el delito de trata, “por haberle practicado abortos, a por lo menos dos de las mujeres que eran explotadas en el lugar”, dijo el fiscal Alcaraz a Infojus Noticias.

La complicidad de los policías federales, Ángel Arias Ibáñez y Nelson Bravo Cortez, y de un empleado de la municipalidad mendocina, Raúl Cuquejo Kovasznay, estarán en el banquillo de los acusados porque desde su actividad hicieron posible el funcionamiento del prostíbulo. Serán juzgados por el delito de trata, con los mismos agravantes que los anteriores imputados en calidad de partícipes secundarios, sumado al delito de cohecho en calidad de autores.

Los jueces Alejandro Waldo Oscar Piña, Oscar Alberto Hergott y Daniel Antonio Petrone informaron que las audiencias se realizaran los días jueves. Más de 100 personas, entre la que se encuentran las mujeres explotadas, los funcionarios de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la investigación y representantes de la Oficina de la Asistencia a la Víctimas, prestarán testimonio durante el juicio.

El dinero de la trata y la explotación sexual

“El estudio económico fue muy importante, tanto que nos llevó a abrir una causa de lavado que aún continúa investigándose”, dijo Alcaraz, el fiscal mendocino. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos colaboró con “un estudio sobre los bienes muebles e inmuebles, principalmente automóviles, adquiridos por los involucrados con dinero generado con la actividad ilícita”, confirmó Alcaraz.

Es por eso, que también se sumó a la causa la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que por primera vez actuará como querellante en un juicio oral por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual. La UIF presentó en la causa un informe detallando los “bienes adquiridos y administrados por la organización criminal” y las declaraciones patrimoniales de los imputados, que no se condicen con los bienes que poseen: más de 50 automóviles y motocicletas, y departamentos a estrenar y casas en distintas localidades mendocinas, entre ellos uno donde funcionaba otro prostíbulo.

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