El fiscal federal Fernando Alcaraz pidió la elevación a juicio de la causa por la que Sebastián Solé permanece detenido desde hace un año. El caso involucra además a un agente municipal, a un médico acusado por practicar abortos a las mujeres prostituidas y a otras cinco personas. Una tercera causa investiga a dos policías federales.
Investigado por segunda vez en una causa federal por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, el dueño de Pyme VIP -un prostíbulo de lujo en la ciudad de Mendoza- puede enfrentar un juicio oral. El fiscal federal Fernando Alcaraz pidió la elevación a juicio de la causa por la que Sebastián Solé permanece detenido desde hace un año. El caso involucra además a un agente municipal, a un médico ginecólogo acusado por practicar abortos a las mujeres prostituidas y otras cinco personas. Por estos hechos, se desprendió una tercera investigación que alcanza a dos policías federales sospechados por encubrir a los proxenetas.
La investigación se inició hace más de un año por la llamada de una mujer a la Dirección de Personas Desparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Involucra a Solé y a las dos personas que designó como encargadas del local: un hombre conocido como Juan Cruz, a cargo de “las cuestiones operativas”, y una mujer chilena que se ocupaba de “cobrar los pases y manejar a las mujeres”, dijo el fiscal. Los tres permanecen detenidos desde hace un año, cuando se realizó un allanamiento en el local y los domicilios de Solé.
A ellos se suma el inspector municipal Raúl Cuquejo, que también permanece detenido. Sospechado de cobrar coimas, fuentes de la investigación confirmaron que en el expediente hay indicios de sus “arreglos” con Solé para que el local no fuera inspeccionado, y menos clausurado.
El requerimiento de elevación a juicio alcanza también a los tres encargados de la seguridad en el prostíbulo. Ellos fueron señalados como participes secundarios para que se concretara el delito, porque su actividad era necesaria para el funcionamiento del local. “No les hemos atribuido que le impidieran salir a las mujeres”, precisó Alcaraz.
El otro acusado es el ginecólogo Osvaldo Pastorino, sospechado de estar a cargo de realizar los controles médicos a las mujeres, y de practicarles abortos de ser necesario. “Hay escuchas telefónicas que nos indican que mientras se lo investigaba realizó por lo menos dos abortos por encargo de Solé”, dijo Alcaraz. Tanto los encargados de seguridad, como el médico, permanecen en libertad.
Esta investigación se inició hace poco más de un año, en febrero de 2013, cuando una mujer que logró escapar del prostíbulo hizo la denuncia ante la dirección provincial del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Contó que era obligada a entregar a Solé el 50% del dinero que le pagaban los hombres por tener relaciones sexuales, y que en el local había menores de edad que eran explotadas sexualmente. Meses después, cuando se concretó el allanamiento fueron rescatadas 14 mujeres, todas mayores de edad.
“La mitad eran mendocinas, cinco venían de otras provincias y dos eran extranjeras (una de ellas chilena)”, confirmó a Infojus Noticias el fiscal Alcaraz. No es la primera causa que involucra a Solé por el funcionamiento de este local; hay una causa –anterior a esta– donde aún está pendiente que se defina si la competencia para investigar corresponde a la justicia federal o a la ordinaria, según la carátula con la que finalmente se confirme el proceso.
Tampoco será la única causa que derive de estos hechos. La fiscalía continúa colectando pruebas por el lavado de activos generados por la explotación de mujeres en Pyme Vip. Al momento de los allanamientos, en mayo de 2013, la Procuraduría para la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) estimó las ganancias obtenidas por Solé en un monto cercano a los 2.000.000 de pesos. “Encontramos billetes chilenos, dólares y pesos argentinos que sumaban millones”, comentó Alcaraz. Además, por los indicios que surgieron durante la instrucción, dos policías federales están siendo investigados por “generar una suerte de cobertura” para el local de Solé, que funcionaba a dos cuadras de la comisaría. “Existían conexiones personales entre Solé y uno de los federales, y por lo menos una reunión entre ellos se encuentra probada”, señalaron desde la fisclía.
Un prostíbulo con alta exposición en las redes sociales
Al conocer la denuncia de manos del registro bonaerense de Personas Desaparecidas,la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo inició una primera exploración sobre el caso. De este primer rastreo surgió en clara la actividad del prostíbulo manejado por Solé.
En el sitio web del local se ofrecían “servicios de bar, acompañantes para eventos, viajes reuniones, etc., despedidas de soltero, cumpleaños, fiestas por divorcio, shows lésbicos, agasajos para empresas, congresos o regalos empresariales, salidas exclusivas con la chica requerida” y precisiones sobre un “sector vip para clientes preferenciales” que dispondría de “confortables habitaciones”. En este momento, la web del local está dada de baja.
A esto se sumó que en Mendoza el local funcionaba a la vista de todos. Y con un alto nivel de exposición, tanto de Solé como de la marca Pyme Vip en las redes sociales. En la cuenta de Twitter pedían “personal femenino” y agregaban “pagamos el pasaje, si no sos de Mendoza”.
En otra publicación, el 27 de diciembre de 2012 anunciaban: “TODA LAS CORDOBESAS Y LAS SANJUANINAS, VUELVEN LA PRIMER SEMANA DE ENERO (…)”. Y en la página de Facebook del local informaban que algunas mujeres se hallaban “provisoriamente” en Buenos Aires. El 9 de abril informaban: “Martes fantasía de secretarias VIP!!!”. Y en las entradas al sitio figuraban respuestas a hombres autodefinidos como “clientes”. Por ejemplo: “PYMEVIP el 12 marzo, 2012 a las 2:42 dijo: “Hola nikita trabaja para nosotros en bs. as. Avisamos atravez del sitio cuando esta aca. Solo salidas significa que solo hace hoteles o domicilios”; y varios más del estilo. La página web fue registrada en www.nic.ar por Sebastián Solé.
Estos datos fueron suficientes para que la procuraduría a cargo de Colombo presentara la denuncia ante el fiscal mendocino, Fernando Alcaraz, atento a que “debió o debe mediar traslado de una provincia a otra y, consecuentemente, recepción o acogimiento en una o en otra; lo que hace en definitiva, a la trata de personas con fines de explotación sexual dentro del territorio nacional”.