Empezó el juicio a la pareja de jujeños Luz Gómez y Diego Romero, acusados de asesinar en 2011 a Roberto Castillo, un colectivero de Castelar. Estuvieron presos dos años, pero no hay pruebas en su contra. Hoy un vecino de Castillo dijo que fue con la policía a la escena del crimen y tocó el arma sin ponerse guantes.
Con la sala de repleta, comenzó esta mañana la primera audiencia del debate oral que juzga a la pareja de jujeños Luz Gómez y Diego Romero, acusados de asesinar en 2011 a Roberto Castillo, un colectivero de Castelar. Por esto estuvieron presos dos años sin pruebas. Hoy declararon, ante los jueces del Tribunal Oral Criminal 5 de Morón, seis testigos presentados por el fiscal Marcelo Varona Quinternosian. Por ahora, ninguno los identificó como los asesinos. Mañana prestarán testimonio los familiares de Luz.
La audiencia duró casi cinco horas. Afuera de la sala, ubicada en la planta baja de los Tribunales de Morón, un grupo de cien militantes de organismos de derechos humanos acompañó toda la jornada al compás de los bombos y con un pedido claro: “Libertad para Luz y Diego: víctimas de una causa armada”. Entre las banderas y pancartas esperaron a sus padres las hijas de la pareja: Zaira y Lucía. Adentro el apoyo también fue concreto. Además de los diputados del Frente para la Victoria Leonardo Grosso y Horacio Pietragalla, ocuparon los asientos muchos familiares de víctimas de violencia institucional. Estaba Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Al final, ella y Luz se abrazaron por un rato. También se hicieron presentes Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH) y Maximiliano Medina, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que se presentó como amicus curiae en la causa.
Lo primero que hizo el abogado defensor de la pareja, Eduardo“Negro” Soares, fue pedir la nulidad del juicio. "Nunca tendríamos que haber llegado a este debate", dijo. El Tribunal, después de un cuarto intermedio que duró alrededor de media hora, decidió negar el pedido y empezaron a desfilar los testigos delante de ellos. La primera en la lista fue Mercedes del Valle Ríos, la viuda de la víctima. Dentro de la sala sólo había un familiar suyo: una sobrina.
-La mujer que entró a robar a mi casa era delgada, alta y de tez blanca. El pelo era castaño- describió Del Valle Ríos.
Los rasgos de Luz son otros: ojos achinados, tez morena y pelo oscuro. Tiene las características de una chica nacida en el norte argentino.
Más allá de la certeza de la descripción, el testimonio de la viuda del colectivero fue poco claro. En varios tramos dudó y se excusó por “problemas de memoria y salud”. También alegó dificultades para ver. No había llevado sus anteojos y, por eso, no pudo reconocer unas imágenes que el fiscal le mostró. En ese momento varios integrantes del público ofrecieron sus lentes para que la mujer viera. Del Valle Ríos, también, pasó por al lado de Luz y Diego sin identificarlos como la pareja que entró a su casa a robar y matar a su marido.
Después de la mujer declararon cuatro vecinos de la vivienda donde fue el asesinato y un policía. La declaración de otro agente se incorporó por escrito porque el hombre no pudo asistir debido a una tuberculosis. La mayoría de sus dichos fueron breves. Todos escucharon los disparos y vieron qué había pasado después de que los ladrones escaparon. Los testimonios Hernán Acuña y Ezequiel Mansilla sorprendieron a varios dentro de la sala.
Manipulación de pruebas
Cuando fue su turno para hablar, Acuña, uno de los vecinos que durante la instrucción reconoció a Luz y a Diego en una rueda, dijo que no recordaba cómo eran las personas que entraron a la casa de Del Valle Ríos y Castillo. “No me acuerdo”, repitió cada vez que le preguntaron.
Pero las palabras que más llamaron la atención fueron las de Ezequiel Mansilla, otro vecino. El día del crimen el hombre colaboró como testigo con la Policía Científica. Acompañó todo el procedimiento de recolección de huellas dactilares, muestras de sangre y objetos. Uno de estos elementos fue un arma que los agentes encontraron dentro de la mochila donde también estaba el certificado de vacunas de la hija de la pareja de jujeños. Consultado sobre si manipuló esos objetos, Mansilla contestó que sí. “Tuve el arma en mis manos y no tenía guantes. Le avisé a la policía que tenía miedo por eso y me dijo que no pasaba nada”, declaró.
Después de las 14 la presidenta del Tribunal anunció un cuarto intermedio hasta mañana. Hay otra jornada pactada para el miércoles. El fiscal Varona Quinternosian ya adelantó que mantendrá la acusación.
“Quiero que se haga Justicia por nosotros, pero también para la otra víctima que es la mujer que perdió a su marido”, dijo Luz a Infojus Noticias tras el debate oral. Se la veía tranquila. Durante la audiencia, estuvo acompañada un rato por su beba más chica, Lucía, y se separó del banquillo de los acusados para amamantarla.
Los jueces del TOC 5 son Susana Leticia De Carlo, Carlos Enrique Thompson y Angélica Parera. Los mismos magistrados en agosto del año pasado absolvieron a las trece personas –once de ellos policías-acusadas del crimen de Fabián Gorosito. Para ellos no hubo pruebas suficientes para acreditar el secuestro, la tortura y muerte del joven de 22 años que apareció en una zanja en Merlo el 15 de agosto de 2010.
El caso de Luz y Diego llega a esta instancia después de varias apelaciones y un sobreseimiento de la Jueza de Garantías de Morón. Por la muerte del colectivero ya fueron condenadas en abril tres personas: Juan Carlos Noguera, Graciela Ojeda y Miriam Rojas. Los tres confesaron alguna relación al crimen. Ninguno conoce a Luz y a Diego. Noguera es el remisero que llevó a una pareja a la casa donde se cometió el crimen. El TOC 4 lo condenó a seis años y medio de prisión. Las mujeres “marcaron” la casa para el robo y lograron un juicio abreviado.
La causa
Las rutinas de Luz y Diego, dos jujeños que habían venido a trabajar a Buenos Aires hacía tres años, cambiaron para siempre aquel 21 de diciembre de 2011 a las 7 de la mañana, un grupo de policías entró a la fuerza en la casa que alquilaban en Villa Ballester. En la DDI, de Merlo un defensor oficial les contó que los acusaban de un asesinato.
El crimen había sido dos meses: una pareja había llegado a la casa de Mercedes del Valle Ríos, en Castelar, con la excusa de comprar ropa para un bebé. En realidad, habían planificado el robo. El marido de la mujer estaba durmiendo la siesta. Roberto Castillo -trabajaba de colectivero en la línea 216- salió con un revólver calibre 32 que no llegó a empuñar. La pareja sacó un arma, le disparó un tiro en la mano y dos más en la cabeza. El hombre murió en el acto y ellos escaparon.
Cuando la policía llegó al lugar a recoger pruebas encontró una mochila. Adentro había un certificado de vacunas de Zaira Romero, con fecha del 21 de septiembre de 2010. Zaira es la hija de Luz y Diego, y en aquel momento tenía dos años. Los jujeños nunca habían pisado Castelar. El día del crimen estaban en el Shopping Soleil, en Boulogne, comprando ropa. Está comprobado con testigos que perdieron la mochila con la ropa y el certificado de vacunación de su hija el 2 de julio de 2011. Además, un estudio de ADN sobre una mancha de sangre levantada a metros de la casa donde sucedió el crimen determinó que se trata de un perfil genético que no pertenece ni a Luz ni a Diego.
El testimonio de la viuda del colectivero también deja indemne a la pareja. “La mujer tenía pelo largo castaño claro hasta los hombros, cutis blanco y el masculino cutis bien blanco, pelo corto castaño”, dijo sobre la chica que entró a su casa. Luz, en cambio, tiene ojos achinados, tez morena y pelo oscuro.
El CELS presentó un Amicus Curiae con la firma de la directora del Área Justicia y Seguridad, Paula Litvachky y el abogado Mariano Lanziano. El escrito observa que el caso presenta una serie de particularidades "que requieren de especial atención de la Cámara y que podrían determinar nos encontramos frente a una causa armada, en el sentido que se direccionó la investigación hacia los imputados sin prueba determinante”.
Luz y Diego estuvieron 45 días en una comisaría y después casi un año y medio en una casa con prisión domiciliaria. Cuentan con el respaldo de organizaciones sociales y de derechos humanos. A pesar de que la única prueba que los incrimina es un certificado de vacunas, el fiscal general de la Unidad Fiscal de Instrucción 7, Matías Rappazzo, pidió que llegaran a juicio.