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En el juicio por la represión que en 2001 marcó el fin del gobierno de Fernando de la Rúa, declararon como testigos cuatro ex jefes de la Policía Federal que ese 20 de diciembre delegaron parte del personal a su cargo para el operativo que dejó cinco muertos y cientos de heridos en las calles del centro porteño. Hablaron de las reuniones donde recibieron las órdenes de mano del ex jefe de la fuerza, el ex comisario Rubén Santos, y las autoridades del Ministerio del Interior, entre quienes estaba el entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov.

En este juicio ante el Tribunal Oral Federal 6, tanto Santos como Mathov están imputados de manera indirecta por el homicidio (culposo) de los manifestantes. Y además, por abuso de autoridad y por incumplir con sus deberes como funcionarios públicos al no haber actuado para impedir esos asesinatos. Los acompañan con estos cargos sus subordinados: los ex comisarios Raúl Andreozzi, entonces superintendente de Seguridad Metropolitana, y el ex director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, señalados como responsables del operativo por los ex jefes de la fuerza citados como testigos.

La pasada semana, el comisario retirado Agustín Divenosa, jefe de Bomberos en 2001, explicó que las órdenes vinculadas al operativo se transmitieron ese 20 de diciembre a través de la Superintendencia Metropolitana vía la Dirección General de Operaciones, a cargo de Andreozzi y Gaudiero, respectivamente. Ayer, el ex superintendente de Investigaciones Criminales Néstor Labarte recordó que ese día, en una reunión de la cúpula que se realizó por la mañana, la jefatura dispuso “la afectación de personal, entre 80 y 100 personas, para las tareas de prevención” y agregó que esa misma orden les llegó después “vía fax” de la Dirección General de Operaciones.

La reunión del 19 de diciembre

Esa noche, poco antes de las 20, un grupo de jefes de la Federal participó de una reunión convocada por el entonces ministro del Interior Ramón Mestre (fallecido), secundado por el secretario de Seguridad Mathov. Es el único político que deberá responder por las órdenes que dio y resultaron en la muerte de los manifestantes. La reunión duró un poco más de dos horas. A las 22.40 De la Rúa anunció el estado de sitio por televisión y la gente cansada de políticas de hambre y exclusión salió a la calle con la consigna “¡que se vayan todos!”,

Ayer, ante los jueces del TOF6, el entonces jefe de la superintendencia Interior de la Federal, Carlos Moyano confirmó que hablaron de “la situación delicada que atravesaba el país en ese momento”. Y con el ex comisario Labarte confirmaron la presencia de Mestre, Mathov y Santos. “Se habló del estado de sitio y se mencionó que se trataba de una medida tomada por el Poder Ejecutivo”, aclaró Labarte.

Moyano, desmintió la versión de Mathov que en la apertura de este juicio afirmó que en esa reunión solo se habló de los saqueos en el interior del país, especialmente en la conurbano bonaerense. Fue rotundo al respecto, contó que entre los jefes estaba Andreozzi, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana, a cargo de la capital federal. Y que en esa misma reunión se dieron indicaciones con respecto a la instalación de un vallado en las inmediaciones de la plaza de Mayo y de “cuidar la Casa Rosada”.

Y, como entonces jefe de las sedes que la Federal tiene en el interior (incluido el conurbano bonaerense) Moyano desestimó que los manifestantes se desplazaran a la Ciudad de Buenos “traídos” por alguna fuerza política; en este sentido, mencionó que el personal a su cargo solo demoró a un grupo de gente que respondía al  “intendente de Moreno, Mariano West” en la ruta 8. Y habló de manifestaciones espontáneas.

El 20, la reunión de la cúpula

El ex superintendente de Asesoría Institucional Eduardo Prados confirmó el 20 de diciembre, poco antes de las 10, hubo una reunión “muy breve” donde “se nos pidió que estuviéramos todos predispuestos y atentos a los a los acontecimientos porque la situación que se avecinaba era muy difícil”. “Ese formalismo lo brindo el señor Santos”, agregó.

“El jefe (Santos) nos ordenó que tuviéramos el personal en apresto”, explicó Moyano. Es decir: que todos los integrantes de la fuerza, incluidos los que entraban de franco, debían permanecer en las dependencias policiales a la espera de otra directiva, como podría haber sido participar con brigadas callejeras en la represión.

Cuando los jueces, fiscales y defensores avanzaron el interrogatorio, Prados contó que durante esa jornada cuando pasó por la sala de situación (de operaciones) vio “tanta conmoción” que prefirió “seguir de largo” y agregó que, en un momento vio a Andreozzi “desencajado” mirando lo que sucedía a través de las cámaras.

“Estaba mirando la pantalla fijamente”, recordó. “Yo creo que los mismos hechos que sucedieron con posterioridad demuestran que la policía estaba al borde de ser sobrepasada”, concluyó. Ese 20 de diciembre, antes que De la Rúa dejara la Casa Rosada en helicóptero, los heridos en las calles del centro porteño fueron cientos, los muertos por las balas policiales cinco: Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, y Diego Lamagna. 

Este es el primer juicio en el que autoridades políticas -democráticamente elegidas- deberán responder por las muertes que ocasionaron las fuerzas de seguridad a su mando. De los más de 500 testigos citados ante los jueces -José Martínez Sobrino como presidente del tribunal, Javier Anzoátegui, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín (como juez sustituto)- los ex jefes de la Federal son los que están en condiciones de relatar cómo se gestó la represión y el papel que tuvieron las autoridades en estos hechos. Las audiencias de este juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 6, se desarrollan desde el mes de febrero, los días miércoles y viernes en la sala SUM, en los tribunales de Comodoro Py.