La investigación judicial por la tragedia, que terminó con la vida de 22 personas y dejó más de setenta heridos, avanza con fuerza y busca establecer la cadena de negligencias previas al escape que originó la tragedia.
Familiares, amigos y allegados de las víctimas del derrumbe del edificio de Salta 2141, en Rosario, marcharán esta tarde a los tribunales provinciales en reclamo de justicia al cumplirse tres meses de la tragedia más grande de la historia de la ciudad. La jueza de Instrucción 10ª, Irma Billota, citó a declarar a cuatro operarios y a dos jefes de la empresa Litoral Gas para intentar determinar la “cadena de responsabilidades” que derivaron en la explosión de gas.
La convocatoria está prevista para las 19 en la esquina de Oroño y Salta. Allí se hará una suelta de globos y se pintarán estrellas en homenaje a los 22 muertos por el derrumbe del edificio. Después de pasar por los tribunales la marcha finalizará frente a la sede de la empresa Litoral Gas, en Mitre y San Lorenzo. "No nos dejen solos, no nos suelten la mano. Te necesitamos en esta lucha", dice la convocatoria que circula a través de las redes sociales.
La fiscal Graciela Argüelles es la única funcionaria judicial sigue la causa desde el primer momento. Llegó a los 10 minutos de la explosión, cuando la cuadra era un hervidero. Allí se encontró con el juez en lo correccional penal, Juan Carlos Curto, que intervino durante los primeros diez días y luego se apartó por considerar que excedía su competencia. Luego fue el turno del juez de instrucción Javier Beltramone, que fue recusado por las querellas de Litoral Gas y la Administradora Calvillo, a cargo del consorcio del edificio, por considerar que en declaraciones mediáticas había cometido prejuzgamiento. La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y desplazó a Beltramone.
Finalmente la causa recayó en el juzgado de Billota, quien citó a declarar en a cuatro inspectores que trabajaron en el edificio de Salta diez días antes de la explosión, luego de que un gasista realizara reparaciones por una pérdida de gas. La magistrada intenta determinar por qué la empresa concesionaria rehabilitó el servicio luego de las reparaciones. El expediente judicial está caratulado como “estrago doloso” y tiene ocho imputados: el gasista y su ayudante, que trabajaron en el lugar el día de la explosión; tres integrantes de la administración del edificio; y tres empleados de la empresa.
La semana próxima la justicia recibirá los resultados de los peritajes realizados por la empresa GIE Ingeniería para que realice el análisis de los materiales recuperados en el edificio siniestrado.