Hoy se allanó por segunda vez la oficina central de Litoral Gas, la empresa que proveía el combustible al edificio que explotó en Rosario el martes pasado. Con un saldo de 21 muertos y varios heridos, la tragedia tiene un correlato judicial que sigue avanzando. Ya se imputó al gasista y ahora buscan la responsabilidad de la empresa.
A una semana de la explosión que conmovió a Rosario y dejó un saldo de 21 personas muertas, la investigación judicial no descarta ninguna hipótesis. Pero son Carlos García, el gasista, y la empresa Litoral gas, la concesionaria que provee el combustible a la zona, quienes están en la mira. Hoy el juez Juan Carlos Curto ordenó el segundo allanamiento a la empresa. El fiscal de Cámara, Guillermo Camporini detalló el estado de la causa a Infojus Noticias
“Hasta ahora se podría hablar de una persona, el gasista imputado y detenido, que aparece prima facie como responsable directo de lo que pasó, porque con su obrar imprudente o imperito no pudo cumplir con la tarea encomendada”, dijo Camporini. Y agregó: “Por esto se le imputó el delito de estrago culposo y este es agravado por las 21 muertes y cerca de 70 lesiones graves y gravísimas.”
A este delito le corresponde el segundo párrafo del artículo 189 del código penal que sostiene que “si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años”.
Respecto a la presunta responsabilidad de Litoral Gas, el fiscal dijo: “en esta primera etapa de la investigación, a nivel de la empresa se hicieron allanamientos para buscar documentación.”
Los dos primeros allanamientos a las sedes de Litoral Gas se realizaron la tarde del martes 6, el mismo día de la explosión. La investigación judicial intenta determinar “cómo fue la actuación de Litoral Gas en los sucesos previos y a partir de ahí, si se cumplieron las normas y quienes debieron hacerlo”.
Camporini también se refirió a otro aspecto clave: la válvula y el regulador que el gasista tenía que cambiar. Estos dos elementos “fueron secuestrados y están bajo análisis técnico de la policía y gendarmería”. En este sentido, la investigación podría completarse y acelerarse, porque “dado que las tareas de rescate terminaron, se van a poder retirar los caños del edificio para una pericia integral que permita saber qué fue lo que pasó y lo que ocasionó la explosión”.
Al referirse al estado de la instalación de gas del edificio, la fiscal Graciela Argüelles dijo a Infojus Noticias “estaba deteriorada, muy mal mantenida. Tenía un remiendo de un arreglo anterior, que fue hecho por otro gasista que ya declaró”.
Para conocer los funcionamientos de ciertos procedimientos y aspectos técnicos, la fiscal Argüelles y el juez Curto ya tomaron indagatoria a varios técnicos de Litoral Gas y planean seguir citándolos para tener un panorama más claro. “Cada declaración nos lleva mucho tiempo porque necesitamos ir conociendo los detalles para adentrarnos en la función de la empresa y las tareas que se realizan”, dijo Argüelles.
Otro de los puntos a aclarar es porqué el 2 de agosto Litoral Gas envió una nueva inspección al edificio para que controlara el estado de la instalación, que había sido aprobada el 26 de julio por la misma firma.
Si bien los empleados de la empresa reconocieron ante las autoridades judiciales que algunas veces los envían a verificar nuevamente la instalación de un domicilio que ya se controló, esto no suele ser lo más común. Solo 4 días después de esta segunda inspección, se produjo la explosión.