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Ayer el juez Juan Carlos Curto tomó declaración a tres directivos de Litoral Gas, la empresa que proveía el combustible al edificio rosarino que explotó el martes por la mañana. El gerente general Conrado Bianchi; la gerenta técnica Viviana Lejstra y el gerente de relaciones institucionales, José María González, debieron responder a más de treinta preguntas, en su mayoría técnicas. Si bien las principales giraron en torno a los procedimientos que la empresa lleva a cabo para realizar las instalaciones, los controles de las redes y los planes previstos ante situaciones de emergencia, cada uno de los directivos fue interrogado en función de su rol y de las responsabilidades inherentes a su cargo. Todos ellos estuvieron acompañados por abogados de la empresa.

La audiencia donde prestaron declaración informativa arrancó a las cuatro de la tarde. Las declaraciones fueron largas. Se retiraron alrededor de las nueve de la noche, y salieron por la rampa de estacionamiento. Casi una hora después se retiró la fiscal Graciela Argüelles, y más tarde el juez Curto.

La fiscal, en declaraciones recogidas por el diario rosarino La Capital, expresó que durante la audiencia Litoral Gas admitió que no capacita a sus matriculados. "Nos aclararon ahora que no son encargados de capacitar y que no toman examen para conformar la lista de especializados, sólo dan la matrícula", dijo Argüelles. "Esto puede convertirse en una indagatoria o no, según las pruebas que se colecten, ya que les pedimos a los directivos para la semana entrante la documental que apoye las declaraciones que hicieron en cuanto a las emergencias y las herramientas con las que cuentan, puntos principales de la informativa", agregó la fiscal. Y contó que los directivos señalaron que "sólo mantienen las redes externas, que la instalación es de cada inmueble, entonces no les corresponde, pero hay que revisar el contrato de concesión".

En relación a los reclamos previos a la tragedia -mencionados por varias personas- la fiscalía informó que hubo llamados desde la administración, respondidos por la empresa, que no encontró pérdidas de gas. El juez contó que los directivos respondieron a todas las preguntas, pero ahora el juzgado debe confrontar sus palabras con el resto de las pruebas. Y aclaró que en la declaración se preguntó más por el funcionamiento de la empresa que por el hecho en sí.

Ayer el magistrado decidió la liberación de Pablo Daniel Miño, ayudante del gasista. Carlos García, el gasista, seguirá detenido. Curto, juez en lo correccional penal, lleva adelante la causa de la tragedia del edificio de Salta 2141. La fiscal Graciela Argüelles también había considerado que Miño debía ser excarcelado. “El ayudante solo era una persona que le cuidaba la camioneta a García o lo ayudaba con algunas herramientas”, aseguró Argüelles a Infojus Noticias. “En mi opinión debe ser liberado”, había adelantado la fiscal que lleva adelante la investigación.

Esta mañana el gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, se acercó hasta el lugar de los hechos y confirmó que suman 14 los muertos por la peor tragedia que vivió la ciudad. El gobernador hizo referencia a las siete personas que aún no fueron encontradas, que hasta ayer eran ocho, cifra que se modificó tras el hallazgo de un nuevo cuerpo entre los escombros del edificio, el de Federico Balseiro de 30 años. Destacó que se concentran todos los esfuerzos en buscarlos. Sólo cuando se rescate a "los siete ausentes se va a trabajar en la demolición" expresó Bonfatti. Junto a él estuvo la intendenta Mónica Fein. Fein habló del clima que vive la ciudad y aseguró que "lo que se siente es la solidaridad, los boliches decidieron no abrir, toda la zona está en silencio acompañando esta inmensa tarea que se está realizando aquí".