Infojus Noticias

Esa mañana el juez Juan Carlos Curto tenía un teléfono reservado para el juzgado correccional de turno. Sonó unos minutos después de las 9:30. Casi al mismo tiempo, la fiscal Graciela Argüelles atendió en su despacho el llamado de un policía. Antes de que se cortara alcanzó a escuchar que había explotado una caldera en el edificio de Salta 2141. El juez y la fiscal se encontraron en el lugar: una pila de siete metros de escombros se levantaba donde antes hubo un edificio. Los bomberos intentaban apagar el fuego y había personas corriendo en todas direcciones. También estaba el fiscal de Cámara Guillermo Camporini. Ninguno de los tres lo supo en ese momento: acababa de ocurrir la tragedia más grande de la historia de la ciudad.

Curto había llegado con Álvaro Campos, el secretario de su juzgado. Las primeras informaciones hablaban de 2 muertos y decenas de heridos. Seis días después, el número de víctimas fatales ascendió a 21. De los más 60 heridos que hubo, cuatro permanecen internados. Entre los escombros de esa torre de 9 pisos no se encontró ni un solo sobreviviente.

Ahora, la causa podría pasar a otro juzgado. El jueves Curto se declaró incompetente y remitió el expediente al juez de Instrucción de Javier Beltramone,  de turno al momento del derrumbe. La justicia correccional solo puede investigar delitos con penas hasta tres años. El “estrago doloso”, con agravantes, tiene una pena de hasta cinco años.

En el palacio de tribunales, el comportamiento de Curto tras la tragedia generó sorpresas. Varias fuentes lo describían como a un hombre distante, hermético y de pocas palabras. Tras la explosión mostró su faceta más humana y accesible.

Por estos días, su piel cetrina y su pelo canoso apenas alcanzan a disimular el cansancio que acumuló durante los primeros días en los que dio forma a los cuatro cuerpos y 800 fojas del expediente. Allí constan los tres allanamientos en las sedes de la empresa Litoral Gas, las declaraciones indagatorias del gasista Carlos García –único detenido en la causa- y su ayudante Pablo Miño, los dichos de decenas de testigos y las declaraciones informativas de tres directivos y tres inspectores de la empresa de gas.

Durante la primera etapa la dupla Curto-Argüelles funcionó en tándem. El juez hizo lugar a los pedidos realizados por la fiscal para mantener en prisión al gasista y liberar a su ayudante. Pese a su perfil bajo, ella siempre tuvo un trato cercano con los periodistas y con las víctimas. Quienes la conocen cuentan que su fiscalía, en la que trabaja hace 22 años, siempre fue un despacho “de puertas abiertas”.

En las fiscalías de instrucción los delitos se repiten: robos, lesiones, homicidios. “Nunca había tenido un caso de estrago”, contó Argüelles a Infojus Noticias. La tragedia la tocó de cerca: su hija es amiga de la hermana de Luisina Contribunale, la última víctima encontrada bajo los escombros. Cursaron juntas en el colegio Misericordia, sobre Bulevar Oroño, a siete cuadras de la Zona Cero. Al día siguiente de la explosión recibió el llamado del juez de Instrucción Penal Luis María Caterina. El magistrado le preguntó si tenía noticias de Florencia Caterina, su sobrina, que vivía en el edificio y estaba desaparecida. También la contactó un conocido suyo, pariente de Santiago Laguía, el joven de 25 años al que su familia y cientos de vecinos buscaron durante seis días por las calles de la ciudad. Su cuerpo fue hallado en uno de los ascensores junto al de Contribunale.

El jueves el gasista detenido amplió su indagatoria. Lo hizo solo ante el juez. La fiscal estaba atendiendo a víctimas de la tragedia. “Primero vamos a recibir a los familiares de los muertos y después a los evacuados. Los estamos asesorando para que sepan cuáles son las posibilidades legales: ser querellantes en la causa penal, iniciar acciones civiles o cómo retirar efectos personales del lugar”, explicó la fiscal.

Durante la investigación, Argüelles mantuvo el perfil bajo. Su superior, el fiscal de Cámara Guillermo Camporini, se encargó de explicar ante las cámaras los avances en el expediente.

Camporini, un hombre de 58 años, pasó los últimos veinte trabajando en el poder judicial. Sus primeros pasos fueron en la justicia federal. En 1986, como secretario de la Cámara Federal Penal, participó de los primeros juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Rosario. Una tarde de aquel año alguien dejó en su oficina una granada de mano. El mensaje era claro. Sus colaboradores transformaron el símbolo, le grabaron su nombre y lo convirtieron en porta-encendedor. Ahora forma parte de los objetos que adornan su escritorio.

Hace algunas semanas en su despacho ubicado en el tercer piso de los tribunales Camporini recibió a Infojus Noticias. Junto a su par Cristina Rubiolo coordinaba el equipo especial de fiscales que investiga la guerra narco. “Estamos tocando intereses muy poderosos”, contó. Unas horas antes, el juez de la causa se había enterado de un plan de una banda narco para asesinarlo.