Infojus Noticias

Alrededor de 300 personas se reunieron ayer en la calle Salta al 2141, donde estaba la torre II que la mañana del 6 de agosto voló por el aire tras un escape de gas.  Encendieron velas blancas y tras escuchar las palabras de un cura se trasladaron a una capilla cercana donde se ofició una misa en memoria de los fallecidos.

“Es una burla, un mes a cinco años con un embargo preventivo” afirmó Nora Giraudo, madre de Maximiliano, una de las víctimas, en referencia a reciente decisión de la jueza Irma Patricia Billota de procesar a los 11 imputados por el delito de estrago culposo. “Que quede claro que estamos de acuerdo con los once procesados pero eso no es suficiente, todos sabemos que el responsable es Litoral Gas“ dijo Giraudo.

El 27 de febrero once personas fueron procesadas por la explosión. Entre ellas están el gasista Carlos Osvaldo García y su ayudante Pablo Miño, que el día de la explosión trabajaba en el edificio para cambiar el regulador de gas. Bilotta, procesó además a cinco empleados de la empresa Litoral Gas, a tres miembros de la administración del consorcio y a un técnico matriculado que había realizado reparaciones tiempo antes de la explosión.

La magistrada los señaló como responsables del delito de estrago culposo. La fiscal Graciela Argüelles confirmó a Infojus Noticias la decisión de la magistrada. En el marco de la investigación, caratulada como "estrago doloso, agravado por las muertes", la jueza Bilotta y la fiscal Argüelles investigan las causas de la explosión a raíz de un escape de gas que causó la muerte a 22 personas y heridas a otras 70, además de la destrucción total del complejo de tres edificios.

En ese momento, Infojus Noticias dio a conocer que el 25 de julio de 2013 Gerardo Bolaños, un inspector de Litoral Gas había concurrido al edificio siniestrado a raíz de la denuncia por baja presión de gas, realizada por una vecina del edificio.

En esa oportunidad el empleado de la prestataria, según consta en el acta de procedimiento, había detectado una "fuga de gas" en un accesorio del gabinete, pero no instaló el "cepo" de corte del servicio para que posteriormente trabajara un gasista matriculado, como indica el protocolo técnico instructivo de Litoral Gas.

El gasista José Ayala aparece involucrado en el siniestro dado que trabajó en el edificio 11 días antes de la explosión y se sospecha que podría haber manipulado los artefactos del gabinete de gas, sin notificar a la empresa de las reparaciones presuntamente realizadas.