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En 2012, después de meses de investigación en la justicia federal, una joven -menor de edad- contó que después de quedar embarazada y sin ayuda de nadie para criar a su hijo cayó en manos de una red prostibularia que operaba a la vera de la ruta 11 en Santa Fe, en el camino a las localidades de San Lorenzo y Puerto General San Martín. Por su explotación, la de otra chica menor de edad y la de otras cuatro mujeres, empezó ayer un juicio que tiene en el banquillo de los acusados a Zunilda Godoy (49), su hijo Martín Gómez (24) y la socia de ambos, Mariela Sandoval (43). Ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, enfrentan cargos por el delito de trata de personas.

“Varias veces nos amenazó Zunilda y nos decía que una vez que empezábamos a trabajar para ella, éramos de ella”, contó una de las mujeres rescatadas en el marco de la investigación que instruyó el fiscal federal N° 2, Walter Rodríguez. Ayer en la primera audiencia del juicio declararon seis policías que participaron de la investigación y la exsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, que recibió las primeras denuncias.

Los primeros indicios del caso datan de octubre de 2011 cuando una mujer se acercó a la secretaría del ministerio de Justicia y Derechos Humanos porque observó una situación sospechosa en una estación de servicio YPF ubicada sobre la autopista Santa Fe -Rosario, en el acceso más cercano a la ciudad de San Lorenzo. Contó que una noche, a eso de las 10, un hombre esperaba un grupo “de niñas de entre 12 y 14 años, mientras se maquillaban y vestían como adultas en el baño del local”. La denunciante habló de “gestos y actitudes propias de prostitución” y contó que minutos más tarde las jóvenes fueron obligadas por una mujer a subir a un Renault 19 color gris metalizado. 

La estación de servicio quedó entonces en la mira de la Justicia federal. La Tropa de Operaciones Especiales de la policía santafesina observó los movimientos de los involucrados, allí las jóvenes bajo la vigilancia de una mujer se cambiaban de ropa y se maquillaban y después subían a los “remises truchos” que las llevaban a las afueras de las ciudades de Puerto General San Martín y San Lorenzo, zonas industriales y sobre todo portuarias, donde eran obligadas a tener sexo con hombres que les pagaban para usar su cuerpo.

Los testimonios de las víctimas corroboraron la versión de los investigadores. En la instrucción contaron que Zunilda Godoy era la que “mandaba”. “Es la dueña del negocio y Mariela la encargada, nosotras arreglábamos con Mariela y recibíamos ordenes de ella pero la que impartía es Zuni”, dijo una de las mujeres adultas explotadas a la vera de la ruta santafesina. La misma testigo contó que “si había una chica nueva la hacían ir a las paradas de camiones de los peajes para que junte la plata. Los sábados nos hacían estar hasta las 4 de la mañana”.

Al pedir la elevación a juicio del caso, el fiscal Rodríguez consideró que existían elementos suficientes que demostraban que Godoy y su hijo -que era remisero- organizaron con Sandoval una flota de autos para llevar a las víctimas hasta “las inmediaciones de una gomería en la ruta y a otras al frigorífico Mattievich, a altura del kilómetro 333 de la ruta 11”, donde las obligaban a prostituirse coaccionadas por un sistema de pago por los viajes y multas, por faltar y otras sanciones.

Las multas y la protección policial

El sistema ataba a estas mujeres y a las niñas a los designios y el fin de lucro de los proxenetas. “No les importábamos –empezó a decir una de ellas. Y se refirió al sistema de sanciones-: si no íbamos teníamos, nos hacían pagar los días, si no avisábamos antes de las 5 te hacían pagar una parte del viaje, y si avisabas después tenías que pagar el viaje entero. Primero me dijeron el  precio del pasaje nada más, después me fui enterando como eran las otras cosas, como lo de la tardanza”, agregó.  De las escuchas telefónicas incorporadas en la causa se desprende que el fin de los tres imputados en el juicio era obtener redito económico de la prostitución ajena. En una de esas conversaciones Sandoval fue explícita: “yo a las chicas nuevas no las dejo que me queden debiendo ¿entiende?”.

Esas mismas escuchas pusieron en la mira de la investigación al oficial de la comisaría 5ta de Puerto General San Martín, Rodrigo Adán María Delgadino. Según el fiscal, el policía era el encargado de brindar cobertura para que la maniobra delictiva pudiera concretarse. Sin embargo, el efectivo recuperó la libertad por falta de mérito y el juez de instrucción lo sobreseyó. El fiscal Rodríguez apeló esa decisión y señaló que “además de dejar hacer” en la zona bajo su responsabilidad, durante el tiempo que operó esta banda el policía tuvo “un fluido y permanente contacto” con ellos.

El debate oral

El 1 de febrero de 2013 a Sandoval y Martín Gómez los sorprendieron mientras trasladaban a un grupo de  mujeres a la vera de la ruta 11 con fines de explotarlas sexualmente. Cuatro meses después fueron detenidos y, como Godoy, llegan a este juicio en esa condición. Los tres fueron procesados por el juez federal N° 1, Reinaldo Rodríguez, por “capturar, trasladar y explotar sexualmente al menos a seis mujeres en situación de vulnerabilidad, dos de ellas menores de edad” y considero el delito como agravado porque entre las víctimas había menores y medió el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad para someterlas.

Está previsto que el debate se desarrolle en cinco audiencias que se realizarán en doble turno –por la mañana y por la tarde- los martes, 5, 12 y 19 y el próximo lunes 25 de agosto. En total se espera que declaren 40 testigos, entre los que se incluyen los testimonios de alguna las víctimas, agentes de fuerzas de seguridad que intervino en la investigación; así como psicólogos y personal de la Oficina de Rescate y Asistencia a las Víctimas de nación que intervino en el caso y testigos de concepto ofrecidos por los imputados. El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces María Ivón Vella, Luciano Homero Lauría, y José María Escobar Cello, como presidente, y la acusación corre por cuenta del fiscal de juicio Martín Suárez Faisal. Los imputados son asistidos por los abogados particulares Claudio y Nicolás Torres del Sel.