Infojus Noticias

Luciano Arruga hoy tendría 22 años. Un 31 de enero pero de 2009 sus familiares y amigos empezaron a buscarlo en hospitales, morgues, comisarías, fiscalías y juzgados. Nadie les daba una respuesta. Tenían la convicción de que la policía bonaerense estaba detrás. Cinco años y ocho meses después de búsquedas, marchas, festivales, escraches y acampes asomó una primera certeza: estaba enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. La noche de su desaparición cruzó desesperado, como escapando, la General Paz y un auto lo atropelló. Un patrullero doble cabina esperaba con las luces bajas cerca del lugar.

A seis años de su desaparición y muerte, sus familiares, amigos y los organismos de derechos humanos siguen reclamando lo mismo desde el primer día: juicio y castigo a los responsables. A las 10 partirá una caravana desde la plaza que lleva el nombre de Luciano, en la esquina Perú y Pringles, del Barrio 12 de Octubre que recorrerá distintos puntos de La Matanza vinculados al hostigamiento y persecución que sufría el adolescente. Primero pasarán por el destacamento policial de la calle Indart, donde lo golpearon y maltrataron en varias oportunidades. Ese lugar fue expropiado y transformado en un Espacio para la Memoria. Luego harán una parada en la comisaría 8va, de la cual dependía el destacamento, y que durante la última dictadura era conocida como “Sheraton”, un centro clandestino de detención. El acto central terminará a las 13 en la colectora de General Paz, a la altura de avenida Mosconi.

“La búsqueda de justicia continúa. Es imprescindible que se sancione a quienes detuvieron y torturaron a Luciano y que se dé finalmente una respuesta a la familia sobre las circunstancias de su muerte y las responsabilidades implicadas en su desaparición”, dice el comunicado que difundió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por el aniversario.

El nudo en que se transformó la causa judicial que investiga la desaparición forzada de Luciano comenzó a desatarse cuando la Sala IV de Casación Penal aceptó un habeas corpus que había sido rechazado en dos instancias. Esa decisión fue fundamental para encontrarlo. En tres meses el juez federal de Morón Juan Pablo Salas, en coordinación con distintos funcionarios del Estado nacional y provincial, logró identificar el cadáver enterrado como NN. Lo hizo cruzando las huellas dactilares que le habían tomado a Luciano en su paso por el destacamento donde lo torturaron en 2008.

Vanesa Orieta, la hermana de Luciano durante la conferencia de prensa donde se anunció el hallazgo del cuerpo. 

Irregularidades y cegueras

Hasta ese momento la pesquisa estuvo plagada de dilaciones e irregularidades. Sus familiares y los organismos de derechos humanos-APDH La Matanza y CELS- fueron quienes empujaron al expediente que tardó cuatro años en llegar al fuero federal. Los primeros actores judiciales que intervinieron en el caso, enfrentarán un juicio político.  Son las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y el juez de Garantías Gustavo Banco, del Departamento Judicial La Matanza. Están acusados de haber entorpecido la investigación.

A pesar de que la hermana, Vanesa Orieta, y la madre, Mónica Alegre, apuntaron desde un primer momento a la policía bonaerense, Castelli delegó la investigación en la propia fuerza que era sospechosa. A Banco se lo acusa de “haber ordenado en forma arbitraria la intervención telefónica” de cuatro familiares del joven. Desde abril de 2009 hasta fines de agosto de 2010 la familia de Arruga fue vigilada a través de escuchas pedidas por la fiscal Cejas y autorizadas por Banco. No fue un único pedido de intervención, fueron casi 15 prórrogas de escuchas pedidas a la Secretaria de Inteligencia del Estado. Esas actuaciones constaban en un Legajo Fiscal, un expediente que se abrió en paralelo a la causa de “averiguación de paralelo” y al cual las partes no tuvieron acceso hasta 2013.

Otra de las irregularidades que salieron a la luz tras la identificación del cuerpo fue la autopsia 253/2009 que nadie vio. En marzo de 2010 la Fiscalía de la Matanza pidió al Cuerpo Médico Forense los datos sobre autopsias de NN masculinos de todo 2009. El organismo entregó 52 casos, entre ellos, el de Luciano, que figuraba como un joven de entre "25 y 30 años". La ficha tenía tres fotos e información de las huellas que durante cuatro años estuvieron en un expediente y que nadie usó para poder identificar al joven desaparecido. 

Después del hallazgo del cadáver, el expediente comenzó a tener el ritmo vertiginoso que no había tenido durante cinco años y ocho meses. En este tiempo, se exhumó el cuerpo de Luciano y se hizo una nueva autopsia que corroboró que se trataba de él. El juez Salas tomó una serie de declaraciones en su juzgado, entre ellos al joven que lo atropelló y al motoquero que lo auxilió. Sus testimonios fueron claves porque pudieron contar que el adolescente  “cruzó como desesperado”, “no estaba trotando ni caminando sino corriendo” y “que por lógica parecía que estaba escapando”. El motociclista vio a la camioneta doble cabina de la bonaerense estacionada cerca del choque. 

Ambos repitieron sus relatos en una reconstrucción que ordenó Salas el último 4 de diciembre. Durante más de tres horas, Gendarmería Nacional hizo peritajes sobre el kilómetro 16 de la autopista. El conductor que embistió al adolescente de 16 años y otros seis testigos brindaron detalles de aquel 31 de enero de 2009. 

La Justicia Federal hoy tiene el desafío de reconstruir que pasó con Luciano la noche del 31 de enero, cuando salió de su casa para ver a su hermana y nunca llegó. Todos los esfuerzos apuntan a resolver cómo fue que apareció sobre la General Paz hace seis años. Las fuentes judiciales siguen apuntando a la pista policial. Sus familiares y amigos que estaban convencidos que iban a encontrarlo, hoy saben que su tarea se robustece tras la identificación del cuerpo: “Nuestra lucha continuará vigente mientras sigan existiendo otros Lucianos, porque demostramos que es la única forma posible de hacer Justicia”.