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El fiscal federal de Distrito Daniel Adler pidió penas de 16 y 8 años para Alejandro Daniel Aguirre y Gonzalo Matías Aguirre, respectivamente, por haber engañado en el verano de 2013 a tres mujeres –dos de ellas niñas de 15 y 16 años- en Florencio Varela, con falsas promesas de trabajo. Esto se dio en el marco del juicio oral y público por trata de personas con fines de explotación sexual que se está desarrollando en Mar del Plata.  Respecto a la imputada por “captar” a otra víctima, el fiscal solicitó la absolución por entender que no existieron elementos para acreditada su participación en el hecho y pidió contemplar, entre otras cuestiones, su situación de extrema vulnerabilidad, las amenazas denunciadas durante el debate y la ausencia de un “efectivo acceso a la justicia”.

Acompañado por el fiscal federal de Dolores, Orlando Giménez, Adler pidió también el decomiso del Renault Logan que Aguirre usó no sólo para el traslado de las adolescentes desde el conurbano a Pinamar, sino también para llevarlas a concretar la explotación sexual. Además –por haberse cometido el delito con ánimo de lucro- pidió multas de 80 mil y 50 mil pesos para padre e hijo, respectivamente.

En relación a la situación de las adolescentes, Adler reparó: “Se trataba de dos niñas que se encontraban a casi 400 kilómetros de su casa, sin dinero y con escasos conocimientos para salir de un lugar donde Alejandro Aguirre tenía efectivo dominio, y además hacía notar sus influencias políticas y su capacidad de dañar”.

El argumento central que usó Aguirre en su defensa fue que se trababa de una causa armada por intereses políticos. “Sin embargo no pudo explicar en qué momento y de qué modo las niñas se relacionaron con gente de la política que lo quisiesen perjudicar”, expresó Adler. De hecho, “de un modo prácticamente inmediato las niñas escaparon hacia la comisaría y de allí fueron alojadas en el Hospital Municipal donde recibieron asistencia”.

“Una Pyme con fines criminales”

Durante el alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que los Aguirre operaban en una suerte de “pyme familiar con fines criminales, de explotación sexual” –allí ubicó a Alejandro Aguirre como “dueño del negocio”–, y argumentó la definición con un informe elaborado por Protex y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip): “(Las redes de trata relevadas en causas judiciales) podrían ser caracterizadas como redes no profesionalizadas, ciertamente poco estructuradas (…) muchas veces de carácter familiar”.

En ese escenario, mencionó que Gonzalo Matías Aguirre  (hijo de Alejandro) colaboró con los hechos, “con pleno conocimiento y voluntad”. “Su rol no fue necesario sino accesorio, pero su contribución al hecho total debe igualmente ponderarse”, sostuvo y mencionó diversos elementos: dijo que fue el encargado de conseguir el departamento donde se alojó a las víctimas y lo visitó, compró los pasajes –ida y vuelta- de la joven víctima, e incluso fue acusado por la imputada y su hermana de amenazar a su padre: “Ojo con lo que va a declarar tu piba”, le dijo diez días antes de iniciarse el juicio.

Pedido de absolución

En relación a la mujer imputada, el fiscal Adler pidió que sea absuelta y aclaró que “este cambio de posición del Ministerio Público Fiscal no resulta arbitrario, sino que se funda en lo sucedido en el juicio”. En particular, se refirió a la declaración de la imputada: “No sólo se apartó de lo que había dicho en primera instancia, sino que manifestó que su declaración había sido convenida con el abogado de los coimputados”.

En un pasaje del alegato, Adler reparó en que la imputada tiene una hija menor, producto de una violación que sufrió a los 13 años, que dijo que aceptó viajar a Pinamar para comprar los útiles para la escuela de la niña, y que no tenía empleo. Además, reparó en que dormía en el mismo lugar que el resto de las víctimas, y que sólo estuvo tres días al pedir volver a su casa.

Además, el fiscal de Distrito reparó en “la ausencia, hasta el juicio, de un efectivo acceso a la Justicia, en un entorno en el cual, con evidentes intereses contrapuestos, fue imputada de un delito gravísimo en el cual fue llevada a defenderse por el mismo abogado que representó a los principales imputados”.

JC/PW