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Más de once años pasaron desde la última vez que Susana Trimarco despidió a su hija María de los Ángeles “Marita” Verón, cuando el 3 de abril de 2002 salió de la casa familiar para ir al médico. En todo este tiempo, Trimarco golpeó puertas, reclamó y recorrió pasillos judiciales. Desde entonces la busca. Ahora, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que revocó parcialmente la sentencia que dejó libres a los 13 imputados por secuestrar y obligar a Marita a prostituirse en los burdeles de La Rioja, la confirmó en su certeza: "No le pienso agradecer a la Justicia porque esta es su obligación; para eso están ahí y para eso les pagan", señaló Trimarco en declaraciones a los medios tucumanos.

Carlos Garmendia, el abogado que desde hace 8 años acompaña a Susana en la búsqueda de su hija, desaparecida en abril de 2002, dijo a Infojus Noticias que evalúan pedir la inmediata detención de los 10 acusados que fueron considerados responsables por el máximo tribunal provincial. Adelantó también, que espera que el nuevo tribunal que deba fijar el monto de las penas tenga en cuenta que tanto la querella como la fiscalía, pidieron 25 años de cárcel para los cabecillas de la organización. Es decir, la pena máxima para los hermanos Gómez.

“Nos han dado la razón en un 90%. La posición de la Corte es esperanzadora en sentido que rescata la palabra de las víctimas, y esta sentencia puede ser un guía sobre cómo tratar a las víctimas de trata y explotación sexual”, concluyó Garmendia.

Acostumbrada a batallar, desde que en 2004 la causa por el secuestro de su hija se elevó a juicio los 13 imputados se valieron de chicanas y el accionar judicial no rehuyó las trabas. Ocho años después, recién en febrero de 2012, por fin comenzó el juicio que duraría más de 10 meses. Ya había pasado mucho tiempo. Los jueces Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y Claudia Sbdar de la Corte de Justicia de Tucumán, lo tuvieron en cuenta: “frente a tales circunstancias, es evidente que se debe considerar en nuestra valoración, el deber de garantizar el plazo razonable”. Trimarco dijo que no tiene tiempo para celebrar el fallo porque sigue tratando de encontrar a su hija y se quejó porque "nadie la está buscando".

El año pasado frente al estrado que integraban los jueces Emilio Herrera Molina, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano fueron 13 los acusados que terminaron absueltos. Ahora, la Corte tucumana afirmó que 10 de ellos deberán responder penalmente el secuestrar a Marita y obligarla a prostituirse. Gandur, Estofán y Sbdar consideraron que las pruebas no eran suficientes para condenar a Víctor Rivero, y su hermana María Jesús, acusados inicialmente de orquestar el secuestro de la joven tucumana para vendarla en los burdeles que en La Rioja, a la vera de la Ruta  nacional 38, manejaba Lidia Irma “Mamá Lily” Medina. Los tres quedaron afuera de esta condena: los Rivero por falta de una “prueba directa y “con fuerza de convicción suficiente” que permita acreditar su participación. Y Medina, porque falleció en febrero pasado, mientras permanecía detenida en La Rioja en una causa donde se la investigaba por narcotráfico.

Los que ahora quedaron a un paso de la cárcel son los hijos de Medina, José “Chenga” y Gonzalo Gómez con quienes regenteaba los prostíbulos Candy, Candilejas y El Desafío, donde las testigos vieron a Marita. Mujeres, explotadas por las mismas personas que habían sometido a la hija de Susana (a los que volvieron a tener en frente durante el juicio) y muchas de ellas adolescentes cuando cayeron en manos de la red de esclavistas sexuales, fueron las principales testigos en el juicio y, también principalmente afectadas por una sentencia que volvió a poner en tela de juicio su palabra.

Los jueces de la Corte también podían optar por ordenar que se realizara un nuevo juicio, pero desistieron porque “conllevaría necesariamente un nuevo e innecesario proceso de declaraciones testimoniales de las testigos – víctimas” dijeron y agregaron que eso las acarrearía nuevamente a la “retraumatización”.

La mora que aletarga a la justicia, y la necesidad de evitar la re victimización de las testigos definieron a los jueces de la Corte a analizar la prueba y ordenar que los explotadores de Marita deban ser condenados. La graduación de la pena que corresponde a cada uno de ellos deberá definirla el tribunal de origen, pero con otra integración.

Respecto a los hermanos Víctor y María Jesús Rivero, quienes quedaron absueltos, Susana expresó: "Se salvaron por ahora, pero de la otra causa que tienen no se van a salvar", en referencia a la investigación iniciada en contra del denominado "clan Ale" (se refiere a la sociedad que María Jesús Rivero montó y comparte con su ex esposo, Rubén “La Chancha” Ale) por el supuesto lavado de activos provenientes de la trata, causa impulsada por la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac).