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Siete policías fueron detenidos acusados de presunta "autoría mediata" por una serie de delitos cometidos en Tucumán. Los mismos habrían sido cometidos durante la ola de ataques a comercios y viviendas, mientras la fuerza de seguridad no prestaba funciones por un reclamo salarial.

"Los siete acusados se encuentran incomunicados y a disposición de la Justicia", informó el jefe de la Policía, comisario Dante Bustamante, en tanto que hay pedido de detención para otros dos integrantes de la fuerza.
Las detenciones se produjeron en el marco de una investigación judicial por el delito de sedición y la causa está "bajo secreto de sumario", sostuvo Bustamante. El jefe policial explicó que "nos limitamos a cumplir las órdenes de la Justicia provincial porque la Policía es auxiliar de la Justicia y estamos trabajando en pos del beneficio de nuestra sociedad".

La figura de "autoría mediata" determina que alguien colabora o instiga con su accionar para que se cometan determinados delitos como robos, lesiones y hasta homicidios.

Los detenidos son el ex comisario -cesanteado- Miguel Ángel Toledo; el exsuboficial cesanteado- Diego Alberto Herrera; Eugenio Alejandro Mamani (de la seccional 5a); Fanny Elizabeth Ávila (del Programa de Integración a la Comunidad de Lastenia). La nómina también incluye a Flavia María Belén Bedmar (de la comisaría de San Andrés), Federico Antonio Castro (de la seccional 5a) y suboficial Sergio Omar Hogas (Policia Urbana).

Un octavo policía no pudo ser detenido debido a un error administrativo en el proceso judicial, mientras que Ángel René Chaile, un suboficial cesanteado y reincorporado como parte de las negociaciones por el acuerdo salarial, se encuentra prófugo y es buscado por los investigadores.

Chaile, Toledo, Herrera y Hogas formaron parte de la comisión encargada de llevar adelante las negociaciones durante la tensa disputa salarial entre la Policía y el Poder Ejecutivo.

Los hechos ocurrieron entre el lunes y el martes, cuando las calles de Tucumán se quedaron sin seguridad debido a una medida de fuerza iniciada por la Policía para reclamar mejoras salariales, algo que finalmente consiguieron cuando el gobierno, luego de intensas negociaciones, les otorgó un aumento del 35 por ciento.

El acuerdo elevó a 8.700 pesos el sueldo inicial de un agente, el menor rango de la fuerza, pero generó una fuerte fractura en la relación entre los uniformados y la sociedad. Po esos hechos, el gobernador José Alperovich dijo que fue víctima de "una extorsión".

Mientras los policías permanecían autoacuartelados, bandas se dedicaron a saquear comercios, supermercados, distribuidoras y hasta casas de familia, lo que hizo que los vecinos se armaran y levantaran barricadas en las calles para protegerse de los ataques. 

El Gobierno provincial, a través del fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa, presentó en los Tribunales penales una denuncia por sedición contra policías, debido a la modalidad de protesta que adoptaron. A partir de ese momento, los fiscales Diego López Ávila (IV°Nominación en lo Penal) y Adriana Giannoni (VIII° Nominación en lo Penal) comenzaron a trabajar para identificar a los saqueadores y determinar la responsabilidad de los policías en esos ataques.

Tras las tensas jornadas, que provocaron la muerte de cuatro personas y casi un centenar de heridos, además de pérdidas millonarias por los ataques a comercios y viviendas, el gobernador Alperovich aceptó la renuncia del jefe de Policía, Jorge Racedo y designó en su reemplazo a Dante Bustamante.