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La Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó el fallo que condenaba a dos expolicías a penas de 13 y 18 años de prisión por el crimen de un Juez de Menores, y los sentenció a cadena perpetua. Uno de ellos está prófugo desde hace tres años.

El juez de Menores Héctor Agustín Aráoz fue asesinado de 10 disparos el 26 de noviembre de 2004, en su casona de Yerba Buena, en Tucumán. En mayo de 2011, la Sala I de la Cámara Penal condenó por el hecho a la exagente de policía Ema Hortensia Gómez a 13 años de prisión y al exoficial, Daniel Pérez a 18. La fiscal del caso Juana Prieto de Sólimo apeló el fallo. Ayer, dos años y medio después de esa primera sentencia, la corte revocó el fallo y los condenó a cadena perpetua.

"Hemos recibido la noticia con mucha alegría porque peleamos por esto y lo esperamos durante 9 años", señaló el abogado de la familia Aráoz, Benjamín Alurralde Frías. "Nuestra actitud siempre fue acudir a los medios procesales y atacamos la sentencia agotando todas las instancias", agregó.

Los jueces Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán, Daniel Oscar Posse y René Mario Goane consideraron que Gómez y Pérez incurrieron en un “homicidio calificado por ensañamiento”. La medida no se hará efectiva de inmediato ya que los defensores pueden presentar un recurso extraordinario para que sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Una vez notificados, los abogados tendrán diez días hábiles para realizar la presentación.

Rodolfo Aráoz, hijo del exjuez se refirió al fallo y afirmó "estamos muy contentos con mi familia y agradecemos a la Justicia de Tucumán porque aplicó la ley penal con la figura del homicidio agravado". Al momento del crimen se dijo que había una relación sentimental entre el juez y Gómez, pero para la familia siempre se trató de una maniobra para desviar la investigación. "Planteamos que era un homicidio con premeditación y alevosía, es decir un homicidio agravado", precisó el abogado de la familia.

El fallo de la Corte tucumana también modificó la sentencia que se había impuesto al ex comisario Rodolfo Domínguez, que en 2011 había sido absuelto de culpa y cargo por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de encubrimiento. Los jueces de la Corte consideraron a Domínguez sí culpable del encubrimiento del homicidio, aunque no modificaron la absolución por su desempeño como funcionario público. El resto de las sentencias dictadas por el tribunal de la Sala I no fue modificado por la Corte.