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El Jefe de la Policía de la provincia, Julio Cesar Suarez, parecía un Willy Wonka cordobés. Estaba fascinado: había descubierto y desbaratado una fábrica de marihuana. “Es una cosa increíble –contaba a los periodistas–. Había panes, shampues y cremas, todo hecho con marihuana. Una cosa increíble”.

El hallazgo fue el resultado de 75 allanamientos realizados en el marco de un operativo saturación en cinco barrios del este de Córdoba, señalada como la zona caliente de la venta de drogas. Y la “industria marihuanera” era en los hechos la casa de la familia Ahumada, cultivadores, usuarios terapéuticos que se servían de los derivados de la planta para paliar los dolores reumáticos de Élida Susana Ahumada. La mujer fue detenida junto a su hijo Andrés y su nuera, Belén Vega, en su casa del barrio San Vicente, donde los uniformados encontraron dos plantas en estado de floración, un poco de marihuana disecada, y algunos productos medicinales.

La fábrica era humo. El operativo pasó de “golpe al narcotráfico” a bochorno en cuestión de horas. El Gobierno de la provincia, que había cargado la noticia en su página oficial, decidió retirarla. “No sé a qué se refería el jefe de Policía, pero ‘fábrica’ no es la expresión que yo utilizaría”, dijo el fiscal del Fuero provincial de Lucha Contra el Narcotráfico, Marcelo Sicardi. “Tampoco hay indicios de comercialización de sustancias”, aclaró.

Andrés y Belén, ambos de 26 años, padres de una beba, fueron imputados por tenencia simple. Andrés sigue preso. Como su madre, hay cientos de personas en Córdoba que usan el cannabis con fines medicinales. Muchos complementan sus tratamientos en hospitales tradicionales, con, aceites, leches, manteca, té, pasta, crema, alcohol, tintura o pastillas hechas a base de marihuana. Todo eso se produce y circula de manera muy discreta. Su principal riesgo es caer presos por la aplicación de la ley nacional 23.737, y especialmente en Córdoba, por la provincial 10.067, como en el caso de los Ahumada.

Cannabis: consumo terapéutico

Cuesta creer que las autoridades provinciales desconozcan de su existencia, al punto de confundir un par plantas para producir crema con una fabrica. “El principal problema que tenemos los usuarios terapéuticos de todo el país es que necesitamos grandes dosis para mantener nuestros tratamientos en el tiempo. Cantidades que oscilan entre 25 o 50 gramos diarios. Cuando nos allanan, nos empujan a manos del narcotráfico, porque nos quedamos sin medicamento”, dice Brenda Chignoli, una cordobesa de 51 años, activista de la organización Manuel Belgrano. En 2011 fue al Congreso de la Nación a contar su experiencia como paciente con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que usa cannabis para manejar el dolor desde hace casi una década.

Hay otro caso paradigmático. Se trata de un medico alópata, residente en un hospital público municipal, a quien en esta nota llamaremos “Bocha”. Usa el cannabis para tratar el cáncer gástrico que padece su madre, mientras registra la evidencia empírica en un protocolo diseñado por él mismo. “La medicina occidental no admite parámetros mensurables para comprender los beneficios de esta planta. Condena a los enfermos a caer en los mismos medicamentos que muchas veces no calman sus dolencias y que existen gracias a intereses económicos muy grandes”, afirma.

Además de la judicialización, el otro riesgo que asumen los pacientes es quedar a la deriva de un sistema de salud pública cerrado a otras alternativas.

En diciembre del año pasado, “Bocha” vio cómo el cuerpo de su mamá, de 55 años, se consumía hasta el punto de bajar 20 kilos en pocos días. Para evitar la metástasis, extirparon su estomago y unieron el esófago directo al intestino. Él, un médico generalista de 32 años, conocía bien las consecuencias: pérdida de apetito, nauseas al comer, incapacidad para asimilar los alimentos y una vida condenada a los cocteles de fármacos. “Mi mamá se llenaba con solo oler la comida”, explica.

Bocha, que fumaba un porro de vez en cuando, se volcó entonces a estudiar los otros beneficios de la planta. Tenía un doble propósito: proporcionarle un tratamiento alternativo y eficaz a su madre y comenzar un registro de investigación científica basado en la evidencia. Pero en la Cátedra de Farmacología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) no encontró ni un solo protocolo que le sirva de marco para analizar una sustancia ilegal y negada por la comunidad científica. Entonces escribió su propia ruta de investigación y comenzó el registro, el 15 de enero de este año. “Las reacciones fueron inmediatas. Comenzó a comer, dejó los analgésicos, no bajó mas de peso –explica, en la guardia del lugar donde trabaja . Mi gran problema es el componente subjetivo de la experiencia: se trata del cuerpo de mi madre. El otro, es la cerrazón de la comunidad científica. Yo a esto no se lo puedo contar ni a mi jefe”.

Su madre tampoco sabe que esas gotas alcoholadas que consume son a base de marihuana. “Tenemos una diferencia generacional e ideológica. Ella abandonaría el tratamiento”, admite. El oncólogo que atiende a su madre, ignora también cual es la base de la medicación que hace efecto en la mujer. “Las experiencias de todas las personas que se sirven de esta y otras plantas, están condenadas a la ignorancia. La alopatía es una medicina que no cura”, dice él, un medico alópata, que sin embargo sabe diferencia dolor de dolencia. “La dolencia es lo que sentís. Tiene que ver con la historia del cuerpo y con su relación con la naturaleza”, aclara. 

Bocha registra en su protocolo el proceso de producción de la alcoholatura –tipo de planta, tiempo de floración, dosis. “Para eso necesito tener plantas. Para un enfermo no tener plantas es no tener la medicación. Por suerte nunca necesité comprar. Algunos amigos cultivadores me regalan”.

Con pericia científica afirma que el THC produce tres efectos que ha podido comprobarlos en su madre: “Por un lado, es antiemético, antinauseoso, remplaza al Reliveran. Por otro, abre el apetito. El último es el más difícil de comprobar, pero sería miorrelajante y remplaza los analgésicos”.

Bocha no conoce personalmente a Brenda. Pero ha escuchado hablar de ella. Dice que es una eminencia. Brenda no es médica. No lo necesita.”Yo cobro tres mil pesos de la pensión y se los devuelvo a la sociedad poniéndole mi cuerpo a todo esto –dice Brenda– no tengo que pedirle más a nadie, salvo que me dejen elegir”. Ella milita con el cuerpo. Participa a través de la Fundación Sida Córdoba con los especialistas de Medicina Preventiva del Hospital Nacional de Clínicas, da charlas en universidades de todo el país, ha sido reconocida por el Concejo Deliberante de Córdoba y fue bocera de los usuarios terapéuticos en la Cámara de Diputados. Tampoco, die, necesita encabezar la Marcha Mundial de la Marihuana para exigir cambios en las legislaciones.

“Los pacientes tenemos nuestra postura. No podemos aceptar, como en Uruguay, que nos pongan un tope de consumo. Porque cada cuerpo necesita dosis diferentes –se posiciona Brenda– Tampoco aceptamos que entren corporaciones a investigar. Eso sería desconocer los saberes que ya tenemos”.

Brenda es voz autorizada para hablar de dolor. Por causa de los antirretrovirales contrajo una polineuropatía. “Hace varios años que no sé que es que me duela el cuerpo –dice–. Gracias al cannabis yo no he vuelto a caer en una guardia a que me ayuden a controlar los dolores, lo llevó a un límite digno y tolerable…El tratamiento para el VIH es carísimo. Yo tengo mis plantas, no le provoco gastos al Estado. Soy una ciudadana de bien, no vendo, no infrinjo ninguna ley, no estoy imputada de ningún delito”.

Comenzó a usarlo hace nueve años, como paliativo. Sergio Moyano, su pareja y compañero de militancia, le preparó un día una leche cannabica. “Se llama bangladeshi y se prepara para una fiesta de adoración al dios Shiva. Desde hace tres años el cannabis dejó de ser un paliativo para Brenda y pasó a ser parte de un tratamiento sistemático.

Para eso necesita tener sus cultivos. Junto con Sergio, conformaron un club terapéutico de cultivadores, tiene sus plantas en un lugar alejado de la provincia, y producen allí sus medicamentos, a través de la Red de Personas Positivas. Hace algunos meses, un helicóptero de la Policía bajó a vuelo rasante en la parcela donde tienen las plantas. Esa misma noche, mientras ellos trabajaban apurados para sacarlas antes de que llegara el allanamiento, desconocidos robaron todo en la casa de Brenda y Sergio. Al poco tiempo, Moyano fue imputado por tenencia simple. Venia de dar una charla y en su auto llevaba la colección de semillas. La consiguiente falta de medicación que le siguió a esos arrestos policiales, provocó una importante disminución en las CD4 de Brenda. “Nosotros hacemos un cultivo guerrillero: donde podemos, tiramos una semilla. Gracias a eso ahora estoy bien”, dice.