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La cuadra de Salta al 2100, en el centro rosarino, se asemeja a una gran obra en construcción. La calle está vallada, hay obreros con cascos amarillos, volquetes en la vereda, camiones con escombros, paredes apuntaladas y edificios a punto de ser demolidos. A dos meses de la mayor tragedia en la historia de la ciudad -que dejó 21 muertos, más de 60 heridos y 238 vecinos evacuados que comenzaron a regresar a sus casas- la reconstrucción avanza lentamente. Un camino similar sigue la causa judicial –con ocho imputados-, con la recusación al juez presentada por las defensas de la empresa Litoral Gas y de los administradores del edificio que explotó.

A unos veinte metros del edificio siniestrado, sobre la misma vereda, está la perfumería de Mario Amurrio. Detrás, hay oficinas y un depósito para la venta mayorista. Unida con el local por un pasillo está la casa en la que vivía Rocío -la hija de Mario- con su esposo y una beba de cinco meses. Arriba de la vivienda funcionaba el taller de joyería de otro de los hijos de Mario. Todo forma parte de la misma construcción, de tipo italiano y frente rosa.

Para entrar al local, Mario se coloca el casco amarillo que le alcanzan los agentes de Defensa Civil. Camina despacio entre los escombros, calculando cada paso. La reconstrucción no será sencilla. El Estado provincial se hizo cargo de la parte estructural. Ya apuntalaron las paredes. En los próximos días colocarán las vigas del techo. “Después viene nuestra parte”, cuenta. Y enumera: los revoques, el cielo raso, la pintura, la reconstrucción de dos semipisos que hay que tirar abajo, los vidrios, la instalación eléctrica, los aires acondicionados. La lista es más larga. Mario se detiene ahí.

A dos meses de la explosión, muchos de los 238 vecinos de la cuadra pudieron regresar a sus casas. Los demás lo irán haciendo en los próximos meses. El regreso es lento, paulatino. Los gastos de la remoción de escombros y de la reparación los daños estructurales corrieron por cuenta del Estado, que además, les otorgó a los frentistas de Salta al 2100 un subsidio de 20 mil pesos para alquileres. La Fundación Rosario repartió los fondos recaudados en colectas, recitales y otras actividades solidarias.

Para algunos la ayuda es insuficiente. “Mis vecinos tienen tres hijos. Tuvieron que alquilar por seis mil pesos. El subsidio les dura tres meses”, se quejó Mario. La familia Amurrio fue una de las más afectadas en términos económicos: en el local y el depósito donde funcionaba la perfumería trabajaban, además de dos ayudantes, Mario y tres de sus hijos. Rocío también perdió su casa. “Otro de mis hijos tenía un taller de joyería arriba. Se le destruyó toda la maquinaria, solo le quedaron herramientas menores”, explica.  Recién a fin de año, con suerte, podría reabrir el negocio.

Una cadena de negligencias

El viernes a la mañana Mario volvió a declarar como testigo en Tribunales. A dos meses de la explosión, el expediente acumula seis cuerpos de doscientas fojas cada uno. “Este mes la causa está demorada por la recusación contra el juez Javier Beltramone”, dijo a Infojus Noticias la fiscal Graciela Argüelles, que interviene desde el primer momento. Beltramone es quien entiende en la causa desde el 16 de agosto, cuando se apartó el juez en lo Correccional Penal Juan Carlos Curto. Beltramone fue recusado por los abogados de Litoral Gas y los de la Administración Calvillo. Litoral Gas es la empresa concesionaria en Rosario y Calvillo era la administradora del consorcio de Salta 2141. Para los letrados, el juez, en declaraciones públicas demostró “imparcialidad”. En una primera instancia, Beltramone rechazó esas recusaciones y ahora es la Cámara de Apelaciones quien debe decidir si acepta la recusación, “no tiene plazo para expedirse, pero calculo que será en breve”, explicó Argüelles.

La causa judicial por la explosión tiene ocho imputados y ningún detenido. El gasista, Carlos García, estuvo preso los primeros diez días después de la explosión. Está imputado como “autor material del estrago”. Su excarcelación fue la primera medida que tomó Beltramone en la causa.

Desde el día de la tragedia García no puede dormir. Está bajo tratamiento psiquiátrico y aseguran que no se siente responsable por lo que sucedió ese día.

Junto a García y su asistente, Pablo Miño, están imputados tres inspectores de Litoral Gas  y un primer gasista que trabajó en el lugar varios días antes de la explosión. También lo están los titulares de administración del edificio: Mariela Calvillo y su esposo, Carlos Repupilli y su mamá, Norma Bauer de Calvillo. Los dos primeros fueron imputados y citados a indagatoria pero “se abstuvieron de declarar”, explicó Argüelles. La indagatoria de Bauer de Calvillo se suspendió. Poco antes su defensa recusó a Beltramone. “En el edificio tenían que cambiar dos reguladores y el sistema. En los mails que intercambiaron con los propietarios queda claro que la administradora propuso a García y decían que iba a hacer todo y a cambiar un regulador”. Nada se hablaba ahí del otro regulador.

En breve comenzarán a saberse los resultados de los peritajes que se realizan para determinar qué pasó esa mañana. La primera reunión de la que participaron los peritos de todas las partes tuvo una conclusión en la que estuvieron todos de acuerdo: “la válvula (de gas) estaba abierta y se podía accionar”. Todo indica que García “es el último eslabón de una cadena de negligencias. Hubo varios responsables”, dijo Argüelles.  

Junto a los seis cuerpos de la causa, hay  cientos de expedientes por separado. Son de personas fallecidas, de quienes sufrieron lesiones y los que tuvieron daños materiales. Las tres caras de una misma tragedia.

Fotos: Ramiro Ortega