Infojus Noticias

La jueza Elena Liberatori, del fuero contencioso administrativo de la ciudad, convocó a una audiencia a la Defensoría General, la Asesoría Tutelar, al presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20 y a autoridades del Gobierno porteño para tratar analizar la toma del predio lindero al asentamiento y buscar una solución. El defensor general adjunto en lo penal, Luis Duacastella, se reunió ayer y el lunes con los delegados de la toma para elaborar una propuesta para presentar ante la jueza. “Logramos la unidad”, dijo a Infojus Noticias.

La reunión será al mediodía en la sede del Juzgado Nº4 –Av. de Mayo 654-. Están citados el procurador porteño Julio Conte Grand, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, el nuevo defensor del Pueblo Alejandro Amor, el asesor tutelar Gustavo Moreno, y Duacastella –defensor oficial de los ocupantes y de las asociaciones que litigan para protegerlos (ACIJ y Cels, entre otras). Las autoridades de la ciudad tendrán que responder a la propuesta del defensor, que lleva la firma de todos los delegados de la ocupación.

El fiscal Carlos Fel Rolero volvió a solicitar el desalojo –por tercera vez consecutiva- a pesar de que la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas no avalará la medida hasta no resolver la apelación presentada por Duacastella. La jueza Liberatori también se expidió sobre el desalojo –anoche, en una resolución a la que accedió Infojus Noticias-, y convalidó la orden de Vega de liberar el predio. Sin embargo, hasta que la Cámara no resuelva la apelación del defensor oficial, la medida no podrá realizarse. Si el tribunal de alzada avalara el desalojo, recién podría realizarse mañana.

La causa que lleva la jueza se remonta al 2005, y fue iniciada por la Asesoría Tutelar por la necesidad de los vecinos de la Villa 20 de acceder a una vivienda digna y el daño generado por la contaminación del terreno lindero, el ex cementerio de autos. Ese mismo año fue sancionada la ley 1770, que dispone la urbanización de los asentamientos y asigna esas mismas tierras y las del terreno ocupado para que se construyan soluciones habitacionales. El GCBA lleva nueve años sin cumplirla, y aún no ha completado los primeros pasos, que atañen al saneamiento de las tierras contaminadas con plomo y otras sustancias tóxicas.

Dadas las novedades en el litigio en el otro expediente –el que está a cargo de Liberatori-, Vega podrá enfocarse específicamente a estudiar cómo surgió la ocupación, y si no hubo motivaciones ocultas por parte de sus impulsores. Algunos vecinos apuntan al ex presidente de la Junta Vecinal, Marcelo Chancalay, empleado por el Ministerio de Desarrollo Social desde 2005. Una hipótesis es que los responsables de promover la toma hayan ocupado lotes para venderlos de palabra a familias que se acercaron, que podrían haberse retirado después de hacerse del dinero.