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"Estamos inaugurando mucho más que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estamos inaugurando la revalorización de los bienes del Estado, del patrimonio de todas y todos los argentinos", dijo Cristina Fernández de Kirchner al abrir la ceremonia de apertura de la nueva sede del ministerio, en avenida España 2591. En el acto que se llevó a cabo en el cuarto piso, la Presidenta descubrió una placa y recordó la historia del edificio de 7000 metros cuadrados, con capacidad para 800 empleados, que funciona en el viejo astillero naval y estuvo casi 30 años abandonado.

Antes del discurso inaugural, Cristina participó de tres teleconferencias: con las ciudades de Marcos Juárez, General Arenales y Bariloche, donde se inauguraron desde viviendas hasta una terminal de ómnibus. También entregó el DNI y pasaporte número 37 millones, que se produjeron desde 2009. Arriba del escenario y en su misma mesa, se habían ubicado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el secretario de Justicia, Julián Álvarez; el ministro de Planificación, Julio De Vido; y el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. También el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Alberto Vulcano.

Sobre esa base de la recuperación del patrimonio, la jefa de Estado señaló que esa decisión genera las críticas y que no hay que esperar el aplauso de los centros de poder. “La historia se toma sus tiempos, pero los reconocimientos siempre llegan", desafió.

-No van a poder- gritó un hombre, desde atrás, y esa interrupción pareció gatillar el discurso hacia otro lugar.

-No sé si no van a poder – respondió la presidenta Cristina Fernández- Eso va a depender exclusivamente de los argentinos. Luego de 30 años de democracia vamos a tener que tomar en nuestras propias manos y no esperar al dirigente de turno.

Un minuto después terminó el acto en el edificio que funciona dentro del predio del Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), en Costanera Sur.

“Todos los muebles fueron construidos por personas que cumplen condena y así estamos cumpliendo con el mandato constitucional de que las cárceles sean para recuperación”, había dicho Cristina, desde el cuarto piso, y destacó que este año la cartera que encabezan el ministro Alak y el secretario Alvarez dejará de alquilar edificios para su funcionamiento antes de diciembre. Eso implica un ahorro de 40 millones de pesos anuales.

Esa política, que permite darle una utilización más eficiente a los edificios del Estado nacional en desuso, fue detallada en el decreto de creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que se formó hace dos años. “Esto es recuperar el valor social del patrimonio del Estado”, definió la Presidenta desde el edificio que había estado deshabitado durante treinta años.

El edificio donde funcionan varias dependencias del Ministerio de Justicia fue parte de un proyecto impulsado por el almirante y represor Eduardo Massera. Se trató del astillero Domeq-García, que se construyó con un crédito internacional, que integra la deuda con el Club de París. Se trata de 700 millones de dólares que no sirvieron para construir ninguno de los submarinos con los que soñó la dictadura: de los tres que se propuso hacer, uno está convertido en una suerte de estatua de metal a unos metros del edificio y los otros  dos fueron vendidos como chatarra. Cada casco de submarino cuesta unos 700 millones de dólares pero se vendieron al peso, como hierro viejo.

Ahora, el CINAR está compuesto por el Astillero Storni (como rebautizaron el Domeq-García) y Tandanor, que fue privatizada en una maniobra que fue investigada y está lista para ser elevada a juicio oral. Ese fue el punto de juntura que usó Cristina para hablar de las Justicia, los fraudes al Estado y la recuperación de sus bienes –Tandanor fue renacionalizado, tiene casi 600 trabajadores y repara barcos de distinto porte-.

“Algunos quieren la prescripción de la causa –para evitar que sea elevada a juicio oral- pero esperemos que la Justicia no haga lugar a ese desapoderamiento como ocurrió con la Sociedad Rural”, advirtió y los militantes volvieron a cantar como cuando ingresó al salón: “Proyecto nacional y popular/ te juro que en los malos momentos/ los pibes siempre vamos a estar”.

En medio de la discusión política con el Poder Judicial, Cristina tomó un respiro para bromear con el llanto de Martina Eva, la hija de Florencia Carignano, subsecretaria de Acceso a la Justicia. Hacía ya tres horas que se aguantaba calladita el ir y venir de la preparación del acto, la circulación de personas y toda la tensión que precede a la llegada de la jefa de Estado a un acto.

Esa especie de aire fue solo un suspiro antes del hueso del discurso, que sólo fue interrumpido con ese diálogo con el militante: “No se escuchaban tantas voces, ni tantas denuncias cuando se entregaba vergonzosamente el patrimonio nacional. Se hicieron hasta privatizaciones por decreto. Ojala hubiéramos tenido tantos fiscales y abogados como ahora que están tan atentos a las denuncias que deben ser probadas".

Para mostrar el contrapunto de políticas públicas, se refirió a la licitación que ganó la alemana Siemens para imprimir los documentos. “Ni qué hablar de lo que fue, todavía sigue produciendo escándalos aquella famosa licitación por la cual había que poner mil millones de dólares para poder tener documentos nacionales de identidad, y todavía hay funcionarios procesados”, afirmó Cristina y se refirió, aunque sin nombrarlo, al secretario de Hacienda de Vicente López, Guillermo Andrés Romero, que en diciembre fue procesado por ser considerado "partícipe necesario del delito de cohecho activo". Y remató: “El otro día leía en el Evangeli Gaudium del papa Francisco, la corrupción pública y privada tampoco reconoce ideología ni fronteras y asuela a todos los países”.