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El gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, dijo ayer que se suspenderán a todos los funcionarios que intervinieron en el caso de los maltratos que sufría Luciana Rodríguez, la nena de 3 años asesinada a golpes y por cuyo crimen detuvieron a su madre y al padrastro.

El mandatario provincial también informó esta tarde en una conferencia de prensa que el personal de la Dirección del Menor se hará cargo de las otras dos hijas de la pareja imputada, Rita Estefanía Rodríguez Ríos (24) y Jorge Orellano Carrizo (36).

Desde marzo del año pasado, distintos organismos provinciales trabajaban en el caso debido a las denuncias que aseguraban que Luciana recibía maltratos y vivía en situación de abandono.

El gobernador dijo que le pidió al ministro de Desarrollo, Cristian Bassín, la suspensión de todos los operadores involucrados. Sin especificar quiénes son esos funcionarios ni cuántos, el gobernador indicó que se iniciará un sumario administrativo para saber cuáles son las responsabilidades del personal del Ministerio de Desarrollo Social, en especial, de la Dirección del Menor y del Órgano Administrativo Local, que siguieron el caso de la familia de Luciana, que ya contaba con problemas para cuidar a la niña.

Para Pérez, se trata de un "crimen aberrante" y calificó a quien lo haya cometido de "una bestia". Sin embargo, defendió el trabajo realizado por el Órgano Administrativo Local -que trabaja con niños en situaciones de vulnerabilidad- al recordar que el organismo tomó el año pasado unas 27.600 denuncias de violencia intrafamiliar y recalcó que cuando asumieron "había 30 situaciones y hoy 10".

"Hay un trabajo, pero eso no quita que haya habido negligencia, descuido o que se subestimó la situación particular", dijo Pérez, quien reconoció que se trata de un sistema "perfectible" en muchos aspectos.