Infojus Noticias

Dos años después de comenzado el litigio judicial,  un fallo de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario obligó al  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a rescindir el convenio con el Centro Preventivo Asistencial Casa Púrpura (Ce.Cre.Ap SRL). El centro, que  funcionaba como un hogar tercerizado para niños y jóvenes con alteraciones de salud mental, había sido denunciado por la Asesoría Tutelar de Menores e Incapaces en 2013 por graves irregularidades.  La decisión de la Cámara también obligó al Ejecutivo porteño a habilitar un efector propio para jóvenes en situaciones especiales de vulnerabilidad. El nuevo centro, funciona ahora en el predio del Hospital Alvear con la dinámica de residencia protegida, a medio camino entre la internación psiquiátrica y la autonomía. Desde esta semana aloja a los 17 jóvenes que residían en Casa Púrpura.

 “Lo novedoso de esta sentencia es que por primera vez un juez dictamina teniendo en cuenta los derechos y tratamientos. Contempla la perspectiva la nueva ley de salud mental en materia de derechos humanos y criterios de protección integral de la infancia. Hasta ahora sólo se habían pronunciado respecto a cuestiones edilicias” expresó a Infojus Noticias la Clarisa Adem, secretaria letrada de la Asesoría Tutelar ante el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario N° 1 de CABA.

La Asesoría Tutelar de Menores e Incapaces, a cargo de la Dra. Mabel López Oliva, se ocupa de supervisar las condiciones en que se encuentran niños y personas con discapacidad, tanto a nivel edilicio como en relación al alojamiento y los tratamientos brindados a estos en la ciudad. Realizan visitas periódicas a los centros, y si éstos no cumplen con los estándares contemplados en la ley piden que se realicen las modificaciones necesarias, y que se regularicen las situaciones. Si no hay respuestas elevan los expedientes para que sean juzgados por vía judicial.

Luego de varias visitas a Casa Púrpura y reiteradas intimaciones por serias irregularidades observadas allí, Oliva denunció a este centro ante a la justicia, en 2013.  En el expediente mencionaba problemas tales como sobremedicación de los chicos, falta de escolarización, falta de documentación personal, maltrato institucional permanente, falta de tratamiento.

La puja judicial

“Denunciamos varias veces. Trabajadores que pasaron por la institución efectuaron denuncias penales de lo que ocurría ahí adentro. Por un lado están esas causas penales, que son las más difíciles y por otro el juicio para que el gobierno rescindiera el vínculo con esta sociedad anónima, deje de pagarle y que les brinden un lugar adecuado a los chicos que residían ahí”, dijo Adem a Infojus Noticias.

En 2013 el juez Aurelio M. Ammirato tomó la petición y sentenció de forma favorable. Obligó al Gobierno de la Ciudad a rescindir contrato y dar de baja de su registro de proveedores a Casa Púrpura  y a crear un efector propio con características que responden a los estándares básicos de los derechos humanos de niños y personas con afectación de su salud mental.  

La aplicación de esta disposición se vio demorada durante dos años porque el Ejecutivo de la Ciudad apeló el fallo, el cual regresó a la Cámara para ser ratificado con un plazo para construir el efector. Plazo que venció en octubre. Esta semana fueron trasladados 17 jóvenes de entre 18 y 23 años a un nuevo edificio con entrada independiente construido en el predio del Hospital Alvear. Un niño que estaba alojado en Casa Púrpura fue llevado a un hogar para menores de 18.

Adem contó a Infojus Noticias que “Para llegar a esta instancia se hicieron varias mesas de trabajo, con el gobierno de la Ciudad, con gente de salud mental, con el consejo de los derechos del niño, con los defensores de menores que los chicos tienen por disposición judicial para buscar alternativas. No hubo acuerdo. Entonces el juez resolvió un sistema de vigilancia en la institución para que no sigan pasando atrocidades”.

Bajo la nueva ley de Salud Mental

Con el cumplimiento de esta sentencia, el Gobierno de la ciudad habilitó la segunda Residencia Protegida a Medio Camino para jóvenes, pública y mixta, que depende de la Dirección General de Salud. Cuenta con 19 plazas. La nueva ley de salud mental y la ley 448 de la ciudad, propicia que este tipo de efectores sea la regla y no la excepción, como sucede en la realidad, donde hay muy pocas con una dinámica de pocas plazas donde los jóvenes manejan cierta autonomía.

Estas residencias contemplan cierta independencia de los jóvenes, quienes trabajan, estudian y tienen sus tratamientos psiquiátricos extramuros. Los profesionales en el lugar acompañan sus tratamientos. Estos son los efectores que propone, por fuera de la mirada de manicomio, la nueva ley de salud mental.  “Fue una batalla judicial importante. El juez dijo menos de esto para los chicos no y adoptó todos los criterios mencionados en la nueva ley. Obliga que se cumplan, ya no se acepta cualquier efector ni cualquier lugar para alojar a los chicos” concluyó Adem.

JB/AF