Lo dijo Esteban Righi, abogado penalista y ex procurador General de la Nación durante la apertura de la segunda jornada del congreso. El debate giró en torno los altos índices de presos sin condena y las condiciones de las cárceles.
Empezó la segunda jornada del II Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología que se realiza en la Universidad Nacional de La Matanza. A salón lleno, más de 800 penalistas y criminólogos de Latinoamérica y el mundo participaron de la conferencia de apertura, que estuvo a cargo de Esteban Righi, abogado penalista y ex procurador General de la Nación. Hablaron también Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Trato al Delincuente (ILANUD); Inmaculada Melo, jueza del Tribunal Constitucional de Angola; y Roberto Santana, coordinador regional del Centro de Excelencia de las Naciones Unidas por la Reforma Penitenciaria. Bajo la consigna “La prisión preventiva en América Latina y África”, los panelistas intentaron dar respuestas a uno de los mayores flagelos del sistema penal en la región: los altos índices de presos sin condena.
“Nuestros países necesitan tolerancia cero, pero tolerancia cero a la exclusión social”, dijo el encargado de abrir el evento, Elías Carranza. “En países sin justicia social nunca ha habido justicia penal justa”, expresó el director del ILANUD. El penalista partió de una investigación que hizo tiempo atrás con el ahora juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, que lo escuchó entre la audiencia, “en épocas de escuadra, lapicera y tinta china”. Los datos de 1981 mostraban un menor número de presos sin condena en los países latinoamericanos con sistema penal continental-europeo, en comparación con los que aplicaban un sistema penal anglosajón. La diferencia fue modificándose con el tiempo, para alcanzar valores disímiles en el siglo XXI.
Carranza analizó los porcentajes de presos sin condena, es decir, con prisión preventiva, en la región. “Es un fenómeno que está afectando a toda la región de América latina y el Caribe, que tiene que ver con la forma que ha venido gestionándose la globalización: gran inequidad en la distribución del ingreso tanto en el mundo como al interior de los países”. Según los índices que mostró, Argentina está actualmente entre los países de Latinoamérica con menor sobrepoblación carcelaria, mientras en el extremo contrario se encuentra El Salvador.
Noticias desde África
“Vengo a traer no sólo a Angola sino un pedazo de África a reflexionar sobre estos temas de la prisión preventiva”, dijo Inmaculada Melo. La jueza constitucional dio cuenta de la situación en su país: mientras se abrieron 32.913 procesos, fueron registrados 38.536 presos. Es decir, existen 5.623 presos sin proceso. A su vez, según un estudio realizado en Angola en 2007, ese año se liberaron unos 3.000 imputados por exceso de prisión preventiva. “Como pueden ver- dijo Melo- aquí no hay ningún engaño. Primero se detiene para después ser investigado.”
“Independientemente del nivel de peligrosidad, el derecho a la libertad es un derecho absoluto”, expresó la jueza, quien señaló que la problemática en su país “gravita alrededor del conflicto entre la ley ordinaria y la Constitución de 2010.” “El cuello de botella surge porque tenemos una Constitución que profundiza de una forma sintetizada la cuestión de los derechos humanos, pero se trabaja con leyes que datan de casi dos siglos”, explicó Melo.
La ilegitimidad de la prisión preventiva
Roberto Santana, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, puso el acento en la situación de las cárceles y la función que cumplen, poniendo como ejemplo las reformas del sistema penitenciario de su país. “Nos dimos cuenta que el modelo de prisión no podía seguir siendo un modelo militar. Tampoco podía ser un modelo empresarial: tenía que ser lo más parecido a una escuela”, expresó Santana. “Ayudar a reinsertarse en la sociedad es un trabajo de educadores y no de policías”, agregó.
“Se habla de alternativas a la prisión. Nosotros creemos que es al revés: la alternativa es la prisión, y lo normal es que la persona cumpla su pena en libertad. Sabiendo que la prisión es una opción terrible, dolorosa y de dudosos resultados”, planteó Santana. “¿Nos preocupa o no nos preocupa qué van a hacer los presos cuando salgan? Si nos preocupa, tenemos que trabajar para que esas prisiones sean lugares de cambio”, expresó.
Concluyó el encuentro Esteban Righi: “La prisión preventiva es el encierro de un inocente”. El ex procurador definió que la prisión preventiva viola el principio de inocencia y quita importancia al proceso principal. “El porcentaje de condenas es mayor cuando se sentencia a alguien que viene en prisión preventiva. Una explicación posible es que hay un prejuicio judicial contra un detenido, porque una absolución pondría en evidencia que hubo un proceso anómalo”, dijo Righi. Afirmó que “todos tenemos la convicción de que los jueces aplican en cantidad excesiva el encarcelamiento preventivo”.
Righi tomó algunas de las posiciones que se escuchan “en la calle y en los programas de televisión”. “Hay dos puntos que son incompatibles: los argumentos que respetan la idea del Estado de derecho y, en la vereda de enfrente, los de las campañas de ley y orden, que dicen que la prisión preventiva es una herramienta de lucha contra el delito”, dijo. Su posición respecto al debate fue clara: “Sólo es legitima la prisión preventiva si es imprescindible para preservar evidencia o para impedir la fuga del acusado, y si existe un auto de procesamiento”.