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Durante dos días, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, estudiantes, organizaciones, líderes indígenas y campesinos debatieron sobre el rol de la Justicia en el marco de los conflictos por el territorio en nuestro país. Nociones como racismo, invisibilización, derecho a la consulta previa, preexistencia y usurpación resonaron en el seminario “Territorio y Derechos Humanos”.

La jornada estuvo organizada por la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Derechos Humanos. Francisco Pérez es salteño y pertenece a la etnia wichí. Habla pausado y hasta hace chistes sobre cuánto tiempo durará su exposición. Espera paciente su turno en una mesa con siete compañeros dirigentes indígenas y representantes de organizaciones, donde disertará sobre un conflicto que lleva años y que llegó, incluso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Esto no termina, estamos cerca de recuperar 400 mil hectáreas que van a ser de libre ganadería”, dice Francisco, coordinador de la asociación de comunidades indígenas Lhaka Honhat, que significa “nuestra tierra”.

Su caso representa los obstáculos que el poder judicial pone para los reclamos indígenas: la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni siquiera trató el tema porque “no es competencia originaria”. Las jornadas tuvieron la adhesión, entre otras organizaciones, de la agrupación Justicia Legítima que expresó su solidaridad con los pueblos indígenas y campesinos denunciando “su discriminación en el ámbito Judicial”.

“¿Quiénes son los que tienen acceso a la justicia?, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener esa ansiada justicia?”, se preguntó Cipriana Palomo, de la Federación Pilagá, que reúne a unas 20 comunidades. “Tenemos que salir a la ruta”, se contestó la mujer que con una mirada dura. “Yo como mujer pilagá veo a la justicia como mérito propio”, dijo.

La lucha por la Naturaleza

Cristóbal Núñez llegó desde Pampa del Indio, Chaco. Después de recordar los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales levantó la mano y pidió el micrófono: “Queremos una mayor participación”. Estaba ubicado justo en el centro del auditorio. Se paró, y dijo que “como pueblo prexistente, tenemos que cuidar nuestra tierra”.

Miguel Brassiolo, de la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), detalló que se trata de “la lucha por la existencia y las múltiples formas de ser en y con la naturaleza” y dijo que sólo en la región chaqueña se detectaron unos 300 conflictos donde el rol del Poder Judicial es “ser uno de los principales obstáculos” para resolverlos. Robert Gross, de Miserior –una agencia internacional que financia unos 25 proyectos en el país- sostuvo que “a mí no me gusta estar aquí, no deberíamos estar hablando de falta de acceso a la justicia en Argentina” aunque recordó que en la región hay casos similares como el de la “masacre de Curugayty” en Paraguay donde hay “11 campesinos que no tienen garantías de un juicio justo” y hay “una plena ausencia de derechos”.

Se trata del caso que derivó en el golpe de Estado y la destitución del presidente de aquel país, Fernando Lugo. Por su parte, Eduardo Hualpa recordó sus años en la facultad cuando durante siete años “jamás escuché hablar de los derechos indígenas” y dio cuenta de que “las estructuras de discriminación permanecen intactas” y los indígenas “son en el mejor de los casos, ciudadanos de segunda”.

Hualpa fue quien el año pasado patrocinó a una comunidad que logró un fallo favorable en la Corte Suprema por un conflicto de tierras en Chubut. Explicó que existen “jueces, fiscales y defensores que no se abren, no escuchan, que no entienden” porque “el error cultural es del sistema hegemónico”. Ejemplificó este concepto recordando que “el planteo de que los mapuches no son argentinos es un planteo vigente” y con eso “se niega su existencia de derechos” lo que es el modo “más violento de racismo” y recordó que “las grandes reformas se hacen a espaldas de los pueblos indígenas”.

Sandra Serrano, especialista en derecho internacional, habló mediante videoconferencia y sostuvo que “la consulta previa es en el fondo un elemento político, de igualdad política” porque “el acceso a la justicia es uno de los problemas más graves” y “no podemos hablarlo si no lo vinculamos con el derecho a la igualdad”.

Los conflictos por el territorio

CELS y REDAF están en pleno proceso de culminación de un informe donde se analizan unos 18 casos judiciales con conflictos por territorios. Durante las jornadas se dieron a conocer algunos datos macro también sobre la zona chaqueña, con 857 conflictos donde en el “87 por ciento la condición de los campesinos es sólo de posesión pacífica y continuada”.

“En la mayoría de los casos se usa el ´delito de usurpación’ para solucionar conflictos territoriales”, dijo Camilo Galindo, uno de los que participó por parte del Cels en la elaboración del informe, y detalló que  la justicia “funciona más rápidamente cuando el derecho lo activan los empresarios”.

Luego apuntó contra las sentencias donde “está invisible el control de convencionalidad y no tienen incorporado el concepto de territorio” y donde “la tierra es un asunto provincial y por eso le corresponde a la provincia”. Esto último en clara referencia a una serie de fallos de la Corte Suprema donde se expresó que  no era “competencia originaria” del máximo tribunal.

Gastón Chillier, Secretario Ejecutivo del Cels, sostuvo que “el caso de la comunidad ‘La Primavera’ muestra la dinámica de estos casos y el rol de la Justicia” puesto que “la cara del Poder Judicial es el sistema penal” y “en general garantiza el derecho cuestionable de los privados con órdenes de desalojo” y “criminaliza a los dirigentes”. Ejemplificó con el caso del qarashe Félix Díaz que “tiene tres causas penales en la provincia” aunque “la causa por la muerte del integrante de la comunidad -durante la represión de 2010- cerró”. Y agregó que son los “tenedores o empresas” las que “reclaman tierras ocupadas ancestralmente por comunidades indígenas y campesinas”.

GA/JMM