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Carlos Orlando Casafús se sentó frente al Tribunal Oral Federal 6 (TOF) y juró decir la verdad sobre lo ocurrido hace 12 años: el 20 de diciembre de 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa ordenó despejar de manifestantes la Plaza de Mayo. Entonces, era sargento en la Policía Federal y se desempeñaba como chofer del director General de Operaciones, Norberto Gaudiero. Esa tarde, alrededor de las cuatro, escuchó a Gaudiero atender un llamado de la jueza federal María Servini de Cubría, donde le pidió que cesara la represión y le advirtió que “había un muerto”. El ex comisario le transmitió el mensaje al entonces jefe de la Federal, Rubén Santos, y este fue tajante: “El estado de sitio está sobre la Justicia”, le respondió.

En este juicio, Santos y Gaudiero están acusados de manera indirecta por el homicidio (culposo) de Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, heridos por balas esa tarde en las calles del centro porteño. Y, además por abuso de autoridad y por incumplir con sus deberes como funcionarios públicos al no haber actuado para impedir esos asesinatos y las heridas ocasionadas a otros cientos. En el debate oral, que se desarrolla desde febrero en los tribunales de Comodoro Py, ya fueron tres los sobrevivientes que contaron que desde ese día tienen una bala de plomo en su cuerpo porque corren riesgo si se las retiran, de la cabeza en el caso de dos varones jóvenes y de la espalda una chica–. Otros tantos, hablaron sobre las secuelas por las balas o los golpes recibidos.

Ahora, desde hace unas semanas, citados como testigos los jefes de la Federal y los policías que participaron del operativo pueden dar las pistas sobre cómo se gestó la represión. El miércoles pasado, Casafús ubicó a su jefe (Gaudiero) y a Santos en la sala de situación, donde se tomaron las decisiones.  Contó que la mañana del 20, Santos parado en medio de la habitación y “a viva voz” dijo “quiero 50 detenciones” y que se desaloje la plaza de Mayo. “De manera automática”, conto el testigo, la orden fue transmitida por el operador de la consola de modulaciones, el principal Oscar Passi, citado para futuras audiencias en este juicio. La fecha de su testimonio depende de que el personal técnico de Gendarmería termine de digitalizar las cintas donde se grabaron las comunicaciones que mantuvieron ese día los integrantes de la fuerza por los canales oficiales.

Fisuras entre los imputados

Esta mañana fue el turno de Juan Migliozzi, uno de los policías que encabezó las unidades de combate para la represión. Contó que a eso de las seis y media de la tarde, llegó con unos 20 hombres a cargo al cruce entre las calles Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña, para evitar que los manifestantes llegaran a plaza de Mayo. Durante tres horas, el entonces integrante del Cuerpo de Operaciones Federales (COF) relató con detalles las últimas horas de la jornada que terminó con muertos en las calles y la renuncia del gobierno que ordenó la represión.

Migliozzi confirmó que las órdenes las recibió desde la Dirección General de Operaciones, donde otros testigos confirmaron que estuvieron Santos, Gaudiero y el ex comisario Raúl Andreozzi, entonces superintendente de Seguridad Metropolitana. Migliozzi fue medido en sus declaraciones; pero cuestionó las medidas dispuestas por Santos para el funcionamiento de la fuerza. Contó que para esa fecha Santos había dado orden de “desjerarquizar” el COF, lo que determinó que las unidades de combate no contaran con estructura suficiente para su desempeño.

La defensa del ex jefe de la federal, encabezada por Virgilio Loiácono y Adolfo Vázquez, intentó rebatir esta línea de la exposición del testigo pero la defensa de Gaudiero, en manos de Marcelo Rocchetti, insistió en ese sentido. Comienzan así, a aparecer en el debate las primeras divisiones entre los imputados a la hora plantear sus estrategias defensivas para dividir responsabilidades sobre quiénes y cómo dieron las órdenes durante la trágica jornada.

Sobre el operativo, Migliozzi contó que a poco de llegar a la zona asignada se quedaron sin municiones y que fueron reabastecidos “solo en una oportunidad”, y con mora. Después, preguntado por las defensas, habló de la retirada “ordenada” y “programada” de los manifestantes; pero ante las preguntas de la fiscalía y de la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), no pudo brindar precisiones sobre los motivos que lo llevaron a esa conclusión. Lo atribuyó a que “mayoritariamente se retiraron después de la renuncia de De la Rúa” y, a que durante la jornada, usaron molotov para avanzar frente al operativo policial.

Las ordenes de Mathov

El ex comisario de la Federal, Sergio Russo también fue de la partida de testigos esta semana. Contó que en diciembre de 2001 se desempeñaba en la Superintendencia de Investigaciones, y fue convocado con otro subcomisario y unos treinta hombres de distintas divisiones, “con la finalidad de evitar hechos violentos y que la plaza de Mayo fuese ocupada”. Explicó que no recibió indicaciones precisas de ningún superior y que -vestidos de civil-, desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de ese día­­, avanzaron sobre los manifestantes, siempre detrás de la Montada en sus caballos y de la Infantería. “Fue un descontrol en realidad, las comunicaciones eran fallidas”, dijo cuando le preguntaron si tenía a quién reportarse.

No es la primera vez que ese escucha la versión de este comisario en el debate que llevan adelante los jueces José Martínez Sobrino como presidente del tribunal, Javier Anzoátegui, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín (como juez sustituto). En mayo, a tres meses de que se inició el juicio, el equipo de la fiscalía asignado al debate presentó un compilado de registros fílmicos sobre los hechos. Allí, se ve a Russo entrevistado por Georgina Barbarrosa, en 2001:

— “¿Por qué están atacando así a la gente? — preguntó la conductora. Que venían con palos y piedras, fue la respuesta de Russo.

—A las madres de Plaza de Mayo yo no las vi con palos, ni con piedras—, respondió Barbarossa y arremetió: ¿Quién le da las órdenes a usted? ¿Cómo es la cadena de mandos? —, insistió cuando el comisario intentó eludir la respuesta.

—El jefe de policía (Santos), el señor Mathov (secretario de Seguridad de De la Rúa) y el ministro del Interior (Ramón Mestre, fallecido antes que se iniciara este juicio) —, contestó el entrevistado. 

Este es el primer juicio en el que autoridades políticas -democráticamente elegidas- deberán responder por las muertes que ocasionaron las fuerzas de seguridad a su mando.