Infojus Noticias

En el juicio por la represión que en 2001 marcó el fin del gobierno de Fernando de la Rúa la fiscalía pidió la detención por falso testimonio de Horacio Alberto Clarke, un ex subcomisario de la Federal que convocado como testigo fue reticente a dar detalles sobre el operativo que dejó un saldo de cinco muertos y cientos de heridos en las calles del centro porteño. La medida fue rechazada por el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) el pasado viernes, pero el fiscal Mauricio Viera confirmó a Infojus Noticias que presentará la denuncia para que se investigue. La semana, por otro lado, la sala VI de la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Clarke por cobrar coimas a un comerciante a cambio de “protección”.

El 20 de diciembre de 2001, cuando la gente se lanzó a las calles -con la consigna “que se vayan todos”- Clarke encabezó a un grupo de policías apostados en una de las esquinas de Plaza de Mayo, en el cruce entre la avenida Roque Sáenz Peña y calle San Martín. Pero durante la audiencia, ante los jueces del tribunal que preside José Martínez Sobrino optó por un relato falto de memoria.

Cuando los fiscales Mauricio Viera y Mariano Domínguez le consultaron sobre sus funciones dijo que consistieron en “observación” y “prevención”; pero no dio precisiones ni sobre quién, ni cómo recibió las indicaciones ese día. Algo que sí había declarado el testigo doce años atrás, durante la instrucción de la causa. Entonces, señaló que el ex jefe de la Federal, Rubén Santos, fue quien dio la orden para detener a los manifestantes y desalojar la plaza; y reconoció esta situación como una “excepción”. Durante aquella declaración, también dijo que esa medida determinó que comenzaran los “enfrentamientos”.

En este debate, Santos, y sus subordinados los ex comisarios Raúl Andreozzi, entonces superintendente de Seguridad Metropolitana, y el ex director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, están acusados por los homicidios culposos de cinco manifestantes. Y además, por incumplir con sus deberes como funcionarios públicos y por abuso de autoridad, al no haber actuado para impedir esos asesinatos.

Ahora, en el debate oral, Clarke desconoció haber estado a cargo de un grupo de policías. Dijo que en sus funciones se limitó a dar vueltas en un patrullero por la zona y que no recordaba haber escuchado las órdenes de Santos. La situación llamó la atención de la fiscalía y de la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales que le pidieron detalles sobre la jornada. Dado que el ex subcomisario admitió que ese día entre sus tareas estaba la de observar, el interrogatorio se encaminó en ese sentido.

—¿Usted vio manifestantes? —  lo interpelaron desde la fiscalía.

—No, no vi— respondió tajante.

—¿Usted vio alguna confrontación? — insistieron los fiscales.

—No, no vi— se limitó a repetir el testigo.

Los fiscales Viera y Domínguez consideraron que el testigo podría haber cometiendo el delito de falso testimonio y pidieron su inmediata detención. La querella del CELS adhirió a la solicitud; pero, por unanimidad, los jueces Martínez Sobrino, Javier Anzoátegui y  Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron la medida. Los magistrados a cargo del debate oral consideraron que Clarke no incurrió en contradicciones de la “entidad suficiente” para solicitar a un juzgado competente que investigue el delito. Ahora, la fiscalía encabezada por Viera, espera la versión taquigráfica de la declaración para presentar la denuncia.

No es la primera vez en este debate, que los testigos –entre ellos ex integrantes de la Federal que participaron del operativo- plantean dificultades para recordar los hechos, aunque muchos coinciden en su excepcionalidad. “Pero en este caso, un subcomisario que estuvo en la zona de plaza de Mayo y como responsable de un grupo de policías, que en la instrucción dijo que escuchó cuando Santos dio la orden de reprimir, ahora dice que ese día no vio manifestantes y habla de desplazamientos”, explicaron a Infojus Noticias fuentes cercanas al debate.

Este es el primer juicio en el que autoridades políticas -democráticamente elegidas- deberán responder por las muertes que ocasionaron las fuerzas de seguridad a su mando. De los más de 500 testigos citados los ex jefes de la Federal son los que están en condiciones de relatar cómo se gestó la represión y el papel que tuvieron las autoridades, entre ellos, además de Santos, el ex secretario de Seguridad de De la Rúa, Enrique Mathov.

Por las coimas

La sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el lunes pasado el procesamiento de Horacio Alberto Clarke y otros cinco policías denunciados en 2006 por recibir dinero y mercadería de un comerciante chino a cambio de protección. La causa, que ahora instruye el juzgado Criminal de Instrucción N° 33, se inició por la denuncia de una empleada del supermercado “Eterno” ante la Fiscalía de Distrito de Saavedra.

La mujer denunció que fue víctima de abusos por parte del dueño del local, Lin Daoqing, y que en la Comisaría N°49 le tomaron mal la denuncia para protegerlo. La joven además sostuvo que días antes, Daoqing le afirmó que pagaba mil pesos al comisario para tener su protección. Su testimonio fue corroborado por otros empleados del supermercado e incluso por efectivos de la dependencia.

Los jueces de la sala VI, Julio Marcelo Lucini, Mario Filozof, con la disidencia parcial Ricardo Matías Pinto, confirmaron el procesamiento de los policías por el delito de cohecho pasivo.

Por otra parte, por falta de elementos suficientes para procesar o sobreseer a los policías implicados los camaristas dispusieron la “falta de mérito” y, por tanto que continúe la investigación en relación con el enriquecimiento patrimonial de los ex Comisario y Subcomisario Clarke y Miguel Ángel Cariolo, entre los años 2005 y 2009. Así como sobre la recepción de dinero mensual en la comisaría por ofrecer custodia policial durante el horario en que funcionaba el supermercado y su participación de los policías como parte de una asociación ilícita.