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Más de ochenta personas fueron desalojadas ayer por la policía Metropolitana del inmueble en el que vivían en la calle Brasil, cerca de parque Lezama. Los vecinos afirmaron que los agentes rompieron puertas y empujaron a una mujer embarazada por la escalera. La forma en que se llevó a cabo el procedimiento es materia de análisis de la Defensoría del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. “Se respondió con el aparato penal a una situación que es de extrema pobreza”, dijo a Infojus Noticias Sol Blasco, de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional de la Defensoría.

El desalojo comenzó tras una orden de la Unidad Sur del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, que depende de Adrián Dávila. Fue en el marco de una causa por usurpación, un delito contemplado en el Código Penal.  Por el momento la causa está bajo secreto de sumario, informaron a Infojus Noticias fuentes cercanas al caso.

Blasco tomó conocimiento del desalojo ayer por la tarde y se acercó hasta el lugar. “Los vecinos nos contaron episodios que habían pasado por la mañana, cuando comenzó el desalojo,  y nosotros lo registramos. Algunos incluso explicaron que se despertaron con los ruidos del operativo”, explicó Blasco. “La semana que viene nos vamos a poner en contacto con ellos para ver si quieren formalizar la denuncia”, agregó.

Blasco explicó la importancia de “ajustar los protocolos de desalojo” en lo que tiene que ver con el accionar de las fiscalías y la policía y adelantó que la Defensoría va a registrar todo lo que tiene que ver con el procedimiento general. “Hay que tener en cuenta que lo que hay son familias pobres. Se respondió con el accionar penal a una situación que es de extrema pobreza”, recalcó Blasco.

Cuando los miembros de la Defensoría llegaron todavía había una situación de tensión y desborde en la zona. “Había hasta menores en los accesos”, remarcó Blasco. “No había representantes del área social del gobierno de la ciudad de Buenos Aires,  del SAME, ni de la fiscalía que pidió el desalojo”, describió. En ese contexto había familias que  accedían a irse y otras que se resistían. “Hay que tener en cuenta que, más allá del accionar policial,  un desalojo ya es en sí mismo una situación violenta”, recalcó Blascó.

Daniela, una joven de 19 años embarazada de tres meses que vivía allí con su pareja de 20, dijo que el desalojo fue “muy violento”. “Nos despertó el ruido que hacían al romper las puertas y a los gritos nos empujaron por las escaleras sin fijarse que yo estoy embarazada", explicó a la agencia Télam. "Esta noche la vamos a pasar en lo de una amiga mía, pero mañana no sé a dónde vamos a ir, porque la plata que teníamos la usamos para comprar la pieza. La gente del gobierno porteño que vino a ver cómo nos desalojaban no nos dio ninguna solución", agregó.

"Hace varios años que todos vivimos acá, yo estoy con mi mujer y sus dos hijas y aunque empezamos alquilando una piecita la terminamos comprando", dijo César, otro de los desalojados. La situación "es muy injusta porque no nos avisaron del desalojo, no tuvimos tiempo de buscar otro lado, y sin embargo al restorán de la planta baja no lo tocaron ni le dijeron nada a pesar de formar parte del mismo inmueble", cuestionó.

Desde la dirección de Derechos Sociales de la Defensoría explicaron aInfojus Noticias que el conflicto del desalojo en sí mismo tenía “dos ejes de conflicto: uno que tenía que ver con el traslado de las pertenencias y otro con la fecha del subsidio habitacional que iban a cobrar por el desalojo”. La misma fuente explicó que se articularon respuestas a esos pedidos a través de “camiones que ayudaron a las personas a trasladas sus cosas a los lugares a los que se iban y se consiguió que hoy cobraran el subsidio prometido”.