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Snowy Sociedad Anónima, la empresa que reclama el cobro de unos bonos emitidos durante la última dictadura, tiene todos los condimentos de una firma fantasma: un directorio integrado por accionistas que dirigen un centenar de compañías, sede en Panamá, oficinas en Uruguay y el domicilio de la sucursal argentina que está en una casa de familia. Esas inconsistencias comerciales son las que ordenó investigar el juez comercial Hernán Papa, quien debe decidir si el Banco Central debe pagar los 311.893 dólares que exige la empresa off shore.

Varias de esas características se ventilaron el martes pasado, durante la audiencia realizada en el Juzgado Comercial N° 12, donde el juez citó a los abogados de Snowy y del Grupo Gotelli, que exigió el pago de los Bonos de Absorción Monetaria (BAM) que tiene Snowy en su poder. Allí el magistrado decidió ordenar una investigación sobre la firma de capitales extranjeros, que declara origen uruguayo.

Esos bonos, que llegaron a manos de Snowy cuando compró parte de la deuda de la quiebra de Sebastián Badaracco, nacieron con el Decreto 1.335, del 26 de noviembre de 1982. Se trató de un instrumento financiero que la dictadura otorgó a los tenedores de seguros de cambio que conseguían la prórroga del acreedor externo. Su valor estaba determinado por la diferencia entre el tipo de cambio concertado originalmente, al obtener el seguro de cambio, y el nuevo tipo de cambio por la prórroga obtenida. Esos bonos no estaban representados por un título físico sino por un depósito indisponible que estaba abierto en el banco y les daba una renta semestral.

Perfeccionar la maniobra

Una parte de esos títulos terminaron en manos del Grupo Gotelli que, desde 1980, fue tomando el control  del Banco de Italia y Río de la Plata, que había sido fundado en 1872. En torno a Gotelli fueron naciendo otras empresas que conformaron un conglomerado económico, que tomaron créditos del Banco de Italia. Esos préstamos, que fueron recomprados por firmas del mismo grupo, estaban garantizados por los BAM.

Esa serie de operatorias poco claras desembocó en una situación de crisis para el banco y el Banco Central tomó la decisión de quitarle la licencia para operar. El Banco de Italia y Río de la Plata terminó quebrando en 1985. En diciembre de ese mismo año, el titular del Centro de Estudios Penales del Banco Central, el penalista David Baigún, que debía llevar adelante “investigaciones empíricas sobre los delitos financieros”, logró que se aplicara una medida cautelar y un embargo sobre los BAM, que frenó el pago de la renta que debía concretarse en 1986. Esos bonos eran parte de una maniobra ilegal y cancelarlos era perfeccionarla, indicó Baigún.

Durante los noventa, una parte de esos BAM llegaron a manos de Snowy que, con la causa prescripta, presentó un reclamo para cobrar los títulos. Para poder avanzar en su planteo debió abrir un sucursal en la Argentina.

La sucursal

La actividad de Snowy parece un secreto de Estado. Hace diez días, el abogado Daniel Levinsonas, que lleva adelante la causa judicial, se negó a explicar a Infojus Noticias cuál es la actividad que realiza la empresa, que tiene capacidad para iniciar una demanda judicial en un país donde no opera pero no tiene siquiera una página web de la compañía.

Según un informe del Banco Central presentado en el expediente, Snowy  tiene un directorio integrado por los accionistas Julio Carlevaro Carlo, José Ismael Feo Scarsi y Alfredo Acevedo. Sus nombres se repiten en “127 sociedades inscriptas” en Panamá, un país definido como un paraíso financiero por investigadores de todo el mundo. Pero allí tampoco se pudo establecer la actividad de la firma.

El 17 de noviembre de 2008, Snowy registró una sucursal en la Argentina, según publicó el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, el 30 de marzo de 2009. La firma fijó domicilio en Avenida del Libertador General San Martín 16051 y puso como representante legal al escribano Nicanor Moreno Crotto, del estudio Moreno Crotto Abogados.

En ese domicilio, que está ubicado en un barrio de casas bajas y chalets, no funcionan las oficinas de Snowy. Esa es la casa de Mercedes Moreno Klappenbach, familiar del escribano Moreno Crotto y una activa militante de una de las organizaciones del entramado del macrismo: Agrupación Mujeres Argentinas (AMA), un sello que funciona como plataforma política de la diputada nacional por el PRO, Cornelia Schmidt Liermann.  

Entre otras campañas que llevó adelante, Moreno Klappenbach cuestionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.  “Hoy nos toca alertar sobre la posible interpretación y aplicación discriminatoria y unilateral del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Medios, restringiendo la libertad de expresión. Una persona tiene el derecho inalienable a la libertad de pensamiento y de expresión”, escribió Moreno Klappenbach en un comunicado firmado junto a María Feldtmann de Maurette y la diputada Schmidt Liermann.

PW/LL