Infojus Noticias

La audiencia estaba pautada para anoche a las 20 y empezó una hora y media después. Duró pocos minutos: el juez en lo contencioso administrativo porteño Gabriel Vega se limitó a escuchar a todas las partes y convocó a una nueva audiencia para hoy a las 9 de la mañana, de nuevo en la sede del juzgado, Tacuarí 138. Recién entonces adoptaría una determinación sobre el predio tomado desde hace tres días por cientos de familias de la villa 20, en el barrio porteño de Villa Soldati. Cientos de familias esperan la resolución del conflicto. A través de una carta que leyeron a los medios, aseguraron: "No pedimos nada regalado, queremos una vivienda digna en el barrio donde nacimos, la villa 20, y donde criamos a nuestros hijos".

El juez Vegas había convocado a una nueva audiencia esta tarde, para intentar destrabar el conflicto.En la audiencia, participaron abogados defensores de los ocupantes, funcionarios del gobierno porteño, de la Asesoría Tutelar de Menores, la Defensoría General de la Ciudad fiscales y la legisladora María Rachid (FPV), pero no los delegados de los vecinos.

El gobierno porteño volvió a ratificar anoche su postura de querer reurbanizar la villa 20, sanear el terreno y hacer un relevamiento de las personas sin certificar plazos de ejecución por lo que, al igual, que la Fiscalía, pidió la "restitución" del inmueble. La Defensoría General de la Ciudad, que representa a los ocupantes, rechazó el planteo y manifestó la necesidad de otorgarles a los vecinos soluciones habitacionales transitorias mientras se efectúan las tareas de reurbanización de la villa.

Gianna Rodríguez, abogada de las personas que ocupan el terreno, dijo que "el juez, sea la resolución que tome, debe proteger a los menores en el sentido de brindarle salud, alimentos y baños químicos". "Antes de que se efectúe el desalojo presentaremos un escrito para que se evalúen disposiciones de Naciones Unidas que protegen a las personas en caso de cualquier tipo de desalojo forzoso", sostuvo. Indicó además los desalojados no deben quedarse sin vivienda. Y en caso de que no dispongan de recursos el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para el acceso a tierras.

Por su parte, el procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, aseguró que "todas las partes hicieron mención a sus pretensiones y el Ministerio Público Fiscal ratificó el pedido del desalojo, mientras que la Defensoría Oficial rechazó el planteo de la fiscalía". "Ratificamos el pedido de restitución del inmueble al igual que lo hizo el Ministerio Público Fiscal y mañana el juez adoptará una resolución", subrayó y añadió: "No nos parece que la cuestión de la ocupación tenga que ver con el cumplimiento de otras obligaciones".

 “Yo no diría que el desalojo está caído”, definió temprano el juez contravencional porteño Gabriel Vega desde la entrada de la toma, en diálogo con Infojus Noticias. “Hay una especie de desalojo voluntario, lento, por goteo, pero incesante”, explicó el magistrado. “Hay un grupo duro, con una posición bastante reacia a abandonar el lugar, que podría estar ejerciendo una actitud negativa sobre otras personas que sí estaban dispuestas”.

¿Qué pasa si los ocupantes deciden mantener la topa? “En realidad el acuerdo que se suscribió ayer decía que la aprobación de la asamblea tenía tiempo hasta las 6 de la mañana. Ahora son más de las 10 30, y el fiscal está en condiciones legales para pedir nuevamente el desalojo forzoso. Todavía no lo ha hecho, hay una contemplación porque además el abandono se está haciendo, pero todo tiene un límite, y mientras más tiempo pasa, ese límite se acorta”, advirtió Vega.

Más temprano, un ocupante de la toma y un referente del barrio habían explicado que los ocupantes del predio ya no tienen confianza en la promesa del gobierno porteño de descontaminar el predio tomado y comenzar la urbanización del barrio que estaba prevista en la ley 1770, sancionada el 11 de agosto de 2005. “Hay un grupo que no le cree al gobierno de la ciudad. Es natural con el antecedente del Indoamericano. Nos prometieron viviendas y yo todavía tengo el papel en un cajón de mi casa”, dijo el líder barrial.

“Tienen una crisis de desconfianza, y eso es algo muy difícil de construir”, entendió el juez. “Yo traté de explicarles. Son situaciones distintas. Este predio tiene una ley de urbanización, y un juez que ordenó que se ejecute. El compromiso tiene un marco judicial y legal. En el Indoamericano no había ningún plan de vivienda”, concluyó el juez.

Más personas se sumaron esta tarde al predio, lindero con la villa 20, y comenzaron a levantar precarias construcciones de chapa y madera. Hasta el mediodía, empleados del MInisterio de Desarrollo Social realizaron un censo con los datos personales de los vecinos que abandonan sus parcelas en el predio. "No puedo hacer más para que crean en el interlocutor”, dijo Vega. La espera sigue tensa. 

Una vecina, Nélida Berón, cuando empezó el censo preguntó qué tenía que presentar y le dijeron que trajera los papeles de los chicos. Fue a su casa y volvió con los papeles. Tiene 10 hijos, de 22 hasta 1 año, y dos nietos. Pero cuando se acercó al puesto, ya no la quisieron anotar. Le dijeron que no la podían censar porque ya habían levantado el puesto. En efecto, quienes estaban censando se fueron después del mediodía.

Herminia estuvo en la toma del Indoamericano y está acá con sus dos hijos de 11 y 7 años. "Hace tres años me dieron un papel y nada más, por eso estoy aquí porque sigo sin tener vivienda", dijo a Infojus Noticias. El pedido de todos, cuando el sol comienza a calentar más que los ánimos, es por agua y baños químicos. "Nos prometieron que iban a traer y no cumplieron, como para que les creamos lo que dicen". La hermana de Herminia fue hasta su casa en la villa 20 para cocinar algo y traerles a los chicos.

"Ninguno de los que participó de la toma está firmando lo del gobierno de la ciudad. Será un 5% como mucho”, contó Herminia. “Son los que firman vinieron de otros barrios, porque se corrió la bola de que van a dar viviendas y están viniendo a firmar, pero no son de acá". 

La ministra de Desarrollo Social porteña, Carolina Stanley, informó que el censo se lo van a entregar a la Justicia para la causa que sigue la jueza Liberatori sobre la urbanización del terreno. “No les vamos a dar subsidios ni viviendas a los que tomen terrenos”, remarcó. Ynegó haber acordado planes de vivienda.

José Machain, consejero por la Legislatura en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señaló: "Tengamos cuidado con los chicos. Yo estoy acá y voy a cuidar a los chicos. Tengo una función y tengo que acercarles lo que creo que es mejor para los pibes". "En la urgencia necesitamos saber cuántos niños hay, de qué edad más o menos como para saber", agregó.

Cada delegado va a contar las criaturas para tener un panorama del lugar, mientras se avance en la negociación que sea. "No me meto en la negociación porque no es mi función, pero vengo a ver el estado sanitario del lugar, qué necesitan, para proteger a los chicos en lo que sea", concluyó Machain.

Laura tiene todos los rasgos del hartazgo y el cansancio en la voz. "Los edificios de enfrente eran para la gente de Lugano, y metieron gente de Soldati y Mataderos. Nos mienten. Nos han mentido mucho", dijo.

En el lugar, a cada ratito se ven movimientos de la policía. Las mujeres gritan: "¡Las mujeres adelante!", dispuestas a poner el cuerpo por la casa.

Sergio se cerca y dice: "Si alguien viene de algún partido político, se puede retirar. Nosotros tenemos una sola ideología: tener un cachito de tierras y nada más". Carlos aporta: "Ayer nos trajeron una propuesta, pero lo hablamos y no nos vamos a ir. El que se quiera ir, no lo vamos a parar. Pero la verdad es que si viniste y te vas, no necesitabas tanto la tierra".

Informe: Vanina Escales y Juan Manuel Mannarino.