Es en el marco de la investigación que se realiza desde que dos empleados fueron encontrados en condiciones de extrema precariedad, en un campo vinculado al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). También había situaciones irregulares en otras estancias de Etchevehere.
Un documento público vincula directamente al titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, con el campo donde fueron encontrados los hermanos, Sergio y Antonio Cornejo, que trabajaban en el lugar desde hacía 38 años en condiciones de servidumbre y extrema precariedad.
El documento, al que accedió el diario Página/12 – y forma parte de la causa por defraudación contra el Grupo Etchevehere radicada en la Justicia de Entre Ríos-, es la suscripción a una hipoteca como garantía para la toma de un crédito con el Banco Itaú, que da cuenta del vínculo directo entre Las Margaritas SA, empresa que pertenece al grupo Etchevehere, con el campo La Hoyita, donde fueron encontrados los hermanos Cornejo en condiciones de extrema precariedad. Así, la Justicia podría establecer la responsabilidad del empresario con la posible reducción a la servidumbre de los hermanos, quienes trabajaron en ese campo desde 1976.
La empresa Las Margaritas SA tiene con cinco campos, uno de ellos se llama La Hoyita. Tradicionalmente, pertenecía a la rama de la familia Barbero, los abuelos de Luis Miguel. Tras su muerte, el campo se dividió entre los tres hermanos de la familia Barbero, luego de que se conformara la sucesión Barbero María L. M. De e Hijos, que finalizó una vez concretada la división hereditaria en la década del ’90, explicó el matutino.
La documentación a la que accedió el diario da cuenta de otra realidad. Las Margaritas SA solicitó avales de la empresa Los Grobos SGR para la toma de un crédito con el Itaú por 250.000 dólares y como “contragarantía” se emitió la “Hipoteca en Primer Grado de Privilegio” pasada a escritura pública Nº 1048. El escribano fue Joaquín Esteban Urresti, titular del registro 501 en la ciudad de Buenos Aires (folio 3323).
La información de este documento público, que prueba el vínculo entre La Hoyita y Las Margaritas SA, también fue remitida por los Grobo SGR al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7, el pasado 12 de septiembre, firmada por Fernanda Florit y Facundo Beltramo, ambos apoderados de Los Grobos SGR.
La situación de Etchevehere se complica aún más con otros dos documentos que prueban el vínculo entre Etchevehere y La Hoyita: una factura emitida por Etchevehere Rural SRL hacia la sucesión Barbero María L. M. De e Hijos y una factura como monotributisa de Santos Maldonado, capataz del campo en cuestión. Los abogados de la familia Etchevehere enviaron al Renatea, a modo de descargo, la factura del monotributista Maldonado a nombre de la razón social Barbero María L. M. De e Hijos una sucesión hoy inexistente, que se convirtió en La Hoyita, campo integrado a Las Margaritas SA, la empresa del Grupo Etchevehere.
Cuando fueron encontrados, los hermanos Cornejo, ratificaron ante el fiscal Samuel Rojkin que "nunca" les pagaron un sueldo ni contaron con una obra social por las tareas que realizaron durante 38 años en la estancia La Hoyita.
La denuncia del caso fue realizada por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), que conduce Guillermo Martini, tras una inspección realizada en el campo de Etchevehere. En el establecimiento “La Hoyita”, de la empresa “Las Margaritas S.A.”, propiedad de Leonor María Magdalena Barbero Marcial, viuda de Etchevehere. Los hermanos vivían en unidades desprovistas de energía eléctrica, agua potable y baños. Los trabajadores expresaron a los inspectores ser analfabetos, no tener acceso a recibos de sueldo y prestar servicios como peones generales por la suma de 450 pesos mensuales.
Además, dijeron trabajar para la familia Etchevehere desde el 14 de junio de 1976. Según la ley 26.727 que regula el trabajo agrario ya están en edad de jubilarse. En “La Hoyita” otros dos trabajadores estaban en una situación irregular: un encargado de estancia jubilado que dijo cobrar $ 2.000 por mes y su hijo de 18 años. El muchacho contó a los inspectores que trabaja en la estancia desde los 13 años; no está registrado y cobra $ 1.050 mensuales.
En otra estancia de la misma empresa los fiscalizadores encontraron trabajadores no registrados, uno es analfabeto y trabaja hace más de 20 años en diferentes establecimientos para el mismo empleador. Más allá del trabajo no registrado y la falta de libreta de trabajo agrario, para Renatea las situaciones encontradas pueden enmarcarse en el delito de reducción a la servidumbre. Por eso el organismo presentó la denuncia en la Fiscalía de Primera Instancia n° 2 de la ciudad de Paraná.