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La Defensoría del Público realizó hoy a un encuentro de "diálogo, reflexión y debate" sobre la difusión y reiteración de imágenes con altos niveles de violencia en los medios de comunicación. En el encuentro que se llevó a cabo en la sede de ese organismo, en Alsina 1420, trabajadores de prensa en general, investigadores, docentes y académicos, asociaciones de derechos humanos y organismos de la sociedad civil trabajaron a partir de las denuncias recibidas en los últimos días sobre noticias que muestran hechos de violencia.

Cynthia Ottaviano, titular del organismo, abrió el encuentro con la lectura de las denuncias y con algunos fragmentos del comunicado difundido por ese organismo. Allí, hicieron un llamado a los licenciatarios de medios por la "difusión y reiteración de imágenes con altos niveles de violencia" en horario apto para todo público, al advertir que "ponen en riesgo la sensibilidad de los niños".

Con una lista de 20 oradores, se planteó la necesidad de realizar un encuentro nacional en el que se problematice esta temática y también se destacó la importancia de construir imágenes de noticieros alternativas a las actuales. Este planteo fue porque se resaltó que "los linchamientos no son hechos aislados sino que son parte de una cadena que asocia inseguridad con delito a la propiedad privada de parte de sectores pobres sobre los que se establece que se debe avanzar y se puede avanzar, estigmatizando de esta forma siempre a jóvenes de sectores populares".

Entre los que participaron del debate, estuvo el legislador porteño de Alternativa Popular, Pablo Ferreyra, y representantes de CTERA, del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI), como así también investigadores de las universidades de Quilmes, Sarmiento, y la UBA, entre otros.

Daniel Navarro, periodista de Canal 9, dijo que "se plantean estos debates también en las redacciones, ya que cuando fueron los episodios de violencia no se podía evitar cubrir la noticia, pero sí la violencia del lenguaje, que es tanta como la de la imagen”. Y ejemplificó: “Escuchar la palabra 'justicia por mano propia' fue algo que nos sorprendió". Navarro también dijo que aquellos que están al frente de un canal "no pueden desentender que transmitir de una determinada manera genera una intencionalidad política, aunque no lo busque en una primera instancia". 

El analista Ricardo Rouvier advirtió que la “cuestión de los contenidos es una cuestión de las empresas. La frase de ‘le damos al público lo que quiere’ es una falsedad, dado que no existe ese contrato y la noticia no es una mercancía".

Enrique Masllorens integra el Consejo Federal de la TV Pública. Hoy en la reunión señaló que "cuando pasan imágenes, además de decir que son de archivo, deberían señalar que esos archivos no son de este país. Porque muchas veces llenan las pantallas con contenidos de violencia, sin avisar siquiera de donde viene".

Entre los planteos, también se habló sobre la posibilidad de que no funcione la medición del rating minuto a minuto en los noticieros. Un participante opinó: "El rating es una palabra maldita, muchas veces lo que uno produce llega a muchos sin un filtro ¿Es lo que el pueblo quiere o lo que necesita? Las imágenes de las cámaras de seguridad debieran ser para la justicia. Cuando se reproducen creo que no aportan nada a la gente. Los medios son armas muy poderosas y muchas veces en manos de personas a las que no les importa otra cosa que sumar un punto de rating".

José Machaín, de la CONACAI, también planteó si sería "posible pensar en los noticieros no tengan rating, ya que esto es lo que muchas veces los lleva a mostrar lo más tétrico de la realidad". Y dijo que "evitar la espectacularización es central".

Héctor Smith, de Radio Sobreranía, consideró sobre las sanciones: "Creo que el tema de las multas no llevan a ningún lado, ya que  muchos prefieren pagar para tener de todas formas ese punto de rating".

A tono con el comunicado difundido por la Defensoría, se resaltó que "la lógica espectacularizante y la hipervisibilización de la violencia, exhibida a través de filmaciones de cámaras de "seguridad" y videoaficionados, con aplicaciones de acercamiento o zoom, focalizando las golpizas, constituye una omisión que vulnera el derecho democrático de las audiencias a evitar el morbo, la truculencia y sordidez mencionadas por la ley como "graves".