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“Que el auxiliar de un colegio o la persona que te atiende en un hospital público sea trans genera que esa persona ya no sea ‘el otro’ excluido y se vuelva ‘el otro’ que es parte”, dijo a Infojus Noticias la diputada provincial Karina Nazábal (FpV). Es la autora del proyecto de ley que tuvo media sanción en la Cámara baja bonaerense para crear en el sector público de la provincia un cupo mínimo de al menos un 1 por ciento de los empleos para el colectivo trans, travesti y transgénero.

El proyecto presentado por Nazábal fue redactado en conjunto con varias agrupaciones de géneros. “Además de incorporar al mundo laboral a una población excluida, se trata de ocupar espacios para lograr cambios  culturales”, agregó la legisladora.

El texto contempla a las personas mayores de 18 años -hayan o no accedido a las rectificaciones de la ley 26743 de Identidad de Género- que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo que deban ocupar, de acuerdo a sus antecedentes laborales y educativos.

 “Vivimos en un país donde el promedio de vida es de 80 años y la población trans tiene uno de 33. Ahí hay una gran brecha que se debe reparar y corregir. Uno de los motivos tiene que ver con el ejercicio de la prostitución, porque la mayoría de las travestis se prostituye para conseguir el recurso necesario para comer, para pagar la pensión o el antigripal en invierno. Por eso es necesario acompañar ahí donde hay una necesidad”, explicó Nazábal.

La legislación propone la creación de un sistema único de registro laboral para facilitar  el cumplimiento de la norma. Entre los fundamentos, el texto dice que “la realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato.  La mayoría de ellxs vive en extrema pobreza, privadxs de los  derechos económicos, políticos, sociales y culturales.  Siendo expulsadxs desde niñxs de sus hogares y del ámbito escolar, quedando como única alternativa de subsistencia el ejercicio de la prostitución”.

Otro dispositivo de exclusión y discriminación social y cultural que opera contra este colectivo, dice  el proyecto aprobado, es el perjuicio social. La expulsión de los circuitos laborales también es moneda corriente para  las minorías por identidad de género: “Esto es analizado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) como ‘un desperdicio de talentos, con efectos negativos para la productividad y el crecimiento económico. La discriminación genera desigualdades socioeconómicas que perjudican la cohesión social y la solidaridad, y que dificultan la disminución de la pobreza’”.

Las organizaciones que propusieron y redactaron proyecto junto a la diputada son Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Agrupación Jóvenes Por La Diversidad, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual (ALITT) y Futuro Trans. También contaron con la adhesión de más de diez organizaciones de diversidad sexual.

En 2015 el proyecto deberá tratarse en Senadores para su aprobación. Salvo el voto del Frente Renovador, en Diputados se sancionó con el apoyo de todos los bloques.