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Los abogados de la familia de Daniel Solano, el joven salteño desaparecido el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel, están expectantes. A fines de la semana pasada, Gendarmería analizó las superficies de la Comisaría Octava con un georadar. El hallazgo fue revelador: en el sótano descubrieron una doble pared, que las fuentes describieron como un "nicho".

Las novedades por el caso Solano coincidieron con una marcha que se realizó en Choele Choel a 23 meses de su desaparición. Los peritos detectaron irregularidades en la Comisaría Octava de esa localidad, donde según una de las hipótesis de la querella, podrían haber sido ocultados los restos de Daniel. “El georadar encontró tres irregularidades en el sector de los calabozos y los mismos fueron clausurados. En el sótano se encontró un "hueco" en una de las paredes con una construcción reciente y allí estaba una especie de nicho. Esa parte también fue clausurada”, dijo Sergio Heredia, uno de los abogados.

En el patio de la comisaría, alrededor de un mástil, el georadar encontró otra irregularidad en el piso de cemento. Gendarmería colocó una cinta y clausuró el sector. “Ahora debemos esperar el informe de los peritos de Gendarmería –explicó Heredia- y seguramente comenzará la tarea del Equipo de Antropología Forense. Nosotros desde el primer día dijimos que había que ingresar a la comisaría, que había testigos que vieron cómo Solano fue ingresado allí por cuatro policías en una camioneta después de haber sido golpeado en la Isla 92", cercana al balneario. Sobre el nicho, agregó: "no sólo podría haber estado Solano, sino que es posible pensar que allí ocultaron cualquier cosa, encontrar un nicho en una dependencia policial es muy grave”.

Heredia se mostró satisfecho por los últimos resultados en la investigación y espera nuevas detenciones. Según la querella, los nuevos indicios podrían "acreditar el móvil" y "comprueban" lo que denunciaron hace meses: que Solano cayó por una red encabezada por empresarios y ejecutada por policías para tapar una estafa laboral.

Daniel Solano, de 26 años, fue visto por última vez en un boliche el 5 de noviembre de 2011. La noche del viernes 4 de noviembre de 2011, Solano salió a divertirse al boliche Macuba de Choele-Choel. Esa misma tarde, en uno de sus últimos contactos telefónicos, le había dicho a su padre: “Nos pagaron mal. El lunes vamos a pedir los reintegros”. Desde esa noche, está desaparecido. Según sus abogados, pronto se sabrá la verdad: con la aparición del cuerpo, confían, el caso se habrá esclarecido tanto en sus autores ideológicos y materiales como en la compleja trama de encubrimiento.

Su cuerpo nunca apareció, pero la causa fue caratulada como homicidio: hay 22 policías imputados, 13 procesados, 7 detenidos y 34 denunciados. La estrategia de los abogados de Solano no es sólo imputar a los policías, sino convertir el caso en una megacausa, que se detenga a más personas y se avance en los procesamientos.

El poder económico de Choele Choel está ligado a la renta de la fruta. La querella y la familia de la víctima creen que existe una trama donde algunos gerentes, empresarios, juezas, fiscales, funcionarios y policías se protegen y se reparten una parte de las ganancias. Los abogados insisten en que hay muchos responsables en la desaparición y el crimen de Solano. Para ellos existe un grado de responsabilidades que llega hasta Univeg Fruit Argentina S.A., una multinacional belga que domina el negocio.

Heredia lo explicó de la siguiente manera: “Daniel viajó desde Tartagal, como miles de indígenas que van a trabajar todos los años a la cosecha de la fruta. El sistema que los contrata los cambia cada tres meses para perpetuar la estafa y evitar que se aviven. Trabajó un año y lo estafaron en 31 mil pesos. Si pensás en cien Solano, da tres millones. Solano era un pibe preparado: se avivó de la estafa y se lo dijo a sus compañeros. No planificó un paro ni nada por el estilo. Simplemente levantó la voz para pedir por la plata que no les pagaron”. Heredia cree que la empresa que lo contrató a Solano, conocida como “Agrocosecha” (ahora llamada “Trabajo Argentino”), sería la presunta mentora del crimen. “La empresa es socia de la policía. Un equipo parapolicial lo retiró del boliche y lo mató”.

¿Cómo actuó ese equipo? Según Heredia, en la Comisaría Octava funcionaba una presunta brigada “parapolicial” de investigación. “Al mando estaba la jueza Marisa Bosco y estaba monitoreada por empresarios, comisarios de la zona y coordinada por el policía Sandro Berthé, uno de los imputados. Ellos, a su vez, hicieron tareas de inteligencia para encubrir el asesinato”. Bosco fue la primera jueza que investigó la desaparición de Daniel. Fue separada de la causa y renunció cuando, acusada por la querella, estaba a punto de afrontar un juicio político.