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Con el pedido de penas de ocho a un año de prisión culminó el alegato del Ministerio Público Fiscal en la causa Dulcinea que investiga una red de trata con fines de explotación sexual, entre República Dominicana y Mar del Plata. Para el fiscal Juan Manuel Pettigiani, durante el debate, se acreditó de forma contundente la existencia del delito. Además se solicitó el decomiso del dinero de los allanamientos, así como también del edificio donde funcionaba el prostíbulo Dulcinea y una camioneta propiedad de los imputados. Por su parte, los defensores que alcanzaron a alegar pidieron la libre absolución de sus defendidos. El sábado continuarán los alegatos y el lunes será la sentencia.

De esta manera, la fiscalía pidió para el imputado Jorge Daniel Sánchez la  pena de 8 años de prisión y 6 para su esposa, la dominicana Orfelina Valdez Montero, ambos considerados autores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual doblemente agravado por ser cometido por y en perjuicio de tres o más personas. Para  Fernando Manuel Sánchez, hijo de Jorge, se pidió 6 años por considerarlo partícipe necesario del mismo delito, al igual que al policía Claudio Campos, para quien la pena pedida alcanzó los 5 años por hallarlo responsable, además, autor del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Por eso, también se le pidió la inhabilitación profesional. Para el caso de Ángel Hernández Cabral y Carmela Concepción Colas, ambos dominicanos y considerados partícipes secundarios, se pidieron 3 años en suspenso y 4 de cumplimiento efectivo, respectivamente, teniendo en cuenta que a Concepción Colas se la consideró autora del delito de trata para el caso de una de las víctimas. En este mismo sentido, el fiscal pidió 3 años en suspenso para la dominicana Rosa Angelina Adames Cruceta. Por último, para Reinaldo Iacovone se solicitó un año de prisión en suspenso por considerarlo partícipe necesario del delito de presentación de documentación falsa.

Uno de los elementos significativos del pedido de las penas fue la consideración por parte del Ministerio público sobre las mujeres dominicanas que están acusadas de componer la red. Para tales casos se valoró el rol de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad. Por eso, la pena pedida para Orfelina Valdez Montero difiere de la de su esposo.

Las víctimas acusan

Según argumentó el fiscal Pettigiani, durante el debate el testimonio de las víctimas fue corroborado por numerosos testigos, incluso algunos de los presentados por las defensas. Así, expresó que quedó debidamente probada la existencia de la red de trata que funcionaba de forma organizada para ingresar mujeres desde Dominicana mediante la promesa de trabajos dignos para terminar en situación de prostitución en el local Dulcinea de San Salvador al 7200, frente al Estadio Mundialista de Mar del Plata.

Según lo expuesto por Pettigiani, también quedó probada la estructura de la red con Jorge Sánchez a la cabeza con la ayuda de su esposa Orfelina, quien aportaba los contactos en República Dominicana y además era quien alquilaba las habitaciones a las mujeres que eran explotadas sexualmente. Por su parte, Fernando Sánchez era quien gestionaba a diario el Dulcinea y cobraba los pases y las copas, además de ejercer control sobre las mujeres. En esto colaboraba Carmela Concepción Colas, mientras que su marido, Ángel Hernández Cabral cumplía roles de seguridad, cobraba la entrada al local y vigilaba que las mujeres y los “clientes” ingresaran a las habitaciones para concretar los pases.

Párrafo aparte le dedicó el fiscal al ex efectivo de la Delegación de Drogas Ilícitas, Claudio Campo, quien fue reconocido por víctimas, testigos y efectivos de inteligencia de Prefectura como quien prestaba colaboración en el sometimiento de las víctimas, incluso en las amenazas posteriores a quienes lograron escapar del Dulcinea.

También en Neuquén

Una de las hipótesis de la acusación que se reafirmó durante los alegatos es que esta red de trata llegó hasta Neuquén, al menos en el caso de una de las víctimas. Para ese tramo de la acusación las imputadas son Rosa Angelina Adames Cruceta y Carmela Concepción Colas. Según el Ministerio Público, Adames Cruceta con el asesoramiento de Concepción Colas introdujo en Argentina a una dominicana con previa escala en Perú y una vez en Mar del Plata la llevó al Dulcinea para que se prostituyera. La víctima había sido engañada bajo la promesa de trabajo en un restaurant y al encontrarse con la realidad tejida por los tratantes no podía dejar de llorar. Fue por eso que Concepción Colas le pidió a Adames Cruceta que la sacara del Dulcinea. Así, primero la joven dominicana recaló en otro prostíbulo de Mar del Plata, para luego terminar en uno de una localidad de Añelo, localidad petrolera a 100 kilómetros de Neuquén capital.

Acusar para defender

Lo más saliente de los alegatos de las defensas estuvo en manos del defensor Julio Razona, representante de Jorge Sánchez, Orfelina Valdez Montero y Fernando Sánchez, quien solicitó que los tres sean absueltos y en caso de que sean condenados que las penas sean menores a las solicitadas por la Fiscalía.

En el primer tramo del alegato, Razona cuestionó elementos de forma del debate, sobre todo el interrogatorio vía video conferencia y la incorporación por lectura del testimonio de una de las víctimas que el Tribunal aceptó considerando que se trata de una víctima de trata. Según Razona “la ineficiencia del Estado en el acompañamiento de las víctimas se suplió vulnerando el debido proceso”.  En este sentido, el defensor de los principales imputados apeló a invertir el cargo de la prueba al decir que puede existir una “artimaña de las denunciantes para beneficiarse con la denuncia para conseguir protección del Estado y resolver su situación migratoria”

Por otro lado, como es típico en este tipo de casos, el defensor trató de demostrar que las mujeres que se prostituían en el Dulcinea lo hacían por decisión propia. “Todas las pruebas se han tejido con las manifestaciones de las dos denunciantes”, manifestó Razona mientras que no hubo testigos directos que acreditaran la situación de trata o de proxenetismo. “Todo está basado en testigos de oídas con origen en las dos denunciantes”, argumentó.

Antes de Razona, fue el turno de Daniel Vázquez, representante de Reinaldo Iacovone, quien pidió la libre absolución de su defendido con el argumento de que la acusación realizada por el fiscal no concuerda con la prueba que se expuso durante el debate oral y público.  Por otro lado, insistió en que Iacovone –acusado de firmar contratos de trabajo para conseguir las residencias para las mujeres dominicanas– no conocía la finalidad de ese trámite y apuntó a Enrique Montecchia –imputado en esta causa pero que esquivó el juicio por problemas de salud– como el responsable de engañar a su defendido.