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Johana Colas Sarsuela ya no es su nombre. Así se llamaba hasta que tuvo que cambiar de identidad. Lo hizo para eludir las amenazas de muerte sufridas desde que decidió denunciar a una red de trata, que la mantuvo prostituyéndose contra su voluntad por un año y medio en el prostíbulo Dulcinea, en Mar del Plata. Sentada frente a una cámara en el Consejo de la Magistratura, en Capital Federal, acompañada por una psicóloga del Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata y bajo la supervisión de Julio Darmandrail, representante del Ministerio Público Fiscal, Johana contó hoy su historia. Fue durante el primer juicio por el delito de trata con fines de explotación sexual que se realiza en la localidad balnearia.

Hay nueve personas acusadas de integrar una red que engañaba con propuestas laborales a mujeres de Dominicana para traerlas al Dulcinea, ubicado en el barrio San Antonio de la periferia marplatense. Ahí, contra su voluntad, hacinadas y en condiciones inhumanas, un grupo de mujeres eran obligadas a tener sexo por dinero. Una de ellas logró escapar y pudo dar testimonio de lo que estaba pasando. El debate oral comenzó esta mañana en la sala del Tribunal Oral Federal, a cargo de los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Eduardo Pablo Jiménez.

Los acusados son Jorge Daniel Sánchez; su mujer, Orfelina Valdez Montero y su hijo, Fernando Manuel Sánchez. Sánchez y su mujer se abrazaron y se besaron hoy en el juicio. Ella llegó por su cuenta. Él, custodiado y esposado. Recién pudieron verse en la sala de audiencias. Todos en el lugar los miraron.

No son los únicos imputados en el juicio. La red se completa con la participación indispensable de un policía: Claudio Marcelo Campos. El portero y patovica Ángel Hernández Cabral y Carmela Concepción Colas, encargada del prostíbulo. Ambos dominicanos de origen. También Reinaldo Eugenio Iacovone, acusado de firmar los certificados de residencia de las víctimas como empleador. Y los  abogados Roberto Montecchia y Rubén Mormando, apoderado y gestor respectivamente, de las víctimas en sus trámites de residencia migratoria.

Los dos últimos no estuvieron presentes. El primero con certificado médico que supuestamente le impide ser juzgado –esto será corroborado por peritos de la Corte– y el otro, fallecido recientemente. Otra imputada como parte de la red, también de origen dominicano, es Rosa Anyolina Adames Cruceta.

Ojos de video tape

La audiencia comenzó a las 10 con el ingreso de los jueces. Luego de la lectura por parte de la fiscalía a cargo de Juan Manuel Pettigiani de las acusaciones, el tribunal llamó a declarar a todos los imputados. Sólo dos de ellos –Jorge Sánchez y Iacovone– decidieron hacer uso de la opción.

Uno de los testimonios más importantes fue el de Johana, que declaró por teleconferencia. Contó que en Dominicana trabajaba en las barriadas dando orientación sexual y prevención de VIH. Pero el dinero no le alcanzaba, entonces escuchó la propuesta que le hizo su sobrina, Carmela Concepción Colas y el esposo de ésta, Ángel Hernández Cabral. En Argentina podían conseguirle un trabajo digno en una peluquería. Con sus ahorros sacó el pasaporte y esperó a que Sánchez fuera a buscarla. Llegó en 2008 a Buenos Aires y desde ahí viajaron a Mar del Plata.

Al principio todo parecía normal. Su sobrina y los Sánchez eran amables con ella. Hasta que un día le dijeron que lo de la peluquería no iba a funcionar, que ahí no se ganaba mucho dinero, que le tenían otro trabajo. Entonces la llevaron al Dulcinea. Johana dijo que al principio no se dio cuenta de que se trataba de un prostíbulo. Pensó que era un café. Saludó a las chicas que trabajan ahí y se sentó en el local. Las luces bajas y los pases a la vista de todos fueron la confirmación de que la habían llevado para prostituirla. Para que en Dominicana nadie se alarmara, Johana fue filmada en una peluquería y en fiestas de cumpleaños o Navidad mandándole saludos a su familia y diciendo que todo marchaba bien.

Johana no duda en reconocer a Jorge Sánchez como el dueño del Dulcinea y a la vez el dueño de la autoridad: si estaba Jorge las cosas se hacían como él decía, porque metía miedo. Si bien ella reconoce que no le pegaron nunca, dice que la presión psicológica era insoportable: “Nos mantenían amenazadas, nos decían que no intentáramos nada porque ellos tenían ojos en todos lados, y si no hacíamos lo que ellos decían nos cobraban multas”.

Fernando Manuel Sánchez, hijo de Jorge. Otro de los acusados.

Desde las 9 a las 3

Johana era obligada a prostituirse en el Dulcinea desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana de lunes a viernes y hasta las 8.30 los fines de semana. Según recordó, un mes hizo unos 1000 pesos, 500 tuvo que entregárselos a Sánchez según las reglas que hablaban de un 50-50 para los pases. Los otros 500, también se los quedaban los proxenetas. Es que Johana debía abonar 300 pesos para la policía, y los otros 20 para ir saldando el pasaje y otros gastos. Así, nunca vio un centavo. Algunos clientes la ayudaban con dinero para comprar pasta dental y jabón.

Uno de ellos se convirtió en su novio. Y un día decidieron escapar. Johana preparó todo para cuando Carmela estuviera de encargada y entonces, con la ayuda de otra chica, se fue. Desde entonces comenzaron a llamarla para amenazarla. Ella pudo reconocer las voces de algunos de los imputados que le decían que volviera o iban a cagar a tiros a su novio. Incluso llegaron a balearle la casa.

Una vez que Johana hizo la denuncia en la Justicia, las amenazas aumentaron. Como no podían localizarla el mensaje le llegó a través de su madre que en República Dominicana fue advertida de que recibiría la cabeza de su hija en una bolsa si no retiraba la denuncia.

Johana con su relato confirmó las hipótesis de la Fiscalía en cuanto a cómo se estructuraba la red y la forma en que operaban. Habló de unas 12 chicas prostituyéndose en el Dulcinea. Dijo que todas tenían miedo. Quizás ese temor responda a la frase que según ella Jorge Sánchez le dijo por teléfono una vez que pudo localizarla: “Ves que nosotros sabemos todo, ya sabemos dónde estás”. O a la que alguna vez le dijo Ángel Hernández entre las cuatro paredes del Dulcinea: “Una dominicana puede aparecer en una bolsa negra y nadie la va a reclamar”.  

Orfelina Valdez Montero, la mujer de Jorge Sánchez. El matrimonio está acusado de liderar la red de trata.

“Un acto humanitario”

El saco gris de traje desentonaba con la chomba verde con rayas más claras.  Sánchez se paró y caminó hasta el estrado y aceptó dar su versión de los hechos Ante el Tribunal, dijo que todo es una mentira, que él es dueño del bar Dulcinea, pero que ahí las chicas que van son libres hacen lo que quieren. Negó ser  proxeneta y negó haber mantenido encerrada a las mujeres. Las llamó “supuestas víctimas”. Dijo que una de ellas, Dalaida Mayellin, es una conocida de la tía de su mujer y que llegó a Mar del Plata y él la vio en una serie de oportunidades en su casa, junto a otras chicas del Dulcinea, pero que no trabajaba en el local. Solo paraba en una de las piezas ubicada en la planta alta del prostíbulo.

El relato se le agolpaba en la boca. Tartamudeó y se contradijo. Declaró que en el Dulcinea no se facilitaban preservativos para los pases, pero ante la pregunta del fiscal dijo que sí, que si algún cliente lo pedía, se lo vendían. Para el dueño del prostíbulo, las denunciantes se están vengando de él y de su familia por “envidia”, por no saber agradecer la oportunidad que ellos les dieron en Argentina. “Nosotros las aceptamos por una cuestión de humanidad”, dijo ante la pregunta del fiscal sobre por qué las dominicanas se alojaban en el Dulcinea.

Sánchez también negó conocer a Fran. Según las denuncias, Fran, alias “El Tolete”, funciona en Dominicana como el captador y facilitador de mujeres para la red. Sánchez dijo que no lo conocía, pero el fiscal le recordó que lo tiene en el celular, entonces el olvido se conviertió en excusas y en una supuesta “amistad”. La amistad que sí reconoció Sánchez en su declaración fue la que lo une al policía Campos.

Iacovone dijo no tener nada que ver con “todo esto”. Que no sabe nada, que no conoce a nadie de los que están en la sala y que se está dando cuenta de que fue “víctima de un engaño”. Al terminar su declaración, su abogado defensor presentó el pedido formal para que pueda ausentarse de las audiencias siguientes por su “estado de depresión”. El tribunal concedió el beneficio.

En el cierre de la audiencia declararon dos mujeres dominicanas, pero su testimonio fue en privado a pedido del fiscal. Considera que su publicidad podían poner en riesgo el proceso. El juicio continuará mañana a partir de las 9 con una nueva ronda de testigos. Se espera que pueda comparecer una de las víctimas que aguarda un enlace desde Dominicana y otra que no se presentó hoy. Las audiencias se extenderán hasta el 7 de mayo.