El juicio por la causa Dulcinea entró en la recta final. El juez ordenó detener a Martha Argüello Billordo por sus dichos sobre el funcionamiento del prostíbulo. El viernes serán los alegatos.
Con la detención de una testigo acusada de falso testimonio, el debate oral y público por la causa Dulcinea entró en la recta final. En el banquillo hay ocho acusados de participar de una red de trata con fines de explotación sexual, que operaba entre República Dominicana y Mar del Plata. El viernes a partir de las 14 serán los alegatos, y continuarán, de ser necesario, el sábado. La sentencia está programada para el lunes 12 de mayo.
La audiencia del miércoles tuvo su pico de tensión cuando el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Roberto Falcone, ordenó detener a Martha Argüello Billordo. Consideró que su declaración bajo juramento como testigo estaba viciada de nulidad, por sus constantes mentiras.
Argüello Billordo es paraguaya de origen y llegó a Mar del Plata hace diez años. Al principio recaló en el prostíbulo Kabuky, y después de un tiempo pasó al Dulcinea, en San Salvador al 7200, epicentro de la causa que se ventila. Según declaró, ahí ella compartía cincuenta y cincuenta el dinero por las copas de los clientes, pero los pases eran el cien por ciento de ella. También dijo que Jorge Sánchez, dueño del lugar y sindicado como el líder de la red de trata, le ofreció vivienda en el Dulcinea. Ella aceptó. No pagaba alquiler, ni comida, ni luz, ni gas. Nada. La notable contradicción con el testimonio de otras mujeres que pasaron por el Dulcinea –incluso aquellas que declararon a favor de los imputados–llamó la atención del Tribunal. El juez Falcone, irónico, comparó al Dulcinea con “una caja de beneficencia”.
Luego de advertirle en reiteradas oportunidades y recordarle a Argüello Billordo que estaba bajo juramento, Falcone ordenó la detención y la formación de la causa. El abogado defensor de Jorge Sánchez, Julio Razona, pidió la palabra para aclarar que Argüello Billordo es la esposa desde 2006 del hijo menor de Sánchez, es decir la nuera del imputado y como tal –al ser familiar directo– está eximida de algunas particularidades dentro de las generales de la ley. Sin embargo, el Tribunal no aceptó el planteo y avanzó con la detención. Hoy este abogado acercó al Tribunal el certificado de matrimonio que comprueba el vínculo por lo que, según entiende él, la causa no debería prosperar.
Una testigo atemorizada
Una vez concluido el debate, en la sala del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata se discutió entre las partes la incorporación por lectura de la declaración de una de las víctimas de la red, realizada en la etapa de instrucción. La joven, de origen dominicano, no se presentó a declarar durante el proceso por temor a represalias sobre ella o su familia, aún en Dominicana. El Tribunal resolvió tomar como válidas las tres declaraciones anteriores.
Además resolvió dar como válidas las actuaciones de inteligencia llevadas adelante por personal de Gendarmería y Prefectura, mediante las cuales se pudo determinar el funcionamiento al interior del prostíbulo de cada uno de los imputados. Esta prueba había sido cuestionada por las defensas, pero el Tribunal no hizo lugar.
Desde el viernes, maratón de alegatos
A partir del viernes a las 14 comenzarán las rondas de alegatos. El primero será el del representante del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Pettigiani. Expondrá los argumentos de acusación para los imputados: Jorge Daniel Sánchez; su mujer, Orfelina Valdez Montero, y su hijo, Fernando Manuel Sánchez , omo responsables de la red de trata. Los tres están representados por el defensor Julio Razona. La red se completa con la participación indispensable de un policía: Claudio Marcelo Campos; el portero y patovica Ángel Hernández Cabral, y Carmela Concepción Colas, encargada del prostíbulo –dominicanos de origen.
Pettigiani deberá argumentar la imputación de Reinaldo Eugenio Iacovone, acusado de firmar los certificados de residencia de las víctimas como empleador, quien está representado por el defensor oficial Daniel Vázquez. En este caso particular, el fiscal explicó que durante el debate no se ha podido comprobar que el suministro de documentación migratoria haya sido realizado en coordinación con los tratantes, por lo que durante el alegato es probable que sea eximido del delito de trata, pero acusado de facilitar documentación falsa.
La última imputada como parte de la red, también de origen dominicano, es Rosa Anyolina Adames Cruceta quien está representada por la defensora oficial Patricia Azzi. Vale recordar que otro de los imputados, el abogado Roberto Montecchia -acusado de ser parte del suministro de la documentación migratoria- no fue juzgado por cuestiones de salud, que el Tribunal deberá evaluar para llevarlo a juicio más adelante.
Una vez concluido el extenso alegato acusatorio, será el turno de las defensas. Se prevé que la ronda de alegatos se extienda hasta el sábado con la finalidad de concluir el proceso y dictar sentencia el lunes. Los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Eduardo Pablo Jiménez serán los responsables de hacer justicia.