Infojus Noticias

No sabía qué regalarle a su padre para Navidad: no tenía un peso. Como era un chico en una casa de grandes sintió la obligación de hacer un obsequio. Debía pensar en algo. Ansioso, después de la cena y el brindis, fue al pino de navidad y tomó una carta. Orgulloso, su padre, abrió el sobre y le devolvió el papel para que la leyera. “No, eso no puedo. Yo sé escribir pero no sé leer”, soltó el chico y todos los invitados estallaron en risas.

Risas que llegaron al edificio de Cancillería de Esmeralda 1216 cuando Gonzalo Roboledo, director general de Impresiones y Publicaciones Oficiales de Uruguay, empezó con esa historia personal su ponencia en el cuarto panel (“El Estado como garante del acceso a la información jurídica) del encuentro regional para el intercambio de buenas prácticas en materia de acceso a la justicia de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). “Así como mi hijo no pudo leer lo que me había escrito -dijo Roboledo- eso pasa con la justicia: si no hay una buena política de acceso a la información jurídica, la comunidad no puede ejercer sus derechos porque no los conoce ni los entiende”.

María Paula Pontoriero, directora nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (Fotos: Majo Malvares).

“La ley se presume conocida por toda la sociedad. Pero eso es una ficción legal. Lo que tiene que hacer el Estado es garantizar el acceso a la justicia para que sea una realidad y deje de ser una ficción”, aportó, en la misma sintonía, María Paula Pontoriero, directora nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (Infojus). Y agregó: “Se piensa que ni bien se publica una ley, la comunidad se anoticia de alguna manera y empieza a ejercer sus nuevos derechos o modificaciones”.

A su turno, Paulina Wilson Traub, de la Dirección de Gestión y Modernización del Ministerio de Justicia de Chile, enseñó cómo se está abordando el acceso de la justicia en su país. Recientemente estrenaron el Atlas de la Justicia, un portal web en que dan a conocer, región por región, información estadística judicial en conjunto con datos socioeconómicos. Lo hacen a través de mapas, gráficos y tablas de datos, todo de manera interactiva.

Durante toda la jornada, en las diferentes mesas, hubo una pregunta fundamental que se repitió: ¿cómo eliminar las barreras entre la sociedad y la información jurídica? Para ejemplificarlo, Pontoriero hizo un recorrido por la historia de nuestro país. “La Argentina, hace 30 años, fue uno de los primeros países de la región en tener una política de Estado que fomente el acceso de la comunidad a sus derechos. Pero luego llegó la década del ‘90. Y se frenó esa política. El Estado dejó de ser un defensor de conocimiento, un recopilador de información y esa función pasó a manos de actores privados: el servicio de información jurídica se aranceló”.

Esta modificación generó barreras que dificultaron el acceso a la información jurídica. Por un lado, una barrera económica y, por el otro, una atomización de la información, que se repartía en diferentes actores privados y dificultaba su recopilación.

A partir del 2011, un decreto presidencial de Cristina Fernández de Kirchner cambió el paradigma. Se instaló, continuó Pontoriero, una idea de justicia para todos: libre, gratuito, federal e integral. Se implementaron diferentes programas para facilitar y mejorar el acceso a la información jurídica. La creación de una agencia de noticias judiciales, la difusión de publicaciones gratuitas en papel y el armado de una red de centros de asistencia jurídica son claros ejemplos de este nuevo paradigma que busca eliminar todo tipo de barreras entre la información jurídica y la comunidad. “No basta con conocer las sentencias, fallos y derechos. Hace falta tener un equipo capacitado y especializado que pueda explicar los detalles técnicos a la comunidad”, cerró la directora de Infojus.