Lo decidió el Tribunal Oral Federal de San Juan, que condenó a 10 de los acusados a cumplir penas de entre dos y seis años de prisión, pero absolvió por el beneficio de la duda a otros cinco imputados. Habían prostituido a 57 mujeres. La causa empezó en 2012, cuando un juez ordenó el allanamiento de 16 prostíbulos en la capital provincial y en otras ciudades.
El Tribunal Oral Federal de San Juan (TOF) condenó hoy a penas de entre dos y seis años de prisión a la mayoría de los 17 miembros de una red de trata de personas con fines de explotación sexual que prostituyó a 57 mujeres -incluida una menor y varias extranjeras-. La causa se inició en abril de 2012, cuando el juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenó el allanamiento de 16 prostíbulos en la capital provincial y en las ciudades de Jáchal, Caucete y Sarmiento, donde se produjeron las detenciones y se rescató a unas 20 mujeres que eran prostituidas.
El fallo del tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Tucumán, Alejandro Pigna y Raúl Fourcade recogió en parte el argumento del fiscal general Francisco Maldonado y condenó a 12 de los acusados a cumplir penas de entre dos y seis años de prisión, pero absolvió por el beneficio de la duda a otros cinco imputados. Posteriormente, la investigación pudo determinar que la red de trata sanjuanina cometió ese delito sobre un total de 57 mujeres, entre las que se contaba a una menor y a varias extranjeras.
Hoy se conoció la sentencia que condenó a Rafael Marcó y Pamela Agüero a seis y cuatro años de prisión respectivamente, por ser quienes regenteaban de un local en el que se explotaba sexualmente a una menor de 17 años y a otras diez mujeres. Por el delito de trata en otro local, Cristóbal Valverde y Carlos Cáceres Montilla recibieron una pena de cinco años de prisión, mientras que Gabriela Gómez, Pablo Pereyra y Sergio Arredondo fueron condenados a cuatro años de prisión por los mismos motivos.
Además, el tribunal condenó a Mónica Pereyra y María Martin a tres años prisión en suspenso, lo mismo que a Carlos Carbajal y Patricia Pereyra, que recibieron la condena de dos años prisión en suspenso. Finalmente, los jueces otorgaron la absolución por el beneficio de la duda a Omar Lozano, Mimar Gómez, Patricia Pereyra, Damián Rojas y Jorge Valdez, éste último que actuaba llevando a las mujeres de un lugar a otro en un remís.
El caso, considerado como uno de los operativos más grandse contra la trata llevado a cabo, provocó además que el gobierno provincial impulsara y sancionara una ley que desde el 2013 prohibió todo tipo de comercios que se presten para la prostitución, como cabarets, casas de citas o whiskerías en el ámbito provincial.
Télam/RA