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Desde marzo de 2012, cuando concluyó su gestión Darío Vezzaro, la fiscalía general de Córdoba está vacante. La ejerce, interinamente, la fiscal general adjunta María Marta Cáceres de Bollati. Con la llegada de la feria judicial, la quietud en las causas abrió un escenario fértil en el poder político para pensar en los enroques necesarios y cubrir las sillas vacías. Según desliza –casi con certeza- el diario La Voz del Interior, Cáceres de Bollati sería propuesta por el gobernador Manuel De la Sota para integrar el Tribunal Superior de Justicia provincial. El pase se efectivizaría en febrero, cuando se jubile una de los supremos cordobeses, María Esther Cafure de Battistelli.

En la línea de sucesión natural del ministerio público de Córdoba, quedarían los fiscales adjuntos José Antonio Gómez Demmel y Liliana Alejandra Malvasio. Sin embargo, la danza de nombres en los que cavila el gobernador para reemplazarla como jefe de fiscales de la provincia mediterránea se desató con fuerza en los pasillos de los tribunales: al de Liliana Navarro, secretaria penal del juzgado federal N°1, que alguna vez sonó con fuerza, y el siempre vigente del ex secretario de Justicia de De la Sota, Héctor René David, se adicionaron dos: la fiscal de Cosquín, María Alejandra Hillman, y el fiscal de instrucción Alejandro Moyano, a quién lo tantearon informalmente hace un mes operadores delasotistas. Aunque por el momento no hay definiciones.

Los candidatos

El nombre de David siempre resurge cuando se juegan cargos de peso en el esquema de la justicia de la provincia. En 2003, De la Sota lo nombró secretario de Justicia cuando sólo tenía cuatro meses de abogado. Antes de terminar su segundo mandato, creó un cargo para él: defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia. El año pasado dejó el cargo y dos meses después asumió en otro: consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la provincia en representación del Poder Ejecutivo.

Quién alguna vez sonó con fuerza para el puesto es Liliana Navarro, secretaria del juzgado Federal N°1. “Es una persona muy ligada a (Julio) Piumato. Su ex marido está vinculado a delitos de lesa humanidad”, contó a Infojus Noticias una fuente. Se refiere al ex miembro del Comando Radioeléctrico de la policía de la provincia, Pedro Nolasco Bustos, condenado a prisión perpetua por el fusilamiento de tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en 1976. Sin embargo, el idilio entre Navarro y el gobernador se quebró cuando en una grabación oculta, la funcionaria admitió que De la Sota “trajo de Brasil empresas del narcotráfico que mueven mucha guita”, y que a través de mandaderos “operaba” a los jueces para que detuvieran el escándalo.

Los dos candidatos nuevos, por su parte, también generaron resquemores en algunos sectores. Un periodista policial ubica a Hillman, la fiscal de Cosquin, “muy cercana a la Departamental. Tiene roce político. Como muchos fiscales del interior tienen un poder mayor o igual a un legislador”. Hillman tiene a su cargo dos casos sugestivos de pibes “ahorcados” en comisarías del interior: el de Bryan Palomeque, en La Falda, y el de Jorge Daniel Reyna, en Capilla del Monte. Ambos tienen un hilo conductor: el comisario Juan Castro, que fue removido de La Falda a Capilla después de reprimir la protesta de los vecinos, enfurecidos por las muertes. Aún no hay ni un policía imputado.

Moyano, el cuarto nombre, también es mencionado como un funcionario que actúa con benevolencia hacia la policía. Su causa judicial más mediática es la de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, el “Rubio del Pasaje”. En ese expediente, a pesar de que la fuerza es firmemente acusada por la madre del joven y por testigos de haber participado en el hecho, nunca la apartó de la investigación.

Después de más de un año y medio de investigación, el 30 de octubre de 2013 -tres días después de las elecciones legislativas-, Moyano ofreció una conferencia de prensa para explicar las primeras tres detenciones en la causa. El lugar que eligió Moyano para dirigirse a la prensa fue simbólico: la jefatura de la policía de Córdoba. Allí dijo que la muerte de Rivera Alegre había llegado luego de desatarse una “pelea emocional”. La definición descartaba una autoría material, y el propio funcionario se encargó de reafirmarlo: “Tenemos un enorme caudal probatorio. Está absolutamente descartada la participación policial en el hecho”.

Otras investigaciones

Moyano es un fiscal de carrera que ingresó por concurso público, y nunca se lo vinculó con ningún partido político. “Lo que se le critica es que no resuelve casos sensibles al poder político”, dice una fuente que tiene trato directo con él. Claudio Orosz –abogado de la familia Alegre y de causas por delitos de lesa humanidad- consultado por Radio Nacional, dijo que es “un fiscal que merece todo mi respeto”.

El cabo Rodrigo Gallardo, cuñado del ex jefe de policía Ramón Frías, mató en la cocina de la casa de su padre a un vecinito de 12 años. La causa judicial le tocó a Alberto Bringas. Gallardo puso un abogado –desconocido- los primeros quince días de pesquisa. Cuando cambió el turno, lo cambió repentinamente por Daniel Pérez Moreno, que era amigo del fiscal, y Bringas tuvo que apartarse. La causa recayó en el escritorio de Moyano. El fiscal cambió la carátula de homicidio doblemente agravado de “doloso”, a “culposo”, y lo excarceló. Y la elevó a juicio oral. Una de las pruebas vitales es una reconstrucción virtual, una pericia. “Técnicamente es impecable, pero la interpretación es forzosa. La bala le entra a 50 centímetros de la cabeza, de atrás para adelante, de abajo para arriba, y el fiscal dijo que el homicidio fue en un forcejeo para quitarle el arma al pibe”, dice una persona que siguió de muy cerca la causa.

También tuvo la causa de Marcelo Falo, el legislador que llegó a ser vocero del mandatario provincial, y emitió cheques sin fondos por sumas millonarias. Moyano terminó pidiendo el sobreseimiento del alfil delasotista argumentando que Falo no actuó con malicia.

Otra de las causas extrañas en las que entiende Moyano es la del insólito incendio de toda la edición del libro “La búsqueda”, del comisario Miguel Robles, en el archivo provincial de la Memoria de Córdoba. Dentro del archivo, el fuego avanzó con puntería: sólo se quemaron los ejemplares en los que Robles contaba cómo había investigado el asesinato de su padre por policías colegas durante la dictadura militar. “Había planillas de la Universidad que apuntaban a los policías federales que custodiaban el lugar”, contó un periodista policial de Córdoba.