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La causa por la explosión en Salta 2141 tuvo tres jueces en un año. El primero se declaró incompetente y el segundo fue recusado por la administración del edificio y por Litoral Gas. En tercer lugar llegó Irma Patricia del Sagrado Corazón Billota que, junto a la fiscal Graciela Argüelles, impulsó la investigación que hoy tiene once procesados. Todos enfrentan el delito de “estrago culposo agravado por las muertes” por la tragedia que derrumbó el edificio y mató a 22 personas. El expediente se encamina a juicio. Pero los familiares de las víctimas no están conformes con todo el proceso: sostienen que no están imputados todos los responsables de la empresa concesionaria de gas.

La causa está en la Cámara Penal de Apelaciones de Rosario que en mayo rechazó por "inadmisibles" los recursos presentados por 9 de los 11 procesados: el gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño, que trabajaron en el edificio y alcanzaron a escapar antes de la explosión. Y José Ayala, otro gasista que había realizado tareas semanas antes de la explosión. También están procesados la gerenta técnica de la empresa concesionaria, Viviana Leegstra; el jefe de inspectores, Claudio Tonucci; y tres inspectores: Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba. Y los responsables de la administradora Calvillo, encargada del consorcio: Mariela Calvillo, su mamá, Norma Bauer de Calvillo, y su marido, Carlos Repupilli.

A Billota y Argüelles las separan varios años, pero comparten un mismo perfil. “A las dos siempre las encontrás trabajando en los tribunales cuando ya la mayoría se fue”, explicó a Infojus Noticias una fuente que conoce el circuito judicial rosarino. “No son todas las responsabilidades iguales, pero todas fueron posibilitando que García sea el último eslabón de esa cadena de negligencias”, aseguró por entonces la fiscal a Infojus Noticias. En los días que siguieron a la tragedia, y mientras continuaba la búsqueda de los desaparecidos de entre los escombros, Argüelles recibió a los familiares de las víctimas. “Su despacho es de puertas abiertas”, dicen en los tribunales de Rosario.

En mayo pasado los procesamientos quedaron firmes. El abogado José Manuel Alcácer, que patrocina a algunas de las víctimas, aseguró que "más allá de ser una pequeña victoria, de alguna forma es un reconocimiento al trabajo de Argüelles”. Y remarcó: “Hizo un gran trabajo y se puso la causa encima".

Cadena de negligencias

Argüelles trabaja desde hace 22 años en la fiscalía. Le falta poco para jubilarse.  Se enteró de la explosión por el llamado de un policía a su celular de turno. La comunicación no se oía bien, pero antes de que se llegara a cortar ella escuchó la palabra “explosión”. Salió corriendo hacia el edificio de la calle Salta. Llegó en medio del caos de fuego, humo y escombros. Desde ese primer momento tiene a su cargo la investigación. Tras varios meses de trabajo, logró confirmar lo que fue su hipótesis inicial: que existió una cadena de negligencias previa al día de la explosión.

El primer juez que intervino fue Juan Carlos Curto, titular del juzgado en lo correccional penal N° 7, que estaba de turno. Curto ordenó la detención de García y Miño (a quien liberó a las 48 horas), tres allanamientos a las sedes de Litoral Gas y tomó declaraciones indagatorias, testimoniales e informativas. También ordenó el retiro de la válvula de gas del edificio para ser peritada.

Diez días después de la explosión, se apartó de la causa por cuestiones de competencia. La justicia correccional solo puede investigar delitos con penas hasta tres años. El “estrago doloso”, con agravantes, tiene una pena de hasta cinco años. El rumor de su alejamiento había estado presente desde el primer día y por eso no sorprendió su anuncio. Fue reemplazado por su colega del juzgado de Instrucción N° 9, Javier Beltramone. Su primera medida fue ordenar la liberación de García. Después ordenó varios allanamientos e imputó a tres inspectores de Litoral Gas y a los tres miembros de la administradora.

A dos meses de haberse hecho cargo de la investigación fue apartado de la causa. La Sala IV de la Cámara Penal de Apelaciones de Rosario aceptó las recusaciones que habían presentado las defensas de Litoral Gas y de la administradora. Argumentaron que Beltramone había hecho declaraciones en los medios.  Con dos votos contra uno consideraron que el magistrado no ofrecía “garantías de imparcialidad”.

Fue entonces cuando llegó el turno de Billota. Dueña de un perfil bajísimo y poco adepta a hacer declaraciones, es conocida por “hablar a través de sus fallos o resoluciones”, según una fuente que la conoce bien.  Así lo hizo en febrero, cuando dictó los procesamientos. Pocos días después se conoció la resolución de 414 carillas.

"No se trata de un injusto penal consistente en una conducta dolosa ejecutada por un único autor, sino de un delito culposo de comisión por omisión, agravado por el resultado mortal de más de una veintena de personas, y protagonizado por varias", explicó en el fallo. También argumentó que quienes actuaron en un primer momento, "con sus acciones y omisiones, prepararon el escenario propicio para que en un segundo momento intervinieran García y su ayudante". Y agregó que la explosión se produjo "por una cadena de negligencias, imprudencias, impericias, incumplimientos de reglamentos y deberes a su cargo y violaciones de los deberes de cuidado".

“Queremos que vayan presos los responsables”

Casi siete meses después de la explosión Bilotta le dio la razón a Argüelles. A una año de la mayor tragedia en la historia rosarina, la causa se encamina hacia el juicio. Los procesamientos no dejaron tranquilos a los familiares de las víctimas. “Nuestro abogado presentó un recurso de inconstitucionalidad porque planteó rever el tema de la investigación”, dijo a Infojus Noticias Eleonora López, hermana de Carlos, uno de los 22 fallecidos. “No estamos conformes. Queremos avanzar con las imputaciones. Quedan afuera los gerentes de Litoral Gas”, agregó.

“Nosotros con los procesamientos no estamos del todo contentos, nos hubiera gustado que estuvieran la gerencia comercial y las principales cabezas de la empresa. Está todo como un stand by en la Cámara”, dijo a Infojus Noticias Constanza Caterina, hermana de Florencia, la artista plástica de 27 años que falleció en la explosión. Y concluyó: “Queremos que vayan presos los responsables, que tengan prisión efectiva. Y lo que queremos es que a la empresa se le saque la concesión y que los de la administración también vayan presos porque son responsables. Negligencias e inoperancias llevaron a la explosión del edificio”.