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Con condenas de entre siete y un año de prisión en suspenso y una absolución culminó hoy el juicio contra ocho personas acusadas de formar parte de una red de trata con fines de explotación sexual entre República Dominicana y Mar del Plata. Además, el Tribunal ordenó decomisar los bienes de los principales imputados resultantes de la explotación de las mujeres cautivas.

De esta manera, Jorge Sánchez, acusado de ser el jefe de la red, fue condenado a siete años de prisión, mientras que su mujer, la dominicana, Orfelina Valdez Montero deberá cumplir la pena de cinco años. Para Fernando, el hijo de Sánchez, la pena a cumplir también es de cinco años. Por su parte, el ex efectivo de la Dirección de Drogas Ilícitas, Claudio Marcelo Campo, deberá purgar una pena de cuatro años y medio de prisión, a la vez que fue inhabilitado por el doble de tiempo. En el caso de los dominicanos Ángel Hernández y Carmela Concepción Colas –ambos acusados como participes secundarios– fueron condenados a tres años en suspenso.

Para Reinaldo Iacovone los jueces impusieron la pena de un año de prisión en suspenso como partícipe necesario del delito de presentación de documentación falsa, mientras que lo absolvieron de la imputación inicial que lo vinculaba a la red de trata. El argumento para esto fue que la propia Fiscalía, en su alegado, abandonó la hipótesis inicial y se volcó a que el delito cometido por este imputado fue por fuera de la estructura de la red.

El caso de Rosa Anyolina Adames Cruceta, para quien el fiscal Pettigiani pidió tres años en suspenso, resulta paradigmático. Es que el Tribunal hizo lugar al pedido de la defensora oficial Ana María Gil, que en su alegato pidió la absolución basándose en la no punibilidad de aquellas personas que son víctimas de trata, contemplada de en artículo 5 de la ley 26.364. La abogada explicó la necesidad de tener en cuenta la vulnerabilidad de Adames Cruceta por ser mujer, pobre y migrante, de su pasado como víctima de violencia, de haberse visto obligada a casarse con un hombre mayor que la golpeaba, de dos intentos de suicidio y la llegada a la prostitución como último recurso, ante la falta de alternativas de vida.

La situación de vulnerabilidad por ser mujer y migrante fue tomada por los jueces como atenuante para las otras dos mujeres dominicanas, que sí fueron condenadas por el tribunal –Valdez Montero y  Concepción Colas–. Por eso se entiende que la primera haya tenido menor pena que su marido, al ser acusada del mismo delito. En el caso de Colas, su pena a tres años en suspenso es menor a los cuatro de cumplimiento efectivo solicitados por la fiscalía. Concepción Colas tenía una doble imputación: autora del delito de trata para el caso de una víctima y partícipe secundaria para otras dos.

La audiencia de lectura de la sentencia se produjo hoy en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Eduardo Pablo Jiménez, por unanimidad fallaron en el primer juicio oral y público por este tipo de delitos cometidos en la ciudad balnearia. El fallo fue recibido con felicidad por parte de las organizaciones sociales que acompañaron a las mujeres dominicanas denunciantes, víctimas de la red. Por otro lado, el fiscal Pettigiani resaltó la importancia del fallo, más allá de las detenciones, en atacar a los bienes económicos que la red generó y que de no hacerlo podría facilitar que vuelva a ponerse en marcha.

De Dominicana a Mar del Plata

La red funcionaba como la mayoría de las mafias de este tipo. Un hombre de nombre Fran, apodado “El Tolete” –que no fue procesado porque no pudo ser localizado– era el contacto de la red en República Dominicana. Él era el contacto directo con Jorge Sánchez y Orfelina Valdez Montero, que captaban a las mujeres prometiéndoles un destino de trabajo digno en peluquerías y locales gastronómicos. Les sacaban el pasaje, pero les pedían un “seguro”: las víctimas dejaban las escrituras de las casas de sus familiares. Al menos tres mujeres —los casos ventilados en el juicio– fueron introducidas de este modo en la Argentina.

Al llegar al país, Jorge Sánchez las trasladaba a Mar del Plata y las alojaba en su casa con la excusa de que debían aguardar el trámite de la residencia. Sin embargo, eso nunca llegaba. Después de un par de semanas, las mujeres eran llevadas al Dulcinea, un prostíbulo de San Salvador al 7200, frente al Estadio Mundialista de Mar del Plata. Ahí eran obligadas a prostituirse bajo amenazas de muerte, mientras se ejercía un control sobre sus movimientos y penalidades económicas.

Durante el debate se comprobó que las mujeres del Dulcinea eran obligadas a prostituirse en el mismo lugar en el que vivían. Y que por esas habitaciones debían pagar, como también para la “seguridad” que brindaba la policía, representada por Campo. También se comprobó que del dinero por las copas las mujeres debían pagarle a Sánchez la mitad de lo que hacían en cada “pase”.

Una de las cosas que hacían los tratantes para no despertar sospechas en los familiares de las mujeres que quedaban en Dominicana era filmarlas. En una peluquería, en fiestas de Navidad o Año Nuevo. Esos videos eran enviados para demostrar que estaban bien. Pero no era lo único que mandaban. Cuando una de las víctimas logró escapar –su testimonio fue clave en esta causa– los tratantes advirtieron a su madre de que recibiría la cabeza de su hija en una bolsa si ella no retiraba la denuncia.