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Un grupo de hombres armados interrumpió la final de la liga mendocina de fútbol sala. Fue el 26 de diciembre mientras se enfrentaban los equipos Poliguay y San Martín de Porres. Durante el segundo tiempo, la banda entró con las caras cubiertas al polideportivo Poliguay en Guaymallén. Llevaban piedras y armas de fuego. Dispararon contra el público. Una de las balas mató a Gustavo Pelegrina, un jugador de fusal de 29 años que estaba en la tribuna mirando el partido. La principal hipótesis de la investigación es que la barra brava del club Atlético Argentino entró a la cancha para atacar a integrantes de la barra del Club Independiente Rivadavia.

Como resultado de la instrucción, la fiscal a cargo de la causa, Claudia Ríos Ortiz, ordenó una serie de allanamientos y detenciones. El martes pasado 14 personas fueron detenidas. Y ayer hubo otras dos detenciones, entre ellas la un chico de 15 años apodado “Tonga”. Los medios locales se concentraron de inmediato en él: el chico había publicado en su muro de Facebook varias fotos de él mismo con distintas armas de fuego, y también de varios de sus amigos.

“Está angustiado. Está adentro de una comisaría con la angustia propia de estar en esa situación. No está bien, no le gusta estar ahí”, contó a Infojus Noticias Javier López Maida, el defensor general de la Dirección de Niñez y Adolescencia (Dinaf) de la provincia de Mendoza. El joven es inimputable porque es menor de edad. Está detenido en la Comisaría del Menor. La fiscal Ríos Ortiz le tomó una declaración informativa en la que el chico negó haber integrado la banda que mató a Pelegrina.

El “Tonga” estuvo detenido en varias oportunidades, vinculado con delitos de robo y portación de armas y con otros homicidios. Su responsabilidad no está probada ya que no hubo causas penales.

En el sistema de protección de derechos de la infancia de la provincia de Mendoza están preocupados por su vida. “Tenemos que evitar que la condena social se convierta en una venganza privada”, afirmó Maida.

La Defensoría está interviniendo para garantizar el cumplimiento de derechos que pueden ser vulnerados en este tipo de causas. “Lo primero es el derecho a la vida de este chico, con la situación que hay en los barrios de enfrentamiento entre bandas, si no tomamos medidas va a surgir la venganza privada. La vida de estos chicos es lo primero que hay que proteger. Después se trata de que se internalice los riesgos en los que está colocando y que sus padres también lo internalicen”.

La Dinaf va a proponer que “el Tonga” ingrese en un sistema de protección. Se trata de hogares en los que al chico se le asigna un cuidador de manera permanente. “Lo peor que le puede pasar es volver a su barrio”, dice Maida. Y agrega: “Cuando surge la venganza privada no sabés de donde puede surgir la bala que lo mata. Al chico se le ponen cuidados personalizados. Vamos a proponer una medida excepcional que será controlada por un juez de familia que obra como juez de garantías”.

Al “Tonga” se le atribuye ser coautor del homicidio de Pelegrina. Al ser menor de edad es inimputable: por lo tanto, no está imputado ni hay una causa penal que pueda abrirse en su contra. Sin embargo, circula la condena social, en buena parte alimentada por los medios de comunicación.

Maida interviene regularmente en casos en que menores de edad son aprendidos por delitos por los que no se los procesa penalmente. Considera que hay que analizar el contexto: “En los barrios en los que surgen estas situaciones son familias que no tienen muchos recursos, con carencias. Hay bandas que se dedican a cometer hechos delictivos en un ámbito propicio para que un chico que tiene falta de referencias de adultos en su familia las encuentre en otros”.

Y agrega que “cuando hay cuestiones delictivas que involucran niños, siempre hay adultos” y “si las armas no se las da un adulto es difícil que las consiga, no hay robos de armamentos por parte de jóvenes, las armas no las consiguen los chicos por sí mismos”.

El defensor considera que es necesaria una reforma judicial. “Yo personalmente no estoy de acuerdo con la baja en la edad de imputabilidad, pero creo que necesitamos una ley de responsabilidad penal juvenil para que deje de estar en vigencia el decreto 22.278/80, firmado por la dictadura”. Este decreto se utiliza para mantener a menores detenidos, sin el debido proceso judicial. “En la provincia de Mendoza no hay chicos privados de la libertad que sean menores de 16 años –aclara-, pero en otras provincias hay chicos privados de libertad por jueces penales de menores”.