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El juicio por el homicidio de Atahualpa Martínez Vilnaya, ocurrido hace seis años, empezó hoy a las tres en punto en un tribunal de Viedma, Río Negro, con duras críticas de la familia a la investigación y duras acusaciones de uno de los imputados al papel que jugó la policía de esa provincia. “Todos ustedes saben quiénes son”, dijo Felipe Carrasco enfrente del tribunal conformado por Juan Bernardi, Eduardo Roumec y Rolando Gaitán. El fiscal de cámara será Fabricio Brogna López. Carrasco, que se sentó en el banquillo muy exaltado, se dirigió a los policías que custodiaban la sala, pero hablaba en un sentido más amplio: acusó a la policía de la provincia de haber “apretado” testigos y de haber manipulado la investigación para terminar con su captura. “Me vivieron a arrestar cuando estaba durmiendo, y saben que soy inocente”. También denunció hostigamiento y amenazas: “Me sacan fotos a mí y a mi familia”, afirmó.

El 15 de junio de 2008, Atahualpa salió a comer una pizza a un pub de la ciudad de Viedma con un amigo. En un momento fue al baño y nuca más se supo de él. Su cadáver apareció al día siguiente, en un descampado a 5 kilómetros, ejecutado por la espalda con una bala calibre 22. En la única puerta del boliche había dos patovicas y dos efectivos de la policía de Río Negro. Todos dijeron no haberse movido de sus puestos esa noche, pero ninguno lo vio salir.

Carrasco se refirió a Atahualpa como “el estudiante”, y negó estar implicado en su muerte. Sus compañeros de banquillo, Melisa Belén Fernández Barrientos y Carlos Morales Toledo –que eran pareja al momento de los hechos- también negaron su responsabilidad, pero prefirieron el silencio. Carrasco incluso dio nombres: mencionó al comisario Osvaldo Sosa -apartado de la investigación por la fiscal Daniela Zagari porque en plena recolección de pruebas dijo que el crimen estaba resuelto- y a un sargento de apellido Linares. “Arresten a todos ellos”, le dijo al jurado.

Cuando los jueces le preguntaron a qué se dedicaba, Carrasco respondió que tenía “un clandestino”. Los magistrados le pidieron detalles: “Tengo un clandestino donde vendo vino, cerveza, esas cosas, de las 12 de la madrugada hasta la mañana. Pero no va gente del barrio, van de todos lados”, explicó.

El miércoles será la segunda audiencia de un proceso que durará unos seis meses con 180 testigos. Esa segunda audiencia declararán cuatro testigos de identidad reservada. Julieta Vilnaya, madre de Atahualpa, esperó afuera del tribunal para no “convalidar un juicio que es una mentira, un circo”, dijo a Infojus Noticias. “Nosotros sabemos que la investigación está llena de irregularidades y falencias, y que no vamos a saber quiénes asesinaron a Ata, por qué y dónde. Por eso decidimos estar afuera, porque estar adentro sería avalar este circo, esta mentira”, concluyó.

Para Julieta y sus abogados, la investigación acumuló "5.000 fojas y ninguna prueba sólida". “Este juicio servirá para condenar a uno de los tres imputados, sobre los que no hay pruebas suficientes, que luego va a apelar y va a quedar en libertad”, presagia Julieta. Recién a mediados de 2012, Melisa Belén Fernández Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo fueron detenidos por el homicidio de Atahualpa. Fue un policía quien los involucró, al declarar que había visto a los tres imputados pasar delante del pub Miloca en la madrugada del crimen.

En un allanamiento en la casa de Felipe Carrasco la policía encontró la campera de Morales Toledo. Él mismo aceptó que era suya. Los resultados de las pericias demoraron cuatro años en decir que tenía sangre de Atahualpa. En la acusación, la fiscal Daniela Zagari apuntó a los tres como autores del único disparo contra Atahualpa. “Es un error grosero. Le imputa el crimen en calidad de autor a tres personas, cuando Atahualpa tenía un solo tiro”, dijo a esta agencia Verónica Heredia, abogada de la familia desde 2013 y representante de la Gremial de Abogados.

Julieta está convencida de que los detenidos saben lo que pasó, pero no fueron los ideólogos del crimen. “La mayoría de los testigos que están convocados se manejan por dichos de terceros, pero ninguno dice qué pasó en realidad”, advirtió la mamá de Atahualpa.

Para acercarse a la verdad, desde hace unos meses la madre ha pedido públicamente una comisión legislativa que revise la investigación, como pasó con el caso Candela. Dos diputados del Frente para La Victoria recogieron el pedido y presentaron un proyecto. El viernes pasado, Julieta y sus abogados se reunieron con el vicegobernador Ariel Rivero para interiorizarlo sobre el caso. El funcionario se comprometió a encontrarse con cada uno de los diputados para impulsarla.